Secretaría de Hacienda responde ante fallas de plataforma Bogdata

Así luce la plataforma actualmente.

Foto: Página Web SDH

Tras la publicación del artículo ‘Error 404: la plataforma Bogdata de Hacienda que costó $95.000 millones y no funciona’, escrito desde la sección Bogotá de El Espectador, la Secretaría Distrital de Hacienda compartió un comunicado refiriéndose a las fallas de la plataforma.

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Recordemos que cientos de ciudadanos han denunciado que no está funcionando y el único aviso que encuentran al ingresar a ella es “Error 404: no encontrado”.

Por ello, desde este medio le pusimos la lupa a esta página, creada en 2017, que ha estado en la mira tanto de la Contraloría como la Personería de Bogotá, por presuntos hallazgos administrativos y fiscales.

Este proyecto tenía una inversión inicial de $39.000 millones; sin embargo, terminó costando 95.000 millones de pesos y el contratista tenía un plazo de 24 meses para entregarla; no obstante, tardó cinco.

“Ahora, las pólizas del contrato que cubre estas demoras están próximas a vencerse, lo que dejaría a la Secretaría de Hacienda con multas y al contratista a cargo sin ninguna responsabilidad, ya que el Distrito no le ha interpuesto ni siquiera una sanción”, se lee en el artículo.

Frente a esto, la Secretaría Distrital de Hacienda contestó:

“El contrato 170351-0-2017, Unión Temporal Core Tributario, terminó el 30 de septiembre de 2022 y desde octubre con acompañamiento de la interventoría, se viene realizando el proceso de liquidación, donde se revisaron los servicios y productos contratados para tener un balance de lo entregado, lo pendiente y la calidad de los entregables”.

Desde la cartera afirman que conforme a la Ley 80 de 1993, han “respetado el debido proceso contractual y se encuentran dentro de los términos para ejercer las acciones legales más convenientes para los intereses del Distrito”.

Cabe señalar que, según el pronunciamiento, ya fue convocada una audiencia del proceso administrativo sancionatorio, que tiene como objetivo determinar el presunto incumplimiento del contrato y hacer exigible la cláusula penal pecuniaria, garantizando el debido proceso.

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