Luego de los disturbios registrados el pasado martes 5 de mayo en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica, que dejaron graves afectaciones en la estación Calle 76, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana publicaron el cartel de los presuntos responsables de los desmanes.
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El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que los ataques contra la infraestructura del sistema no fueron aislados, sino que habrían sido “minuciosamente planeados” para atentar contra el transporte público. Gracias a las cámaras de seguridad de la Avenida Caracas, se lograron identificar tres perfiles clave: dos hombres, uno de ellos encapuchado, y una mujer con el rostro parcialmente cubierto, quienes fueron, de acuerdo con la entidad, registrados vandalizando buses y estaciones.
Las autoridades hicieron un llamado a la colaboración ciudadana para identificar y capturar a estos individuos. Se habilitó la línea 123 y la Línea Contra el Crimen (3143587212) para recibir información bajo reserva.
El alcalde Carlos Fernando Galán ha insistido en que estos actos no pueden quedar impunes, cuestionando la falta de incentivos para condenar de manera efectiva este tipo de ataques.
Seguridad desbordada: el desafío de proteger la infraestructura y al ciudadano al mismo tiempo
Más allá de la urgencia por capturar a quienes atentan contra la infraestructura, estos episodios de vandalismo ponen de relieve una problemática mayor: la capacidad de respuesta de las autoridades parece estar desbordada. Si bien la publicación del cartel demuestra un esfuerzo por judicializar los ataques a estaciones y buses, la realidad es que el sistema de transporte hoy demanda una atención multidimensional que no se logra cubrir en su totalidad.
Para el ciudadano, la sensación de desprotección es constante; mientras buena parte del pie de fuerza se concentra en contener disturbios o mitigar los actos vandálicos de turno, el usuario diario se siente a merced de una delincuencia común que opera en la cotidianidad del sistema. Así, retos operativos como la afectaciones que generan las jornadas de protesta social, hasta el hurto y el acoso, han superado los recursos actuales de seguridad, dejando a los pasajeros en un estado de exasperación ante un sistema que se sigue percibiendo vulnerable.
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