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Tras varios llamados desde el Concejo de Bogotá y sectores como Camacol, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Ambiente ampliar el plazo para recepción de observaciones al Proyecto de Resolución sobre lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá.
Inicialmente, la cartera de Ambiente publicó los lineamientos el 3 de marzo y anunció que estará en consulta pública hasta el 14 de marzo, para que ciudadanos, comunidades y expertos envíen comentarios y propuestas.
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Sin embargo, el ente de control pidió una ampliación de 45 días hábiles, “considerando el impacto de esta normativa y la necesidad de otorgar un tiempo adicional para que los actores interesados puedan realizar un análisis técnico-jurídico riguroso y presentar observaciones que fortalezcan el proyecto”, argumentaron.
Asimismo, solicitaron información georreferenciada en formato Shapefile, “utilizada en el estudio técnico que sustenta la propuesta, con el fin de facilitar su evaluación detallada”.
Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado frente a estas solicitudes.
La polémica
El proyecto de resolución estipula limitantes para el uso del suelo en 39 municipios de Cundinamarca (incluido Bogotá) y 4 del Meta, es decir, en promedio, 581 mil hectáreas. Y su objetivo se concentra en varios ejes como: la protección de áreas de especial relevancia ambiental, que, según Minambiente, buscan garantizar la conservación de acuíferos, bosques andinos, subxerofitia y humedales, integrándolos en el ordenamiento territorial. También establecen la necesidad de definir la ronda hídrica del río Bogotá y limitar intervenciones en humedales solo si cuentan con su delimitación. Además, en zonas con alta amenaza de inundaciones o movimientos en masa, se priorizará la adaptación basada en ecosistemas.
Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán, manifestó su evidente molestia durante una rueda de prensa, reclamando al Ministerio de Ambiente por haber expedido el proyecto, dijo, sin haberlo construido con los gobiernos locales. “Esto viola la Ley. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, establece que ese proceso de determinantes ambientales, tiene que ejercerse en coordinación con los entes territoriales. No se trata que socialicen o nos informen, no. Tienen que construirlas teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio y a las autoridades locales”, sentenció.
Por ello, pidió retirar el proyecto y abrir “un proceso de diálogo”. En caso de que se expida, advirtió, acudirán a diferentes instancias judiciales a nivel administrativo e incluso, dijo, “no descartamos de tipo penal”.
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Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó en entrevista con Noticias Caracol, que “las puertas el Ministerio siempre estuvieron abiertas y como me voy a negar a una reunión. En 2024 hicimos tres asambleas públicas de la Sabana de Bogotá para hablar de estos lineamientos, 7 mesas técnicas donde siempre el Distrito fue invitado. Tengo las radicaciones de las cartas. Incluso delegaron funcionarios a esas mesas. Y el alcalde sabe. Yo facilité la reunión con el presidente. Entonces no entiendo ese tema”.
Y argumentó que el proyecto de resolución, “que debió hacer 30 años”, respeta las actuales disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y la Sabana. “Queda igual. No hay ningún cambio en eso. Eso sigue. No hay ningún impedimento. La resolución no se está metiendo con proyectos específicos, ni está cambiando los usos de suelo definidos en el POT. Habría que ver por qué el Distrito está haciendo ese análisis”.
Por ahora, se presume que el próximo 10 de marzo, la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada y el primer mandatario de Bogotá, se encuentren en una reunión extraordinaria para discutir estas diferencias y buscar salidas a buen término.
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Por Redacción Bogotá
