El presunto abuso sexual contra dos perros de raza pitbull en el barrio Puerto Rico, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, encendió nuevamente las alarmas sobre el maltrato animal en Bogotá y la capacidad de las autoridades para responder de manera oportuna a este tipo de denuncias. El rescate fue adelantado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en articulación con el Grupo Ambiental de la Policía Metropolitana, tras alertas de la comunidad.
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De acuerdo con la información revelada por el Instituto, la intervención se produjo luego de que ciudadanos reportaran el caso a través de los canales habilitados para denunciar maltrato animal. Las autoridades llegaron hasta una vivienda del sector, donde realizaron la aprehensión de los dos caninos, quienes fueron valorados inicialmente y quedaron bajo custodia del IDPYBA mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.
El Instituto confirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que evalúa los elementos materiales probatorios para determinar si se configuraron delitos contra el bienestar animal y establecer la eventual responsabilidad del presunto implicado. Si bien no se conocen mayores detalles sobre los hechos puntuales, de prosperar el proceso, el expediente será remitido a un juez de la República.
Aunque el rescate permitió poner a salvo a los animales, preocupa la gravedad de las violencias que enfrentan animales de compañía en entornos domésticos, así como la necesidad de que las denuncias no se queden en alertas tardías. La actuación de la comunidad fue determinante para que las autoridades intervinieran, un patrón que se repite con frecuencia en este tipo de hechos.
Otro caso que evidencia los vacíos en la atención
El rescate en Rafael Uribe Uribe contrasta con lo ocurrido recientemente en un conjunto residencial del sur de Bogotá, donde una perra habría sido víctima de abuso sexual y fue sacada del lugar por el presunto responsable antes de que las autoridades lograran intervenir. En ese caso, denunciado inicialmente por un residente y documentado en un video, la respuesta institucional fue tardía y el animal continúa desaparecido.
Para organizaciones defensoras de los derechos de los animales, ambos episodios reflejan una realidad persistente: mientras algunos casos logran una intervención efectiva, otros quedan atrapados en vacíos de atención y en un marco legal que limita las sanciones penales.
Vale aclarar que en Colombia, el abuso sexual contra animales no es un delito autónomo, sino una agravante, una situación que actualmente se discute en el Congreso a través de un proyecto de ley que busca endurecer las penas y cerrar esas brechas.
Entre rescates que llegan a tiempo y denuncias que no logran evitar la fuga de los responsables, los casos vuelven a plantear una pregunta incómoda: hasta qué punto la protección animal en la ciudad depende más de la presión ciudadana que de una respuesta institucional estructural y sostenida.
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Por Redacción Bogotá
