Una de las principales discusiones que tendrá este semestre el Concejo de Bogotá está relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuesto por Claudia López. Desde ya se han escuchado diversas voces a favor y en contra de algunos de los puntos que allí se incluyen, pero ¿qué es lo que establece este proyecto?
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En esencia, los planes de ordenamiento territorial son instrumentos que definen de qué forma crecerán los territorios en los próximos 12 años. Esto quiere decir que establece hacia dónde y como serán los municipios o ciudades en cuanto a construcción de nuevas viviendas, vías, protección de recursos naturales, actividades productivas, patrimonio y espacio público, lo que finalmente nos incumbe a todos, porque en resumen, nos indica qué va a pasar en nuestros barrios o las zonas por donde transitamos.
Esto lo reglamenta la Ley 388 de 1997, en la que se establece que los POT son instrumentos que se plantean en las entidades territoriales con más de 100.000 habitantes (como Bogotá, que tiene 7,1 millones de personas). En estos documentos se determinan acciones a largo y mediano plazo, así como sistemas de comunicación entre el área urbana y rural, la localización de equipamientos básicos y reglas urbanísticas, entre otras cosas.
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Como se deben armonizar tantos factores determinantes y variados para la ciudad, la definición de estos documentos se hace a partir de diagnósticos de las zonas de riesgo (inundaciones, deslizamientos), los lugares con déficit de transporte, colegios u hospitales, así como proyecciones de la población en 15 años o las necesidades de viviendas que se tendrá para el futuro.
Pero no es un documento basado únicamente en los datos y las necesidades, ya que finalmente queda en manos de los mandatarios decidir con sus equipos de planeación cuál es la ciudad que se proyecta. Esto se puede abordar desde diferentes puntos. Por ejemplo, en el marco urbanístico un mandatario puede decir que va a habilitar suelo urbano para construir nuevas viviendas o por el contrario, va a priorizar la renovación urbana, es decir la construcción de nuevos equipamientos y edificios de apartamentos en zonas donde predominan viviendas de una o dos plantas.
También está en sus manos definir qué zonas deben protegerse; dónde se permite la construcción de bares, cementerios y cárceles, o determinar si se habilita un mayor o menor espacio para la minería. Por otro lado, puede definir nuevos lineamientos urbanos relacionados a cuántos pisos se pueden construir en una zona o cuáles deben ser las compensaciones de los constructores por cada piso que levantan, en otras cosas.
Por esto, los POT no son una decisión netamente de una alcaldía. Primero, deben pasar por una concertación ambiental con la Secretaría de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR), mientras que a la par se deben habilitar los mecanismos para que la ciudadanía opine y haga sus propuestas. De allí pasa a los consejos territoriales de planeación (compuesto por diferentes organizaciones de la sociedad civil) que, en un mes, deben dar un concepto sobre el documento propuesto. Vale aclarar, este pronunciamiento no es vinculante, es decir que la administración tiene libertad de acoger o no las recomendaciones.
Por último, el proyecto debe llegar al Concejo. Allí, los cabildantes tendrán 90 días para decidir si aprueban o no el articulado, ya que, de no alcanzar a hacerlo en este plazo, la alcaldía podrá aprobar el proyecto tal y como se lo presentó por decreto.
La discusión que vienen en Bogotá es grande. El Distrito presenta un proyecto con 608 artículos y más de 2.000 páginas de soporte, que el Concejo deberá priorizar, pero, además, debatir en medio de un ambiente preelectoral que sin duda va a influir en el proyecto. Por lo pronto, está claro que temas como la participación ciudadana en la estructuración del documento, los planes alrededor del río Tunjuelo y la priorización de la renovación sobre la expansión urbana van a generar grandes discusiones en los próximos tres meses.
