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La expansión de proyectos campestres en zonas rurales de alta sensibilidad ambiental vuelve a poner en tensión el equilibrio entre desarrollo inmobiliario y protección de los ecosistemas. En Cundinamarca, una de las regiones más golpeadas por este conflicto ha sido el Sumapaz, zona clave para asegurar el abastecimiento hídrico de la región y en donde las transformaciones del suelo y la apertura de vías internas han empezado a dejar huellas visibles sobre el paisaje y las fuentes de agua.
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Ese fue el escenario que motivó la suspensión de obras en un proyecto de vivienda campestre ubicado en la vereda Espinalito, en el municipio de Fusagasugá, al sur de la región del Sumapaz. Durante una inspección técnica se evidenció que las labores de terraceo y los movimientos de tierra alteraron el relieve natural del terreno, afectando tanto el suelo como la dinámica hídrica de la zona.
De acuerdo con los hallazgos, varias fuentes de agua que alimentan la cuenca de la quebrada Espinalito y el río Cuja fueron modificadas durante la ejecución de las obras. La afectación es de tal punto que algunas perdieron su curso natural como consecuencia de la adecuación de taludes y la apertura de vías internas, intervención que compromete su función ecológica y el equilibrio del ecosistema.
“La preocupación principal es el impacto directo sobre los recursos naturales para dar paso a las obras de urbanismo. En el área intervenida encontramos fuentes hídricas modificadas y otras que perdieron su curso natural, lo que afecta su funcionalidad”, explicó Érika Álvarez, directora regional de Sumapaz de la Corporación Autónoma Regiona, CAR, autoridad ambiental del departamento.
Además del daño ambiental, las autoridades advirtieron que este tipo de intervenciones, cuando no se ajustan a las determinantes ambientales, también pueden aumentar los riesgos para el territorio, al debilitar la estabilidad del suelo y afectar la seguridad de las comunidades aledañas, particularmente en escenarios invernales.
La medida preventiva incluye la suspensión de actividades de construcción y explotación mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.
El caso evidencia la dimensión de las afectaciones ambientales que se siguen produciendo cuando proyectos urbanísticos avanzan sobre ecosistemas sensibles, priorizando su ejecución por encima de la protección del agua y de la normativa ambiental en general.
Por otro lado, los hallazgos acentúan el debate sobre el control efectivo a proyectos urbanísticos en zonas rurales y la necesidad de que las licencias y autorizaciones ambientales no se queden en el papel, especialmente en territorios fundamentales para el abastecimiento de agua en un contexto marcado por la urgente protección de afluentes, cuencas, páramos y ríos.
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