En el cierre de las diligencias preliminares, Ricardo Rafael González Castro, segundo involucrado en la muerte del estudiante Jaime Moreno, no aceptó los cargos de homicidio agravado, imputado por la Fiscalía este lunes 10 de noviembre. De esa decisión dependía si el proceso continuaba hacia un juicio o si, por el contrario, el imputado accedía a una rebaja de pena por aceptación temprana de responsabilidad.
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La puerta a un extenso juicio está abierta. Durante la audiencia de imputación contra Ricardo Rafael González, segundo señalado en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, la Fiscalía expuso los hechos que, según su investigación, configuran un homicidio agravado cometido en coautoría.
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Así fue la narración de la Fiscalía
La fiscal relató que, la madrugada del 31 de octubre, González y Juan Carlos Suárez, capturado en flagrancia, actuaron de común acuerdo al agredir a la víctima en la calle 64 con carrera 15, tras un primer altercado. En esa segunda agresión —según la imputación— Suárez golpeó nuevamente a Moreno y luego González le propinó una patada en la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo, tras lo cual ambos continuaron atacándolo con patadas dirigidas a la cabeza y el tórax, incluso cuando el joven ya sangraba profusamente y estaba en estado de indefensión.
La Fiscalía sostuvo que González era consciente del acuerdo y de la letalidad de los golpes, especialmente al dirigirse a una zona vital como la cabeza, lo que derivó en múltiples fracturas craneales que causaron la muerte de Moreno.
Así sustentó la imputación por el delito de homicidio agravado doloso a título de coautor, al amparo de los artículos 103 y 104 del Código Penal, con agravante por haber colocado a la víctima en situación de indefensión.
La pena prevista oscila entre 400 y 600 meses (de 40 a 50 años) de prisión, con reconocimiento de una circunstancia de menor punibilidad por no tener antecedentes y otra de mayor punibilidad por actuar en coparticipación criminal. La fiscal también aclaró que, de aceptar cargos, esta pena podría bajar a 50 % de la pena.
Defensa de víctimas pidió más agravantes
Durante su intervención en la audiencia, el abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el penalista Francisco Bernate, pidió a la Fiscalía incluir circunstancias genéricas de mayor punibilidad que, a su juicio, no se reflejaron en la calificación jurídica del delito pese a estar implícitas en el relato de los hechos. Señaló que la agresión cometida por Ricardo González y Juan Carlos Suárez debe entenderse como un acto motivado por razones fútiles e intolerantes, pues “la vida de la víctima no tuvo ningún valor para sus agresores, que lo golpearon hasta causarle la muerte en plena vía pública”.
Bernate argumentó que el ataque se dio en medio de un episodio de intolerancia, en horas de la madrugada y “en un lugar de soledad”, lo que constituye además una circunstancia de ocultamiento. Añadió que, conforme al artículo 62 del Código Penal, esta agravante se comunica entre coautores, ya que uno de los implicados actuó con maniobras de ocultamiento.
Abogada de Ricardo González cuestionó la imputación
Durante la intervención de la defensa de Ricardo Rafael González, la abogada cuestionó la imputación presentada por la Fiscalía y pidió varias aclaraciones sobre los fundamentos fácticos y jurídicos del caso. Solicitó precisar si la circunstancia agravante correspondía a haber colocado a la víctima en estado de indefensión o a haberse aprovechado de ese estado, y si el hecho concreto que generó esa indefensión fue la patada en la espalda que dejó tendido a Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
La defensa también pidió claridad sobre el supuesto “acuerdo común o concomitante” entre los implicados, al considerar que la Fiscalía no explicó de manera suficiente en qué hechos basaba esa afirmación ni quiénes habrían alentado el ataque. Además, cuestionó las circunstancias de mayor punibilidad planteadas, como el ocultamiento, la superioridad numérica y los móviles de intolerancia.
Finalmente, la abogada criticó lo que llamó un “exceso en la imputación” por parte de la Fiscalía, advirtiendo que el proceso debía centrarse en una aplicación justa del derecho penal y no en lo que describió como un intento de “inflar cargos como acto de venganza”.
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Por Redacción Bogotá
