Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un millonario detrimento patrimonial superior a los COP7.512 millones en la administración de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín generó la declaración de responsabilidad fiscal en primera instancia contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S.
Los hallazgos, expuestos en el fallo 06 del 12 de mayo de 2026, vincula directamente al operador privado por graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos derivados de los servicios funerarios en la capital.
En contexto: Cementerios distritales: la crisis de abandono que hereda el nuevo operador
De acuerdo con la Contraloría, la investigación se centró en la ejecución del contrato de concesión 415 de 2021, suscrito originalmente entre el operador y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Advierte el expediente que el concesionario, encargado de la operación de los cuatro cementerios distritales de la capital, incumplió de forma sistemática sus obligaciones de centralizar y administrar correctamente el dinero recaudado, generando una afectación exacta al patrimonio de la ciudad por un valor de COP7.512.777.525.
Cuentas sin autorización y desvío de efectivo
Los hallazgos del proceso de control revelaron que una parte considerable de los ingresos de la concesión se desviaron de los canales financieros legalmente estipulados en el contrato. Específicamente, la investigación comprobó que el operador utilizó cuentas bancarias que no contaban con ninguna autorización para recibir millonarias sumas.
¿Y el recaudo?
El punto más crítico de la auditoría tiene que ver con que el 37,57 % del recaudo total de la concesión se realizó en efectivo directamente en las ventanillas de atención de los diferentes cementerios de la ciudad. Sin embargo, estos recursos nunca fueron trasladados a las cuentas fiduciarias oficiales que se habían definido contractualmente.
Daniel Camilo Castilla, director de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá, enfatizó la gravedad de la situación: “El manejo de los recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este fallo busca proteger el patrimonio de Bogotá y garantizar que los recursos de la ciudad sean administrados correctamente”, puntualizó.
Debido a la gravedad de las conductas detectadas y la naturaleza de las anomalías en el flujo de caja del consorcio, el dictamen también ordenó compulsar copias de todo lo actuado a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que el ente acusador penal inicie de inmediato las investigaciones correspondientes por los presuntos delitos que se evidencian en el manejo de los cuatro cementerios distritales: cementerio Central, cementerio distrital del sur, parque cementerio distrital Serafín y el cementerio distrital del norte.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
