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El alcalde Carlos Fernando Galán, comunicó sus decisiones luego de que el Ministerio de Ambiente publicara los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, que estarán en consulta pública hasta el 14 de marzo.
Galán calificó el proyecto de resolución como “un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial”. Y aseguró que en una de las reuniones con el presidente, Gustavo Petro, a puerta cerrada, le hizo saber sobre la construcción de estos lineamientos al que, dijo, no habían sido convocados. “Ellos se comprometieron a hacerlo, pero nunca pasó y terminaron publicando para comentarios (...) No hay ningún respeto. Es una imposición”, dijo el primer mandatario de Bogotá.
Precisamente la evidente molestia del alcalde, parte de sus reclamos por el hecho de no haber construido el proyecto en coordinación con el gobierno local. “Esto viola la Ley. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, establece que ese proceso de determinantes ambientales, tiene que ejercerse en coordinación con los entes territoriales. No se trata que socialicen o nos informen, no. Tienen que construirlas teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio y a las autoridades locales”, sentenció.
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En conclusión, el alcalde Galán le solicitó al Ministerio de Ambiente retirar el proyecto y abrir “un proceso de diálogo”. En caso de que se expida, advirtió, acudirán a diferentes instancias judiciales a nivel administrativo e incluso, dijo, “no descartamos de tipo penal”. “Vamos a convocar a los gobernadores de Cundinamarca y Meta para que trabajemos articulados en exigirle a la Nación que nos tenga en cuenta en estas decisiones y no las imponga”, sentenció.
Galán mencionó posibles afectaciones
El primer mandatario, junto con la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco y Úrsula Ablanque, subsecretaria de Planeación Territorial en la Secretaría de Planeación, detallaron las posibles afectaciones que tendría la Sabana de Bogotá en caso de expedirse la Resolución.
Velasco mencionó que 120 mil viviendas quedarían en incertidumbre, donde familias ya hicieron proceso de preventa o adquisición. Asimismo, seis barrios que actualmente están en proceso de legalización en Bosa y Engativá. Por su parte, Ablanque calculó que “con esta ampliación de la cobertura del humedal, se afectarían 600 mil personas y proyectos de vivienda”. “Vamos a crear un sistema donde la ciudadanía pueda entrar y evaluar si quedó incorporada en un las zonas que serían humedal, afectando su derecho a la propiedad”, dijo Galán.
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Asimismo, el alcalde mencionó que quedarían “en el limbo” los ansiados proyectos de movilidad como “el Patio Taller de la Línea 1 del Metro y parte del trazado en la localidad de Kennedy; el Patio Taller de la Línea 2; el trazado de Soacha y la Av. Primera de Mayo de la Línea 3; toda la línea de la ALO; el Regiotram de Occidente, la troncal de la calle 13; la ampliación de la Av. Suba-Cota”, además de embalses, “que se volverían humedales” y las PTAR Canoas y Salitre”.
¿Qué responde el Gobierno Nacional?
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado en su cuenta de X, cuestionando el “¿cómo es posible que el alcalde vea como un ataque a Bogotá el que se cuide el agua de la sabana?”.
Horas antes, también había respondido al secretario de Integración Social, Roberto Ángulo. “La ciudad se queda sin agua. Si acabas la Sabana de Bogotá, si no se siembras la reserva Thomas Van der Hamen, sino la llevas hasta Chingaza, si no prohibes la minería en al cuenca alta del río Bogotá, sino traes la selva amazónica hasta la cordillera oriental en una franja importante, si no aprovechas las aguas lluvias, Bogotá se quedará sin agua”.
Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó en entrevista con Noticias Caracol, que “las puertas el Ministerio siempre estuvieron abiertas y como me voy a negar a una reunión. En 2024 hicimos tres asambleas públicas de la Sabana de Bogotá para hablar de estos lineamientos, 7 mesas técnicas donde siempre el Distrito fue invitado. Tengo las radicaciones de las cartas. Incluso delegaron funcionarios a esas mesas. Y el alcalde sabe. Yo facilité la reunión con el presidente. Entonces no entiendo ese tema”.
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El proyecto de resolución estipula limitantes para el uso del suelo en 35 municipios de Cundinamarca y 4 del Meta, es decir, en promedio, 580 mil hectáreas. Y su objetivo se concentra en varios ejes como: la protección de áreas de especial relevancia ambiental, que, según Minambiente, buscan garantizar la conservación de acuíferos, bosques andinos, subxerofitia y humedales, integrándolos en el ordenamiento territorial. También establecen la necesidad de definir la ronda hídrica del río Bogotá y limitar intervenciones en humedales solo si cuentan con su delimitación. Además, en zonas con alta amenaza de inundaciones o movimientos en masa, se priorizará la adaptación basada en ecosistemas.
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Por Redacción Bogotá
