María Angélica Ortiz, Ginna Paola Morales, Marleny Hernández y Ana Isabel Rojas fueron asesinadas por sus hijos en un lapso de cinco meses y en hechos aislados en Bogotá. Estas mujeres fueron atacadas en sus viviendas en hechos que son investigados por las autoridades judiciales.
A pesar de que los cuatro asesinos fueron capturados, solo un caso ha tenido avances considerables: el de Jhonier Leal, el homicida de Marleny, quien también acabó con la vida de su hermano Mauricio Leal, reconocido estilista. Los otros tres señalados se encuentran detenidos, pero sus procesos legales pareciera que van a tientas.
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De acuerdo con los informes policiales y los detalles de cada crimen, resulta llamativo para los investigadores que hay aspectos en común, como el tipo de arma usada, las condiciones en las que se perpetró la muerte y el tipo de relación emocional que tenían los señalados homicidas con sus víctimas.
Incluso, en el perfil de estos agresores hay similitudes que podrían haber previsto la acción delictiva, solo si en el país existieran políticas de salud mental acordes con las necesidades actuales. Así lo establece Zulma Argüelles, psicóloga egresada de la Universidad El Bosque y con posgrado de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en España. Aunque asegura que no se pueden generalizar ni relacionar las condiciones mentales con la comisión de ciertos delitos, existen alertas tempranas que revelan conductas violentas.
“En la mayoría de los estudios sobre casos de parricidio se habla de un historial de afectaciones en salud mental. Normalmente estos victimarios, que son en su gran mayoría hombres, tienen historiales de trastornos afectivos bipolares, esquizofrenia o, en la mayoría de los casos, rasgos de personalidad narcisista, asociales y que han tenido dificultades de empatía emocional”, señala la especialista.
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Para establecer un patrón de conducta entre estos cuatro homicidas se tendría que realizar un amplio estudio de análisis, pero lo conocido hasta ahora permite validar la teoría de los expertos. La forma en la que perpetraron los asesinatos demuestra características que terminan uniéndolos no solo entre sí, sino también con otros hechos similares en el país.
Los casos
La tarde del sábado 21 de agosto de 2021, María Angélica Ortiz (56 años) fue atacada con arma blanca por su hija Liliana Carolina Ortiz, en Bosa. La mujer agredida logró ser trasladada hasta un hospital, pero falleció en la reanimación. El crimen, dice la Policía, se perpetró en medio de una pelea, lo cual era frecuente entre la homicida y su víctima, quienes vivían juntas.
Luego de la captura de Ortiz, las autoridades lograron confirmar que tiene una condición mental relacionada con ansiedad y esquizofrenia, pues había protagonizado episodios similares.
Ginna Paola Morales (38 años) fue asesinada en Usme a manos de su hijo menor de edad el 17 de noviembre de 2021, luego de que esta le reclamara, presuntamente, por haber estado consumiendo alucinógenos. En esta ocasión, la riña (algo recurrente) terminó cuando el joven de 16 años atacó a su mamá con un cuchillo en el abdomen. El joven fue capturado en la escena del crimen y luego se confirmó que se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
Marleny Hernández (67 años) fue hallada sin vida y con una herida de arma blanca junto al cuerpo de su hijo, Mauricio Leal, el lunes 22 de noviembre de 2021 en La Calera. La investigación realizada permitió establecer que el crimen fue cometido por Jhonier Leal, su hijo, quien primero la mató a ella y después a su otro hijo, y además manipuló el lugar para que pareciera un suicidio. La hipótesis del doble asesinato se relaciona con temas económicos.
La cuarta víctima es Ana Isabel Rojas (58 años), en cuyo cuerpo se encontraron múltiples golpes propinados con un ladrillo por su hijo, luego de que este protagonizara una pelea en su vivienda en Bosa. Según las autoridades, los hechos de violencia intrafamiliar eran frecuentes y el sujeto, quien estaba borracho, tendría desorden mental y habría cometido agresiones previas.
Frente a estos hechos, Zulma Argüelles asegura que, además de las señales tempranas, hay situaciones que se suman al “combo emocional que carga una persona” y se trata de la configuración del núcleo familiar y las prácticas machistas. Si bien no todo aquel que crece en una familia disfuncional está propenso a cometer un crimen, hay quienes terminan marcados por hechos como la ausencia de la figura materna o paterna.
Explicar un parricidio, según Luis Fernando Vélez, abogado experto en política criminal de la Universidad Sergio Arboleda, no es tarea fácil porque estos están mediados por temas emocionales, relaciones interpersonales y hasta la seguridad, pero sí cree que terminan siendo prácticas que vinculan casi siempre perfiles similares.
“El primero es el factor individual, que está relacionado con las condiciones de los homicidas: son jóvenes en su mayoría, que tienen condiciones como esquizofrenia o distorsión de la realidad y están atravesados por temas como el abuso de licor o drogas o por situaciones violentas. El segundo factor es el familiar y social: en este país no hay inteligencia emocional, hay total desconexión con el otro y con los vínculos sociales. Cuando no tiene una relación sólida emocional con amigos o familia, no hay algo que impida una acción violenta. El tercer factor es la institucionalidad, pues en el país no se trata de forma adecuada una condición mental. Al que va al psicólogo le dicen que está loco. El problema se agranda cuando a una persona con cierta situación mental y que podría ser inimputable terminan mandándola a prisión y no a un espacio en donde se pueda tratar su enfermedad y reparar”, agrega el docente.
Si bien el homicidio por sí solo configura cierta indignación, el hecho de acabar con la vida de los progenitores ante la ley representa un agravante y ante la sociedad una aberración. Estos recientes hechos ponen de nuevo en evidencia las falencias en temas médicos para brindar confianza, soporte emocional y tratar enfermedades mentales que puedan terminar en prácticas violentas.
Según cifras de Medicina Legal, la violencia interpersonal dejó en el país 27.523 afectados en 2020 y 23.515 en 2021, índices que respaldan la teoría de Luis Fernando Vélez: “Colombia es un país violento por naturaleza y para reducir cualquier cifra de criminalidad se debe empezar a crear una inteligencia emocional que nos permita vivir en comunidad”.