Por cuenta de hechos de acoso o abuso sexual contra estudiantes, actualmente el Distrito adelanta investigaciones disciplinarias contra 224 profesores y funcionarios del sector educación. Para hacerle frente a esta problemática y aumentar las medidas de protección a menores, este miércoles se conoció que la administración le propuso a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) que, previo a la admisión de nuevos maestros, se efectúen pruebas psicológicas y psicotécnicas para determinar si pueden llegar a tener conductas de agresor contra los niños.
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La medida implicaría que, sumado a las pruebas de conocimiento, los candidatos sean sometidos a un examen psicológico. La propuesta se eleva ante la CNSC teniendo en cuenta que es la entidad encargada de expedir las listas de elegibles para los empleos docentes en Bogotá.
De acuerdo con la Secretaría de Educación, se trata de una estrategia pensada para garantizar la protección a los niños y en la búsqueda constante de que sean docentes solo los servidores con mejores calidades.
“Desde la Secretaría venimos trabajando de forma permanente en la garantía de los derechos de nuestros estudiantes, promoviendo su protección y buscando mitigar los posibles riesgos a los que se puedan ver expuestos. Por ello, enviamos una comunicación a la CNSC para que, conjuntamente con el Ministerio de Educación, se revise esta posibilidad para reducir el riesgo de vinculación de personal que pueda tener un perfil agresor contra los niños”, manifestó Carlos Reverón, secretario de Educación encargado.
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Según el funcionario, en este tipo de situaciones deben prevalecer los derechos de los niños. Indicó que adicionalmente se trabaja en temas de prevención y atención de casos de violencia sexual en el ámbito escolar. “Sumado a las investigaciones disciplinarias respectivas, implementamos un protocolo de atención para situaciones de presunta violencia sexual”, manifestó el secretario (e).
Cifras de la Secretaría, con corte a diciembre de 2018, señalan que hay 224 actuaciones disciplinaria por presunto acoso y abuso sexual. De estos, 48 fueron archivados; 13 están en etapa de indagación preliminar; 112 se encuentran en pruebas dentro de la etapa de investigación y en 19 ya hay fallos proferidos, de los cuales seis se están en segunda Instancia por apelación, 12 son condenatorios y uno es absolutorio.
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