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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) emitió un pronunciamiento oficial en el que respaldó y celebró el reciente fallo de la Contraloría de Bogotá, el cual declaró la responsabilidad fiscal en primera instancia contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., antiguo operador de los cementerios Norte, Sur, Central y Serafín. La decisión del organismo de control fiscal determinó un detrimento patrimonial exacto de COP 7.512.777.525 en la ejecución del contrato de concesión 415 de 2021.
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La entidad enfatizó que, a lo largo del proceso investigativo, aportó de manera oportuna la totalidad de la documentación, información y soportes requeridos por las autoridades de control. Asimismo, la dirección de la entidad confirmó que se encuentra adelantando las actuaciones contractuales, administrativas y jurídicas necesarias para proceder con el cierre definitivo y la liquidación del anterior contrato con el operador sancionado, con el objetivo de asegurar la defensa de los intereses financieros del Distrito.
Lecciones institucionales y un nuevo esquema de control
El desfalco financiero que advierte la Contraloría, expuesto en el fallo 06 del 12 de mayo de 2026, detalló que Jardines de Luz y Paz desvió ingresos de la concesión hacia cuentas bancarias no autorizadas. El hallazgo más crítico determinó que el 37,57 % del recaudo total de los cementerios se cobró en efectivo directamente en las ventanillas de atención y nunca fue transferido a las cuentas fiduciarias oficiales estipuladas contractualmente.
Ante esta situación, la UAESP informó que las lecciones institucionales derivadas de las irregularidades del operador anterior fueron incorporadas estructuralmente en el nuevo modelo de concesión que ya opera en la ciudad. El nuevo esquema contractual contempla un incremento riguroso en los mecanismos de supervisión y trazabilidad financiera y operativa, eliminando las vulnerabilidades del recaudo.
El Distrito aseguró que el modelo actual fortalece las obligaciones de reporte de ingresos, garantiza un acceso permanente a la información contable para los organismos de control y robustece las herramientas de protección del patrimonio público, buscando blindar la continuidad y transparencia de los servicios funerarios distritales para la ciudadanía.
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Por Redacción Bogotá
