Bogotá gestiona un acuerdo con la Nación, para electrificar parte del transporte público hacia Soacha, pero este convenio sigue en el aire. Si bien, recientemente el alcalde Carlos Fernando Galán le pidió al gobierno celeridad en la decisión, teniendo en cuenta que el Distrito cumplió todos los requisitos, otra cosa piensan en la Casa de Nariño. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, desmintió al alcalde Galán y dijo que le faltan algunas exigencias para avanzar, en especial, los relacionados con la conformación de la junta directiva de Transmilenio (TM).
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¿Qué busca la Nación? Según explica la gerencia de TM, el Gobierno busca tener participación mayoritaria en el órgano directivo de la empresa, lo cual no es bien visto por la administración. Y, en efecto, al poner cerca del 65 % de los recursos, la Nación quiere asegurarse una silla en la mesa directa para tener voz y voto en las decisiones de la empresa, que maneja el sistema integrado de transporte público en Bogotá.
Aunque la gerencia no discrepa en lo de los recursos, la idea de que la participación de la Nación sea mayoritaria le resulta excesiva, por lo que abogan por una solución intermedia, en las mesas de trabajo que se están llevando a cabo desde noviembre. En ellas, el Distrito muestra su lado más conciliador, en medio de una disputa pronunciada por aspectos urbanos, en los que Gustavo Petro y Galán son antagonistas.
No obstante, vale señalar que, en el asunto del transporte, las posturas parecen más cercanas, pues la idea de la capital de seguir adquiriendo buses eléctricos para reemplazar la flota del sistema va en consonancia con la idea del Gobierno Petro de electrificar los sistemas públicos del país, como lo consignó en el artículo 172 del Plan Nacional de Desarrollo, en el que incluyó como objetivo prioritario la formulación de convenios de cofinanciación, vía vigencias futuras, para adquirir flotas eléctricas que suplan la necesidad de 4.224 buses en las principales ciudades del país.
En provecho de ese mecanismo, Bogotá fue la primera en radicar formalmente la solicitud de cofinanciación al Ministerio de Transporte, para adquirir 269 buses eléctricos, que serían destinados a las fases II y III de Transmilenio, los cuales ampliarán la capacidad de la troncal a Soacha. Según cálculos de la Agencia Férrea Nacional, el proyecto estaría listo para comenzar a operar entre diciembre de 2025 y enero del próximo año. De ahí que la urgencia de cerrar este pacto Nación-Distrito resulte fundamental para el funcionamiento de esta extensión y la reducción de la presión sobre las capacidades actuales del sistema.
La nueva propuesta
Al Distrito no le resulta descabellado que la Nación quiera ampliar su participación en la toma de decisiones de TM, sobre todo después de desembolsar $1,3 billones, con los cuales, no solo se comprarían los buses, sino la infraestructura de recarga y demás requerimientos técnicos para ponerlos a rodar. Al respecto, María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, le explicó a El Espectador en qué consiste la nueva propuesta del Distrito para zanjar este asunto.
La funcionaria mencionó la posibilidad de crear un nuevo puesto en la mesa directiva, el cual actuaría de manera independiente, pero debería ser elegido de forma unánime por el Distrito y el Gobierno Nacional. De hecho, en la última mesa de trabajo se dialogó sobre la propuesta.
Por otro lado, la idea del Distrito incluye la revisión de las vigencias futuras presentes en algunos convenios de cofinanciación ya firmados con la Nación, entre los que están la construcción de la ampliación de la calle 13, valorada en $2,3 billones, y recursos para el metro de Bogotá (cuyas vigencias futuras ya fueron aplazadas por el Gobierno nacional).
En ese orden de ideas, el gabinete de Galán propone reprogramar esas vigencias, con el fin de que el dinero para la electrificación de la troncal sea la prioridad. “Como se sabe públicamente, el Gobierno Nacional está enfrentando una grave crisis. Es decir, ellos en este momento no tienen recursos para pagar los compromisos que tienen. Hemos discutido con ellos la alternativa para reprogramar las vigencias futuras de ese proyecto, de tal manera que no se afecte la ejecución de los proyectos y ellos tengan un alivio en las necesidades de caja, principalmente de este año y del próximo”, sentenció la gerente Ortiz. Ambas propuestas están a la espera de revisión del Ministerio y de la deliberación en las mesas de trabajo.
Así funcionaría la troncal
Al finiquitarse estos aspectos, se haría efectivo el prepliego de licitación para convocar a los concesionarios interesados en operar la flota en las fases II y III de Soacha. Vale la pena resaltar que esta ampliación permitirá a los habitantes del vecino municipio llegar en Transmilenio hasta los sectores de Compartir y San Nicolás, cercanos al Patio Taller El Vínculo. Con la ampliación se absorbería cerca del 70 % de los 150.000 viajes que, en promedio, se hacen desde Soacha a Bogotá, restando presión a otros medios de transporte, como buses intermunicipales, taxis y otras formas de transporte informal.
La gestión de esta nueva herramienta estaría a cargo del concesionario que gane la licitación. En esta oportunidad, contrario a lo que ocurrió con la adjudicación para operar el transmicable del Tunal, La Rolita (único operador con participación del Distrito, cuyo destino se discute en el Concejo de Bogotá) deberá participar como un oferente más y no tendrá la adjudicación directa. En Bogotá hay 24 operadores privados, que operan a través de 46 concesiones en el sistema troncal y zonal.
De ellos, La Rolita es el único que no tiene una concesión para una ruta troncal (de buses rojos), por lo cual, en caso de ganar el concurso público, esta sería su primera experiencia.
Bogotá tiene 10.572 buses y apenas 1.486 de ellos son totalmente eléctricos. En 2020, el Distrito hizo una inversión considerable para realizar esta compra y así se volvió el segundo país de Latinoamérica con la flota de buses eléctricos más abultada, después de Chile. Ahora, si el Distrito y el Gobierno concilian sus posturas, la capital sería la primera ciudad en acogerse al convenio de cofinanciación para electrificar su transporte y tendría la primera troncal 100 % libre de emisiones.
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