Hacia las once de la noche del jueves 19 de agosto, el Concejo de Bogotá dio luz verde al denominado ‘proyecto de Rescate Social y Económico’, mediante el cual el Distrito busca destinar recursos a población vulnerable, además de garantizar la operación de Transmilenio. Ambos rubros, afectados por el impacto del COVID-19 en la capital.
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No obstante, el debate fue extenso debido a las críticas de diversos concejales, quienes argumentaron que más que un rescate social, este proyecto fue un salvavidas para la operación de Transmilenio, sistema público de transporte operado por un privado que, mediante el aval de este proyecto, recibe $1,1 billones ( casi el 60 % de lo aprobado).
“Un rescate social debe ser eso, ‘social’, no dinero para seguir respondiendo a una lógica de chantaje y amenaza de los dueños de Transmilenio”, manifestó el concejal Diego Cancino (Alianza Verde).
En defensa del proyecto, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, manifestó que Transmilenio es un servicio esencial que necesita ser garantizado, y que su crisis financiera (la cual se estima en un déficit de $2 billones) se debe al impacto de la pandemia, la cual redujo sus ingresos en un 70 %.
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Además, Gómez explicó en Blu Radio que todos los sistemas de transporte público en el mundo son deficitarios, razón por la que el gobierno debe garantizar (mediante un aporte subsidiado) su operación, pues de lo contrario un significativo porcentaje de la movilidad en la ciudad se vería paralizada, y con ella la productividad, educación y demás esferas esenciales. Es por esto que recibe el calificativo de “esencial” y por el que muchos concejales decidieron votar a favor.
Sin embargo, queda el sinsabor de cómo está siendo financiado Transmilenio, especialmente en la repartición de la torta de responsabilidades entre gobierno y operadores privados, razón por la que el cabildo solicitó analizar los contratos, con la intención de que se identifiquen eventuales mejoras y se apliquen los ajustes a que haya lugar.