:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/CjlmtL60aeK9dzT2v3UT-yDWYTc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/SPKYS3JKJ5EA3EKDFA4JBH33CI.jpg)
A puerta cerrada se llevó a cabo la audiencia en la que este lunes se anunció el preacuerdo al que llegaron la Fiscalía e Ivonne Cheque, la psicóloga del colegio Gimnasio Castillo Campestre, donde Sergio Urrego fue discriminado por ser gay. Hace tres años, la institución le abrió un proceso disciplinario al estudiante porque supo de un beso que se dio con su novio, y lo obligó a contarle a sus padres sobre su orientación sexual y asistir a un psicólogo para poder volver a clases. El joven de 16 años se quitó la vida el 4 de agosto de 2014 en el centro comercial Titán Plaza, de Bogotá. La Fiscalía dice que su decisión fue producto de la persecución de la que fue víctima en la institución. (Lea aquí: Sergio Urrego, el nombre que limpió Alba Reyes)
Cheque aceptó los cargos de discriminación agravada y falsa denuncia contra persona determinada. Meses antes de su fallecimiento, los padres de la pareja de Urrego interpusieron una denuncia contra él porque supuestamente acosaba sexualmente a su hijo. Una acusación que se desvirtuó después de su muerte porque la relación sí era consensuada, y porque los denunciantes confesaron que las directivas del colegio los presionaron para presentar esa denuncia y complicar así la situación de Urrego en la institución. (Video: El mural que le dice a Sergio Urrego que su legado está vivo)
La decisión judicial de este lunes es trascendental porque se convierte en la segunda condena penal en el país por discriminación en razón de la orientación sexual, que es tipificada como delito desde 2011. Al terminar la audiencia, Alba Reyes, mamá de Sergio Urrego, aseguró a este diario que seguirá trabajando para limpiar el nombre de su hijo. “La cárcel no transforma corazones, pero la justicia servirá de ejemplo para ningún caso como el de Sergio vuelva a suceder”, añadió.
La psicóloga fue condenada a 35 meses de prisión y al pago de 8.49 salarios mínimos legales vigentes, gracias al preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, debido a los subrogados no pagará su sentencia en una cárcel ni será privada de su libertad. Esta es la segunda condena penal que se da por el suicidio de Sergio Urrego. La primera se produjo el pasado 1 de diciembre, cuando el Juzgado 39 Penal de Bogotá, con funciones de conocimiento, sentenció a la profesora y exveedora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez. La pena fue de 27 meses de prisión y una multa cercana a los $72 millones. La justicia determinó que era responsable de los delitos de discriminación y ocultamiento de elemento material probatorio. (Lea aquí: Primera condena por actos de discriminación contra Sergio Urrego)
Ramírez confesó que en el colegio, al conocerse del proceso penal, se dio la orden de desaparecer los archivos donde reposaban los llamados de atención y sanciones contra Urrego por su comportamiento en el plantel. “Se configuró el delito de discriminación, es clara la tipicidad, la culpa y la conducta por no permitírsele que desarrollara su personalidad de manera libre y la negación a una ayuda profesional por parte de un psicólogo”, anotó el fiscal hace ocho meses.
Además del proceso penal, en la jurisdicción administrativa cursa otro proceso por la muerte de Sergio Urrego. Alba Reyes, mamá del estudiante, interpuso el 20 de septiembre de 2016 una acción de reparación directa con la que busca que la Secretaría de Educación de Cundinamarca responda por no haber vigilado y detectado a tiempo que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre no contaba con los mecanismos para prevenir y atender el acoso escolar del que fue víctima el alumno de 16 años por parte de las directivas y docentes.
Al contestar esta demanda y para argumentar que no tenía responsabilidad, la Secretaría de Educación de Cundinamarca culpó a los papás de Urrego por su muerte. Sin embargo, al conocerse públicamente este concepto, la entidad se retractó y dijo que rectificará su posición en el proceso.
Por su parte, el 3 de agosto de 2015 la Corte Constitucional aseguró que Sergio sí fue discriminado por el colegio debido a su orientación sexual. Y que sabiendo que la relación entre los dos alumnos era consentida, la institución acogió la denuncia por acoso sexual y actuó como si fuera cierta. El alto tribunal ordenó al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencia de todos los colegios del país, con el fin de garantizar que respeten la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes.