Dilan Santiago Castro tenía dos años cuando lo asesinaron. Lo reportaron como desaparecido el 6 de febrero de 2024, causando conmoción en Bogotá. Y luego indignación, cuando lo encontraron sin vida cuatro días después, y se conoció cómo murió. Hoy, 19 meses después, la justicia sigue sin determinar quién lo mató y el abogado de la familia del niño ni siquiera conoce los avances de la investigación, siendo este otro ejemplo de cómo la justicia le falla a la niñez, a pesar de tener la obligación de priorizar estos delitos.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
En contexto: Dilan Castro: 137 días después, un crimen con más dudas que respuestas
Por eso, desde el Tolima, la abuela de Dilan, Blanca Aragón, dice sentirse abandonada por las autoridades y teme que el crimen de su nieto quede en el olvido y se imponga la impunidad. Así lo ha denunciado varias veces, incluso con plantones frente a los juzgados de Paloquemao. “Han cambiado el fiscal cuatro veces. Nos dijeron que están esperando unos resultados forenses, y eso ha demorado el proceso. ¿Cómo es que tienen una prueba reina como el ADN y no hay una orden de captura?”.
El caso
El proceso de Dilan comenzó con su desaparición en una finca en la zona rural de Usme, donde vivía con su madre. Luego de intensos días de búsqueda, en los que participaron la Policía, el Ejército, los bomberos y otras autoridades, el cuerpo lo hallaron a las 7:00 a.m. del 10 de febrero de 2024, en un cultivo de papa, a 30 minutos de su casa, en la vereda Curubital, de Usme. Esto generó interrogantes, pues la zona había sido inspeccionada previamente y sobrevolada con drones. Quien lo halló fue el hermano de su padrastro.
Una semana después se conocieron detalles. La entonces directora de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, confirmó que al niño lo asfixiaron hasta causarle la muerte. Además, según el dictamen de Medicina Legal, el cadáver fue movido varias veces para evitar que lo encontraran. Pero hubo un descubrimiento adicional que parecía marcar el rumbo de la investigación: en el pecho del niño había rastros de saliva. Las pruebas de ADN apuntaron a Faimer Restrepo Salazar, expadrastro del menor.
“No se encontraron más fluidos o huellas. El hermano de Faimer, quien lo encontró, nunca nos dijo que Dilan estaba muerto. Al primer fiscal le cuestionaba cómo era posible esa teoría de que él lo miró y la saliva cayó en el pecho, si el niño estaba bocabajo cuando lo encontraron. Son muchas sospechas para mí”, dice Aragón.
Sin copias de pruebas
Desde junio de 2024 el abogado Gerardo Sánchez asumió como representante de las víctimas. Desde entonces, dice, ha enviado cuatro derechos de petición a la Fiscalía para pedir las copias del proceso, pero no le han respondido. Lo único que pudo conocer fue la necropsia. “Este suscrito, a través de otros apoyos, determinamos que Dilan, probablemente, falleció entre 16 y 32 horas antes del momento del hallazgo. Para la fiscal actual hay que seguir investigando, porque no tienen elementos de convicción para descartar o incriminar directamente a alguien y el proceso sigue en reserva”.
Le puede interesar: Trabajo infantil y pobreza: motores silenciosos en la deserción escolar
Por esta razón este martes radicará una tutela para exigir acceso a los elementos probatorios y, de paso, que se avance en el proceso para descartar o confirmar la hipótesis que tienen las víctimas. “Nos responden que no han podido descartar a ninguno y, por tanto, no hay información”. Se sabe que la abuela Blanca Aragón y la madre del niño, Derly Julieth Rivas, siguen en la lista de sospechosos. Al único que han desvinculado es a Marlon Castro, padre del menor, tras comprobarse que el día de los hechos estaba trabajando cerca del Nevado del Ruiz.
No obstante, para Sánchez, tras una reconstrucción de los eventos, que se registraron en un lapso que abarca tres días antes de la desaparición y tres días después de la muerte del niño, a las mujeres las tendrían que descartar. Caso contrario con Faimer (quien encontró al niño) y su hermano Diego Fabián Restrepo Salazar (padrastro del niño), precisó.
Una justicia lenta
En 2022 se aprobó la Ley 2205, que prioriza los delitos contra niños, niñas y adolescentes, y ordenó a la Fiscalía crear la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Menores para que exista una actuación rápida con tiempos estipulados: 8 meses para la imputación de cargos que puede prorrogarse una sola vez por otros 6 meses. Si vencido el plazo no se ha formulado la imputación ni archivado la indagación, el fiscal será relevado y se designará otro en los 3 días hábiles siguientes. Ese nuevo fiscal tiene un término perentorio de 90 días para investigar la acusación y, finalmente 45 días para la audiencia y, el juicio. Todo en un plazo máximo de 2 años.
Esta ley, que ya existía en 10 países, se creó bajo un contexto en el que en promedio matan a 2,5 menores en Colombia cada día y donde la tasa de impunidad desde hace 15 años es del 97 %. Según datos abiertos de la Fiscalía, desde 2010 a la fecha hubo 30 indiciados en Bogotá por homicidio contra niños de 0 a 13 años. Sin embargo, solo dos llegaron a condena. Asimismo, según Medicina Legal, entre enero y julio de este año ya han sido asesinados 370 niños, niñas y adolescentes (57 más que en el mismo periodo de 2024) en su mayoría hombres (300). La mayoría de casos se registraron en Santiago de Cali y Bogotá.
Alejandro Ruiz Caicedo, especialista en derechos de la infancia y profesor de la Universidad Nacional, analiza que luego de una demanda y la orden del Consejo de Estado de crear la Unidad, la ley sigue sin cumplirse. “Tenemos reporte de que hay 27 unidades de justicia, pero el fiscal está básicamente solo y si necesita investigar un delito cometido contra niños, entonces le dice a los otros fiscales de otras unidades de investigación que le preste un cuerpo técnico de investigación judicial. Pero resulta que no hay de donde porque están llenos de trabajo (...) El Congreso debería hacerle un debate de control político a la Fiscalía”.
En el caso de Dilan, el abogado Sánchez señaló que el proceso no está en estas unidades especiales, sino en la Unidad de Vida. “Todavía no han dado respuesta si el proceso va a pasar allá. Esa es otra de las razones de la tutela”, aseguró Sánchez. Blanca Aragón recuerda que su “flaco”, como le decía a Dilan, era un niño muy cariñoso, amoroso y alegre. Recuerda cómo corría a abrirle la puerta cuando llegaba de trabajar. “Son recuerdos inolvidables”.
Conozca más: El costo que enfrentan a diario los bogotanos por el nuevo cierre en la calle 13
A esos momentos se aferra Aragón, para no perder la esperanza de que hallen al responsable de la muerte de su nieto y se asome la justicia de un Estado que aún le falta hacer mucho para proteger a los niños de la violencia.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por María Angélica García Puerto
