Tras el lanzamiento de una granada ocurrido el pasado 22 de enero en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana activaron controles permanentes en el barrio Samper Mendoza, zona aledaña al punto del ataque, y reforzaron las acciones de vigilancia y control. Según las autoridades, las medidas buscan proteger a residentes y transeúntes, en medio de disputas entre bandas delincuenciales por el control de economías ilegales.
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De acuerdo con el secretario de Seguridad, César Restrepo, el ataque se produjo en el marco de enfrentamientos entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos conexos. “Delincuentes que luchan por el control de estas rentas se enfrentaron con una granada, causando la muerte de una persona y heridas a otros ciudadanos”, señaló.
Tras estos hechos, explicó el funcionario, se dispusieron controles permanentes en la zona, los cuales continúan vigentes. “A partir de ese momento, la Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana dispusieron controles permanentes en esa área para la protección de los ciudadanos que habitan en el barrio y los transeúntes. Esos controles se mantienen hasta el día de hoy”, afirmó.
Durante la última semana, según la Secretaría de Seguridad, se han registrado movilizaciones que buscan el levantamiento de los operativos y el retiro de la fuerza pública del sector. En ese contexto, las autoridades recibieron una alerta sobre la posible instrumentalización de niños y adolescentes a partir de este lunes.
“En el desarrollo de esas movilizaciones, hemos tenido alerta de que en el arranque de esta semana pueden ser conducidos menores de edad y niños a los corredores de la avenida Caracas y la calle 26, con miras a obstaculizar el tránsito”, indicó Restrepo.
Ante esta situación, la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Seguridad solicitaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la presencia permanente en el barrio Samper Mendoza desde las 6:00 a. m., con el objetivo de garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores que puedan ser puestos en riesgo en el espacio público. El secretario reiteró que los controles “no son negociables”, en la medida en que están orientados a la protección de la ciudadanía.
Finalmente, Restrepo hizo un llamado a otras entidades del orden nacional para reforzar la respuesta institucional frente a estas estructuras criminales. En particular, solicitó a la Sociedad de Activos Especiales iniciar la liberación de inmuebles ocupados por estas bandas, y a la Fiscalía General de la Nación acelerar las investigaciones para lograr la judicialización de los responsables de los hechos violentos.
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