Columnas de cemento que nada sostienen, un camino interrumpido por bases de hierro y materiales de construcción dispersos son parte del paisaje del humedal Juan Amarillo (o Tibabuyes) de Bogotá, donde está frenada la construcción de un puente por un lío jurídico, que se suma al historial de problemas detrás de esta obra, puesta en ejecución en la alcaldía de Enrique Peñalosa.
Son dos demandas las que mantienen el choque entre la Empresa de Acueducto de Bogotá (contratante) y el consorcio Obras Juan Amarillo, por el Contrato 1-01-25100-0648-2018, que se celebró para construir un puente de cemento entre el borde suroriental (Ciudadela Colsubsidio) y los barrios Santa Cecilia y Lisboa.
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La primera demanda la radicó el contratista, porque desde el inicio del proyecto hubo problemas con los diseños que le entregó el Acueducto. Según Javier Mayorga, abogado del equipo jurídico del consorcio, no correspondían a la realidad del terreno. El defensor señaló que intentaron apropiar los diseños, pero descubrieron que no había relación con el espacio en el que se iba a desarrollar la obra. “Por ejemplo, señalaba puntos donde poner los pilotes, pero ahí no se podía”, contó.
Vale aclarar que este humedal, al ser un área protegida desde 1994, tiene espacios específicos donde se pueden hacer intervenciones (sin impacto ambiental) y otras en las que está prohibido construir. Sin embargo, el abogado afirmó que en los diseños había instrucciones de ejecutar obra donde no se podía. Cuando el consorcio se dio cuenta del problema intentó infructuosamente negociar con el Acueducto. Incluso, presentaron un rediseño, que alega Mayorga no se lo pagaron, para continuar con los trabajos como era debido, pero el Acueducto lo rechazó y decidió no continuar trabajando con ellos.
Esta negociación, dijo el abogado, la pidieron después de que la Secretaría de Ambiente sellara la obra en 2020 por problemas en la planeación. No obstante, al ver que no fue posible, demandaron. No solo por los líos con los diseños, sino porque el Acueducto tampoco quiso hacer una adición presupuestal a la obra, ya que, según el consorcio, la construcción del puente costaba más de lo que se había acordado.
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Aunque supuestamente la empresa les pidió inicialmente que empezaran la construcción y luego revisaban esas adiciones, esto nunca pasó. Tras la demanda, el Acueducto prefirió contratar otro consorcio y pagarle $14.000 millones que autorizar los $7.000 millones, que era lo que pedía el contratista original.
El Acueducto demanda
La versión del Acueducto es otra. Unas semanas después de que el contratista interpusiera la demanda, la empresa de servicios públicos radicó una en contra de los constructores por abandonar la obra. Según la empresa, se suscribió el contrato en 2018 para hacer el puente, se empezó a ejecutar en 2019 y finalizó en 2021, porque el contratista no cumplió con el alcance estimado y la dejó en un 70 % de avance. “Decidimos hacer los trámites por incumplimiento e iniciar también los temas legales de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, contó el Acueducto.
“Paralelamente, la empresa inició el proceso de selección para completar las obras que quedaron pendientes, y así se celebró el Contrato 1203 de 2022, y se le dio comienzo el 3 de noviembre de este año. Dicho contrato tiene dos alcances: uno, revisar las obras que dejó el contratista anterior y generar los diseños, que se adecuen a las obras, y luego terminar el proyecto y la construcción”, informó el Acueducto. Actualmente, el nuevo contratista está en proceso de revisión de los diseños que dejó el consorcio Obras Juan Amarillo, el cual debe terminar a finales de marzo, para retomar las obras en la primera semana de abril de 2023.
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“A Suba y Engativá no nos une un puente, sino un humedal”
Uno de los argumentos del exalcalde Enrique Peñalosa para la construcción de un puente peatonal elevado y con ciclorruta, atravesando el humedal Juan Amarillo, era la unión de dos localidades y la apropiación de la comunidad de este espacio. No obstante, para los habitantes de las zonas aledañas esta obra fue uno de los proyectos de Peñalosa que más ha impactado negativamente el medio ambiente de Bogotá, en especial el noroccidente de la capital.
Para Juan Tyba, miembro de la organización Somos Uno, de los barrios Ciudadela Colsubsidio y Cortijo, que vela por la protección ambiental del humedal desde hace años, lo único que les va a garantizar a los ciudadanos la apropiación por este ecosistema es ver a las especies que habitan en él, y esto solo se puede hacer si permanecen en un ambiente tranquilo.
“Ya hay políticas muy claras y unas normas específicas que dicen que al humedal se puede entrar a contemplar, caminar y hacer avistamiento sin necesidad de una infraestructura de movilidad, la que no está permitida”, compartió el líder comunitario.
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Para el Acueducto, otra razón para construir el puente es la gran cantidad de basura y escombros que sacan a diario de los humedales, ya que anualmente se recogen 160.000 toneladas de residuos de estos ecosistemas. Según la empresa, con obras como estas es menos probable que los ciudadanos tengan oportunidad de incurrir en estas infracciones.
Sin embargo, para Juan Tyba, está en juego el futuro del humedal más grande de Bogotá, y realmente la única invasión que está sufriendo la promueve el Acueducto. Incluso, la misma comunidad ha radicado una acción de cumplimiento, otra de nulidad en contra del permiso de ocupación de cauce de pasarela y querellas policivas, pero no reciben respuesta desde hace más de un año.
Esto sin mencionar las acciones que han hecho los habitantes de la localidad de Suba, quienes han interpuesto una tutela por el derecho a la comunidad muisca de consulta previa, otra querella policiva y una denuncia penal por falsificación de documento público, en el cambio de acotamiento del cauce. Además de las quejas y peticiones de control ante la Personería de Suba, Procuraduría y Contraloría de Bogotá.
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Ahora a los habitantes de Suba y Engativá solo les queda la esperanza de que el Gobierno Nacional intervenga en esta obra, teniendo en cuenta que la alcaldía de Claudia López le dio continuidad al contrato que dejó firmado y en ejecución la pasada administración. Así que los ciudadanos esperan que con ayuda del Ministerio del Medio Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, se pueda detener la construcción y evitar más impactos ambientales.
Incluso, la misma ministra le pidió a López en 2021, cuando era concejal de la capital, “no cometer una nueva tragedia en Bogotá” con la obra “ilegítima (del Juan Amarillo) que dejó la administración de Enrique Peñalosa”.
Por lo pronto, parece que el clamor de la comunidad sigue sin ser escuchado, el humedal soporta una construcción que quedó en el limbo por problemas jurídicos, el Distrito planea continuar la construcción y el Acueducto espera entregar la obra en julio de 2023.
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