12 Nov 2021 - 2:00 a. m.

Un motín, una fuga y una muerte: dudas sobre la seguridad en El Redentor

La muerte de un joven de 17 años pone las miradas de nuevo en la institución. Familiares de los internos dicen que se vive maltrato y represión. En El Redentor insisten en que trabajan por garantizar su estabilidad emocional y la resocialización.
Luz Romero
Luz Romero

De Robin Jéfferson Gutiérrez Romero solo dijeron que se cayó de un tejado, a unos 12 metros de altura, y murió. Sin mayor explicación, Dina Luz Romero tuvo que ir a Medicina Legal para confirmar que la víctima de lo que sería un intento de fuga en la Escuela de Formación Integral El Redentor, era su hijo, a quien pudo enterrar dos días después. Han pasado dos semanas desde su muerte y su caso sigue tipificado como “por establecer”, debido a que las heridas que presentaba el cuerpo sí podrían haber sido producto de la caída, pero dejaban abierta la posibilidad a una investigación más profunda para corroborar dicha versión.

Este es apenas uno de los tantos desenlaces fatales de los casi diez motines y fugas que se han presentado desde 2018 a la fecha en este centro de detención para menores de edad en conflicto con la ley, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. El día en que murió Robin, otros dos jóvenes resultaron heridos. Ellos hacían parte del grupo que protagonizó una fuga el pasado 31 de octubre, en la que 20 jóvenes lograron evadir a las autoridades y cinco fueron recapturados. Todos, dicen familiares y expertos, reflejan la reacción de los privados de la libertad por hallar una salida a la presunta represión en la institución.

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Vale resaltar que en denuncias oficiales no se ha vuelto a saber de agresiones hacia los menores de edad que están internos. La última fue en 2018, cuando se conoció la grabación de unos policías pisoteando y pateando a los jóvenes. Pese a esto, familiares de los recluidos en El Redentor aseguran que sí existen prácticas violentas que, de alguna u otra manera, “los llevan a querer volarse de allá”.

“Me llamaron el 31 de octubre en la noche y me dijeron que mi hijo se había muerto. Así no más. No me dejaron ir a ver de dónde cayó ni me dieron razón. Él (Robin) le había contado a la hermana que días atrás uno de los instructores le había pisado la cabeza. Incluso nos dijo, en una de las visitas que le hicimos, que supuestamente, cuando estos instructores querían verlos pelear, los llevaban al baño y allá les permitían agredirse. Tenía que dormir con un ojo abierto, porque vivía con mucho miedo”, dijo Dina Romero, quien ha emprendido un camino para encontrar la verdad en la muerte de su hijo menor de edad.

Si bien desde que entró en 2019 como operador el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), y ahora con el trabajo que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los motines y las fugas han disminuido de manera considerable (cuatro en 2018, tres en 2019, dos en 2020 y uno este año), pareciera que el esquema de seguridad y control del centro sigue teniendo falencias, pues la tenencia de armas blancas por los aprehendidos es uno de los fenómenos que siguen ocurriendo.

Según la directora del ICBF, Lina Arbeláez, El Redentor tiene actualmente 300 cupos para adolescentes que hayan tenido conflicto con la ley, pero allí se encuentra únicamente 168 privados de la libertad, hecho que demuestra que el hacinamiento no sería el problema de fondo que incite los intentos de fuga del centro de reclusión. “Tenemos 30 centros en todo el país. Todos tienen un control efectivo de los 8.600 jóvenes que están en el marco de la responsabilidad penal adolescente y de 4.218 que están privados de la libertad por orden judicial”, señaló.

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En relación con el día en el que murió Robin Gutiérrez, Arbeláez explicó que se dio el mejor manejo posible a la situación y, aunque había policías y uniformados del Esmad, estos nunca entraron y estaban a una cuadra del sitio, para contener a los jóvenes que ya habían salido de El Redentor. Aun así, 20 de ellos lograron darse a la fuga y hoy son buscados por las autoridades.

“El perímetro de El Redentor es grande. Habíamos radicado precisamente el jueves 26 de octubre ante la Policía una solicitud para tener un número mayor de hombres para custodiar el centro. Obviamente, estos son los últimos elementos. Nosotros tenemos especialistas que tratan de controlar el motín. Además, ese día estaban todas las personas que trabajan para el ICBF, para poder lograr un proceso de justicia restaurativa con los adolescentes que allí se encontraban”, contó.

El Redentor opera bajo un mecanismo de coordinadores, instructores y psicólogos, que son los encargados de controlar y garantizar la seguridad dentro del lugar. Aunque no funciona como penal convencional y solo hay presencia de policías en los alrededores, allí se tienen que cumplir horarios y normas que van direccionadas a la resocialización de estos jóvenes, que infringieron la ley o, como en algunos casos, son reincidentes.

Dina Romero, en parte, cree que la labor que allí se adelanta no está mal empleada e incluso el trabajo que estaba realizando su hijo sí se veía reflejado en el cambio de su comportamiento, pero en medio de ese panorama había prácticas que opacaban la operatividad del lugar. “Mi hijo ya había cumplido el primero de los cuatro años a los que fue sentenciado y sus calificaciones estaban demostrando que le iba bien. Por eso hablamos con el abogado, para que nos ayudara a sacarlo antes de tiempo, por lo menos para que estuviera en la casa”, relató la mamá de Robin.

Pero con la situación que se vive allá, agrega, no es posible que los jóvenes cambien del todo. “Robin estuvo primero en el centro de detención que queda sobre la carrera 30. Allá estaba bien, pero se le dañó la vida cuando lo llevaron a El Redentor. Él me decía: ‘mamá esto es muy diferente e inseguro’. Allá los maltrataban mucho”.

Diego Plazas, abogado y psicólogo especialista en derecho de familia, aclara que en Colombia no se busca castigar a los adolescentes por los delitos cometidos, sino brindarles apoyo social, psicológico, educativo y legal, para evitar la reincidencia y que a futuro puedan ser personas activas en la sociedad. “Los menores son juzgados por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) cuando son mayores de 14 y menores de 18 años”.

Y agregó: “Cabe mencionar que, dependiendo del delito, se emplea la medida correctiva y de responsabilidad acorde al mismo, cuya finalidad es la justicia restaurativa. Sin embargo, es momento de reevaluar las medidas sancionatorias contra los adolescentes que cometen delitos como homicidios. Si bien es cierto la justicia restaurativa es importante en estos casos, se podría complementar con justicia retributiva”, señala.

Plazas agrega que la comisión de delitos por menores de edad y adolescentes se debe a diversos factores tales como biológicos, psicológicos, microsociales (experiencias infantiles de violencia, falta de cuidados y atención en su niñez), macrosociales (aceptaciones sociales de la violencia, entornos violentos) y multidimensionales, lo que en otras palabras da cuenta de la importancia del entorno social directo del menor, pues es el que se encarga de moldear el pensamiento, la conducta y el aprendizaje del mismo.

A modo de solución, y como contribución al cambio de ese modelo de resocialización de jóvenes que se ven inmersos en hechos delictivos, Diego asegura que se debe empezar por la educación y la prevención, aspectos que, bien empleados, disminuirían la llegada de los menores de edad a los centros de privación de libertad y ayudarían a una construcción más estable de la forma en la que estos operan.

“Es importante comprender que debemos generar entornos adecuados, libres de violencia, en nuestros niños y adolescentes, empleando la educación como eje fundamental, en la aceptación de diversidad de ideologías y sobre todo el amor al prójimo y a uno mismo”, concluyó.

En la Escuela de Formación Integral El Redentor insisten en que el acompañamiento a los jóvenes que allí permanecen, día a día se va perfeccionando, en aras de garantizar su estabilidad emocional y promover una resocialización adecuada, y que en relación con el reciente caso están prestos a colaborar en la investigación que las autoridades deseen iniciar.

Pero, padres y madres de familia creen que detrás de cada uno de los intentos de fuga hay motivos que están relacionados con las pésimas condiciones del entorno en el que están, y muestra de ello es el caso de Robin, quien a sus 17 años murió, al parecer, intentando buscar una salida no solo para resarcir las acciones por las que fue sentenciado, sino para acabar con la represión que, dice su mamá, habría sufrido allí.

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