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Bogotá sigue a la espera del decreto que regulará el consumo de estupefacientes en zonas públicas. Aunque la Corte Constitucional dejó la potestad de regalar este aspecto en los mandatarios locales y concejos municipales, la capital del país, a diferencia de Cali y Medellín, continúa sin una reglamentación clara. Un año después de asumir las riendas de la ciudad, aún se desconoce cuál es el plan del alcalde para mediar esta situación.
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Mientras tanto, desde el Concejo de Bogotá se han formulado varias alternativas para reglamentar este aspecto. Varias de ellas, propuestas por concejales del ala derecha del cabildo, buscan alejar los estupefacientes de los parques y zonas aledañas a colegios y universidades, con el fin de mitigar el impacto del consumo en la población más joven. Por otro lado, sin desconocer este derecho, otros concejales del ala más progresista abogaron por una solución en la cual se incluyeran las motivaciones y preocupaciones de los consumidores.
Sin embargo, ninguna iniciativa ha hecho el ruido suficiente para avanzar en su camino a convertirse en un proyecto de acuerdo. Recientemente, un nuevo intento en este sentido, liderado por el concejal Andrés Barrios, pasó el primer debate, en la Comisión de Gobierno, y se prepara para ser discutido en la plenaria. En dicho proyecto, el concejal sugiere que se realice una señalización clara en los perímetros y zonas donde no está permitido el consumo de sustancias psicoactivas, según lo establecido en el decreto 825 de 2019.
✅La Comisión de Gobierno del @ConcejoDeBogota acaba de aprobar en primer debate el proyecto de acuerdo de mi autoría con el que buscamos que el Distrito señalice las zonas que están restringidas para el consumo de sustancias psicoactivas, según lo establecido en el decreto 825… pic.twitter.com/ZXoc4v3oaJ
— Andrés Barrios Bernal (@ABarriosBernal) February 25, 2025
“Es muy satisfactorio este apoyo del Cabildo Distrital a este proyecto de mi autoría, que lo que busca es proteger a las familias bogotanas y garantizar una sana convivencia. En la capital del país necesitamos que los jíbaros salgan de los parques, plazoletas y entornos escolares de los cuales se han adueñado. La ciudad requiere zonas seguras y libres de drogas, así lo hemos manifestado en infinidad de ocasiones al Distrito”, dijo el concejal, autor del proyecto.
Bajo esta misma línea, Barrios agregó que tanto los ciudadanos como las autoridades deben poder identificar con claridad estos lugares establecidos, así como las posibles sanciones para los infractores, basándose en el decreto 825 de 2019. Asimismo, la instalación de esta señalización, según el proyecto, se realizaría de forma progresiva y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Distrito.
¿Cuál es el perímetro para la restricción según el Decreto 825 de 2019?
Se establece en doscientos (200) metros el perímetro circundante del área o lugares abiertos al público o zona del espacio público, en el que no se permitirá el consumo, porte, facilitamiento, distribución, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana. Los equipamientos (entornos) que comprenderán el perímetro circundante en el que operará la restricción, son:
Perspectivas
Según los proyectos radicados en el Concejo, este fenómeno no solo afecta la seguridad, sino que refuerza una cultura que lleva años germinando: la del consumo. Solo en 2024, la Policía hizo 476 capturas por tráfico y porte de estupefacientes e incautó 450 kilos de marihuana que, junto a la cocaína, es la que más se mueve en el mercado. Una encuesta de 2022 reveló que los menores encuentran fácil marihuana 20,5 %, popper (12 %) y cocaína (7,5 %).
Todos los proyectos coinciden en la restricción de consumo en parques públicos —en la capital hay 5.241 parques, 131 administrados por el IDRD—, colegios y transporte público, entre otros. Algunos definen la restricción 500 metros a la redonda.
Vladimir Torres lleva 20 años trabajando con habitantes de calle. Es creador y director del Diplomado de Reducción de Riesgos y daños de Sustancias Psicoactivas en Contextos Educativos, dirigido a adolescentes en etapa de escolaridad, y según él, la medida se arriesga a simplemente desplazar el consumo. Por su parte, Julián Quintero, sociólogo e investigador, piensa que el decreto que se expida debe tener en cuenta los espacios que la ciudad ha obtenido en estos años de incierta regulación.
“Llamamos a que los concejos o alcaldes regulen protegiendo los derechos de los niños y adolescentes, pero también reconociendo los derechos de las personas consumidoras. No es solo imponer 500 metros, porque más del 98 % de la ciudad quedaría con la restricción y eso sería una prohibición absoluta, en contra de la Constitución”.
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Por Redacción Bogotá
