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Aunque todavía no ha sido adjudicado el contrato para construir un centro comercial que le cambiaría la cara a las manzanas 2 y 20 de San Victorino, desde el Concejo de Bogotá emitieron la que sería la primera alerta en torno al proceso de licitación.
El encargado de realizar la advertencia fue el cabildante José Cuesta, de la bancada de izquierda, del Pacto Histórico. Cuesta presentó ante el Concejo una solicitud formal para que la Procuraduría y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) intervengan en la revisión de los recursos públicos que han sido destinados a proyectos de renovación urbana, entre ellos el complejo comercial de San Victorino, cuya selección de constructor fue abierta recientemente.
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Si bien, el proyecto de San Victorino fue formulado hace más de 15 años, y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) ha adelantado actividades de socialización y procesos administrativos, Cuesta señaló que existen dudas legítimas sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a esta iniciativa y otras relacionadas con la transformación del centro histórico.
En ese orden de ideas, el concejal manifestó haber recibido informaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de este contrato, a cargo la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá - Renobo.
En ese orden de ideas, y a pesar de que la veeduría de este tipo de contratos reposa sobre entes de control distritales, Cuesta exigió la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Bajo esta misma línea, la información que habría recibido apunta a que el contrato contempla la cesión onerosa del 100% de los derechos fiduciarios del fideicomiso San Victorino, para permitir la vinculación de un fideicomitente privado encargado de planificar, financiar y ejecutar el proyecto.
El cabildante también expresó preocupación por la participación de un único proponente, hasta el momento, en el proceso de licitación. Se trata del consorcio San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista SAS – SAVICOMS, la cual —según afirmó Cuesta— ha tenido observaciones técnicas en las que se advierten presuntas inconsistencias en las proyecciones financieras en lo que sería la construcción y aprovechamiento del proyecto.
Las inconsistencias residen en el presunto incremento abrupto en los ingresos estimados por los arriendos del futuro complejo comercial, que pasarían de 7.101 millones en 2024 a más de 43 mil millones en 2025.
Pero, incluso, la parte más delicada de la denuncia, son unas capturas de pantalla de conversaciones vía chat, que el cabildante dice tener en su poder. En las mismas, advierte, se prueban supuestas presiones a RenoBo para firmar el contrato en las últimas semanas de diciembre, aprovechando la algarabía de las fiestas del fin de año y la poca atención que recibiría el movimiento en esta coyuntura.
De momento, RenoBo no ha hecho ninguna aclaración adicional sobre las denuncias de Cuesta, salvo las garantías de transparencia y eficiencia que dijeron defender en el momento que se dio apertura al proceso de concurso público para llevar a cabo el proyecto.
La renovación urbana del centro, un proceso largo y complejo
El avance de la renovación del centro de Bogotá es un tema histórico que ha estado presente en la agenda pública desde hace casi treinta años. Varias administraciones han intentado transformar una zona marcada por el desorden, el microtráfico y la inseguridad mediante proyectos urbanísticos de diversa índole. Entre estos, destaca el centro comercial de San Victorino, un componente clave del plan para dinamizar la actividad comercial formal de la zona.
Originalmente formulado en 2009 como parte del plan parcial del Gran San Victorino, este proyecto no ha podido ejecutarse en su totalidad. Si bien en 2012 se concretó parte de la iniciativa con la construcción de 310 unidades residenciales (el edificio Victoria), el componente del centro comercial fue objeto de una nueva resolución en 2015 que, aun así, avanzó lentamente durante años.
En 2022 fue necesario extender la vigencia de la resolución hasta agosto de 2026, coincidiendo con la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del centro histórico, con el fin de mantener la posibilidad de adelantar la obra pendiente.
La apertura reciente del proceso para elegir al constructor que edificará el centro comercial marca un avance importante, pero también expone desafíos que han acompañado al proyecto desde hace tiempo. El contrato incluye no solo la obra principal sino también compromisos de diseño y construcción en medio de un contexto urbano complejo.
Algunos observadores han señalado que sectores de franjas urbanas ocupadas por vendedores informales —adheridos a pactos de hace décadas— podrían complicar la intervención. Los comerciantes que ocupan parte de las áreas planeadas han expresado su inconformidad con el proyecto y, en algunos casos, rechazo al desalojo, lo que podría derivar en tensiones sociales.
Para mitigar esto y permitir el avance de las obras, las partes interesadas han discutido medidas en las que el propietario de los espacios ocupados —Instituto para la Economía Social (IPES)— tenga un rol directo en la reubicación de vendedores en el marco del contrato.
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Por Redacción Bogotá
