El edificio que durante décadas simbolizó el abandono del Hospital San Juan de Dios entró en una nueva encrucijada. Esta vez, el problema está en el contrato de $292.914 millones con el que el Gobierno Nacional busca recuperar su Torre Central. En menos de mes y medio, el proceso para adjudicar las obras tropezó una vez más y volvió a abrir con cambios en varias condiciones para competir: dejó un solo proponente habilitado y terminó bajo una solicitud de suspensión de la Procuraduría.
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La revisión de los documentos de las invitaciones públicas 016 y 024 de 2026 muestra que, entre un intento y otro, bajaron requisitos de experiencia, capacidad residual y rentabilidad financiera. El segundo proceso conservó el mismo objeto y presupuesto, mientras el consorcio que terminó primero mantuvo entre sus integrantes algunas empresas que participaron en el único grupo rechazado en la convocatoria anterior.
Los cambios, por sí solos, no prueban un favorecimiento. No obstante, si abren preguntas sobre las razones técnicas que llevaron a modificar las condiciones de una contratación que busca recuperar una de las piezas centrales del complejo hospitalario. La inquietud cobra mayor relevancia después de que la Procuraduría cuestionara la financiación, la evaluación y la igualdad entre participantes de la segunda convocatoria.
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Un proceso terminó y otro arrancó
La primera tentativa comenzó el 28 de abril. La Fiduciaria DaviBank publicó la Invitación Pública 016 de 2026 para contratar los estudios, diseños, ingeniería de detalle, reforzamiento estructural, modificación arquitectónica, ampliación y rehabilitación del Edificio Central, bajo el sistema de llave en mano. El presupuesto llegó a $292.914.398.255.
Al cierre, el 30 de junio, solamente se presentó el Consorcio San Charbel Hospital Materno, integrado por GESCH S.A.S., con 65 %; Gestión y Soluciones S.A.S., con 15 %; Prodelinc S.A.S., con 10 %, y Estudios y Diseños Fratelli, con otro 10 %. La evaluación estuvo a cargo de la fiduciaria en el componente jurídico y de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM) en los frentes técnico y financiero.
El consorcio cumplió la evaluación financiera, aunque no superó completamente los requisitos jurídicos y técnicos. El 9 de julio, el informe final recomendó declarar fallido el proceso y al día siguiente quedó formalizada la decisión. Ese mismo 10 de julio apareció la Invitación Pública 024, nuevamente por $292.914 millones y para contratar las mismas actividades sobre el Edificio Central.
La rapidez con la que comenzó el segundo intento adquiere relevancia al comparar sus condiciones con las que acababan de aplicarse.
Las condiciones que cambiaron
Una de las mayores diferencias está en la experiencia exigida. En la Invitación 016, los contratos aportados para acreditar experiencia en construcción debían sumar por lo menos 164.544 salarios mínimos mensuales. Para la 024, el requisito quedó en 100.000 salarios mínimos: una reducción cercana al 39 %.
Algo similar ocurrió con la experiencia en reforzamiento estructural. El primer proceso exigía acreditar un contrato que incluyera el reforzamiento integral de una edificación con un área superior a 4.000 metros cuadrados. En el segundo, el mínimo quedó en 2.500 metros cuadrados, 37,5 % menos.
También se ampliaron las posibilidades para demostrar experiencia en estudios y diseños. La primera convocatoria exigía antecedentes relacionados con hospitales, centros de salud, edificaciones para atención en salud o cuidado del adulto mayor. En la segunda se admitió experiencia en un universo más amplio de edificaciones institucionales, dentro del cual aparecen también inmuebles destinados a reclusión.
La flexibilización llegó al componente financiero. La rentabilidad mínima del patrimonio pasó de 0,05 a 0,02, mientras la rentabilidad del activo bajó de 0,02 a 0,01. La capacidad residual requerida para contratar también disminuyó, de unos $95.289 millones a cerca de $86.592 millones.
Otros requisitos conservaron sus umbrales, entre ellos los indicadores de liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses. La comparación documental muestra, además, modificaciones en las reglas utilizadas para calcular la capacidad financiera de estructuras plurales.
Este último punto coincide con uno de los interrogantes planteados ahora por el Ministerio Público. La Procuraduría señaló que en la Invitación 024 no encontró documentos que soportaran adecuadamente cómo se determinaron indicadores como liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo.
El organismo no ha señalado públicamente que su cuestionamiento sea consecuencia de los cambios frente a la Invitación 016. La comparación entre los documentos permite establecer, en todo caso, que algunos de los parámetros financieros que hoy están bajo revisión sí fueron modificados entre las dos convocatorias.
San Charbel quedó como único habilitado
El segundo intento logró inicialmente una mayor concurrencia. A la Invitación 024 llegaron tres grupos: el Consorcio San Charbel Hospitalario, la Unión Temporal San Juan de Dios 2026 y el Consorcio Alianza Hospitalaria 2026.
Al final de la evaluación, solo el primero quedó habilitado integralmente.
El nuevo Consorcio San Charbel Hospitalario tenía una composición diferente al participante de la convocatoria fallida, aunque conservaba integrantes de aquella estructura. Entre ellos aparecen GESCH —registrada con variaciones en su sigla en algunos documentos— y Estudios y Diseños Fratelli. Prodelinc también figura nominalmente en ambas estructuras, aunque en los documentos revisados aparecen denominaciones societarias diferentes.
El nuevo grupo incorporó además otras empresas y modificó las participaciones. Cotes & Cotes S.A.S. quedó como el integrante con mayor peso, con 45 %, mientras GESCH participó con 25 %.
Los otros dos competidores quedaron por fuera durante la evaluación. La Unión Temporal San Juan de Dios 2026 no logró acreditar todos los requerimientos técnicos después de las subsanaciones. Alianza Hospitalaria tuvo, entre otras dificultades, problemas con la garantía de seriedad presentada y tampoco superó completamente los requisitos financieros y técnicos.
Así, una convocatoria que comenzó con tres postulantes llegó a la etapa definitiva con uno solo habilitado. San Charbel Hospitalario presentó una oferta por aproximadamente $284.127 millones, unos $8.787 millones por debajo del presupuesto disponible, y obtuvo el primer lugar con 98,66 puntos.
La Procuraduría revisa de cerca el proceso
Nueve días después de que el comité evaluador recomendara aceptar la oferta, llegó una nueva alerta. La Procuraduría pidió suspender el proceso mientras se revisaban varias observaciones relacionadas con la estructuración y evaluación de la convocatoria.
Entre sus reparos aparecen la falta de claridad sobre los soportes de financiación, inconsistencias en la evaluación final, posibles problemas en materia de publicidad e igualdad y la ausencia de documentación que explique la determinación de varios indicadores financieros.
El pronunciamiento tampoco significa que el órgano de control haya probado corrupción, direccionamiento o pérdida de recursos. La solicitud busca que las observaciones sean atendidas antes de continuar comprometiendo los cerca de $293.000 millones previstos para las obras.
La financiación abre otro interrogante al comparar los dos procesos. Aunque el presupuesto total permaneció intacto, cambió la distribución entre los dos patrimonios autónomos encargados de respaldarlo. En la Invitación 016, alrededor de $117.774 millones correspondían al PA FC PAD Hospital San Juan de Dios y $175.140 millones al patrimonio asociado al contrato 057 de 2026. Para la 024, el primero pasó a aportar aproximadamente $130.240 millones y el segundo $162.674 millones.
En otras palabras, alrededor de $12.466 millones cambiaron de una fuente fiduciaria a otra entre dos convocatorias que mantuvieron el mismo presupuesto. La documentación revisada identifica ambas fuentes, aunque la alerta de la Procuraduría deja pendiente aclarar cuáles son los soportes que garantizan la disponibilidad completa de los recursos.
Una pieza clave
La controversia ocurre alrededor del edificio más reconocible de un complejo que lleva más de dos décadas tratando de regresar a la vida. El San Juan de Dios cerró en 2001 y sus 24 edificios fueron declarados monumentos nacionales. En los últimos años comenzó una nueva etapa de recuperación que permitió, entre otros avances, restaurar y abrir el edificio de Mantenimiento y poner en marcha intervenciones sobre otros inmuebles.
La Torre Central ocupa un lugar determinante en ese proyecto. La Junta de Conservación aprobó en marzo de 2025 su rehabilitación y restauración, con la perspectiva de que funcione como hospital de mediana y alta complejidad, con servicios de urgencias, trauma y especialidades médico-quirúrgicas. El Distrito votó en contra de aquella decisión y planteó inquietudes técnicas sobre el proyecto.
La transformación sanitaria proyectada para el sector tampoco termina en la Torre Central. En febrero de este año, el Ministerio de Cultura autorizó una modificación del Plan Especial de Manejo y Protección para permitir que el Instituto Nacional de Cancerología avance en la estructuración de una ampliación sobre predios del Hospital Materno Infantil, un proyecto perseguido durante cerca de dos décadas y justificado, entre otras razones, por el crecimiento esperado de los casos de cáncer.
El contrato bajo revisión es, por eso, una pieza de un proyecto urbano, sanitario y patrimonial mucho mayor.
Un hospital que también empezó a crecer por dentro
Mientras avanzaba la recuperación física, la nueva estructura institucional del San Juan de Dios comenzó a tomar forma. El Libro de la Verdad, elaborado durante el empalme del Gobierno Nacional de 2026, incluyó al hospital entre los asuntos examinados por su Equipo Élite Anticorrupción.
Según el documento, una auditoría encontró 39 funcionarios y una nómina cercana a $343 millones mensuales. El marco normativo contemplaba la posibilidad de vincular hasta 1.686 servidores públicos, situación que llevó al equipo a revisar la proporcionalidad entre el crecimiento de la planta y el nivel efectivo de operación de una institución que seguía en proceso de puesta en funcionamiento.
El caso fue trasladado a la Procuraduría y la Contraloría para que evaluaran, dentro de sus competencias, las actuaciones administrativas relacionadas con la conformación de esa planta. El documento no establece responsabilidades individuales ni vincula ese episodio con la contratación de las obras del Edificio Central.
El San Juan de Dios llega así a otra etapa decisiva de una recuperación que ha atravesado disputas políticas, patrimoniales, jurídicas y financieras. Durante años, el interrogante estuvo concentrado en cuándo podría volver a abrir sus puertas. El avance de las obras agregó ahora otras preguntas: cuánto terminará costando recuperarlo, cómo se administrarán esos recursos y bajo qué condiciones se escogerán las empresas encargadas de reconstruirlo.
La Torre Central sobrevivió al cierre del hospital y a más de dos décadas de deterioro. Su regreso depende ahora de una intervención cercana a los $293.000 millones. Antes de que empiece, las entidades responsables tendrán que explicar por qué cambiaron varias condiciones entre dos convocatorias consecutivas y responder las alertas que llevaron a la Procuraduría a pedir que la segunda quedara en suspenso.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
