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Uriel Duque Pulgarín tiene 59 años, 40 de ellos habitando en la calle. La última vez que salió de su casa en Liborina (Antioquia) sabía que no volvería y no fue capaz de despedirse ni de su mamá. Hoy no tiene cama fija y, cuando alcanza a recolectar $5.000, alquila una pieza para dormir. Asegura que su oficio es ser “cachivachero” y su lugar de trabajo es el Parque Tercer Milenio, en Bogotá, donde empieza el relato que hizo en una tutela de 24 páginas, para denunciar que fue víctima de violencia policial. (Video: Cuatro capos de la salsa, entre las drogas y la adicción a la música)
El pasado 16 de julio, Duque presentó el recurso contra la Policía Metropolitana de Bogotá, para reclamar sus derechos a la libertad de locomoción, a la dignidad humana, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y al debido proceso. El juez 28 penal con función de conocimiento tendrá que decidir en los próximos días si le da o no la razón al hombre, que fue apoyado en este proceso judicial por las organizaciones Temblores ONG y Fundación Callejeros de la Misericordia. (Lea aquí: Aunque Distrito dice que hay menos habitantes de calle, ONG no le creen)
La historia se remonta a la mañana del 5 de junio de 2018, cuando dos uniformados motorizados llegaron hasta su negocio de cachivaches en el Parque Tercer Milenio, le solicitaron una requisa y lo obligaron a bajarse los pantalones en plena vía pública. “Al no encontrar nada, procedieron a solicitarme la cédula. Yo la entregué. Sin darme ninguna explicación, los agentes me informaron que me esposarían y que me conducirían al CAI. Para el momento, yo tenía $100.000 que me había girado mi madre y se los entregué a un amigo del parque porque en ocasiones anteriores la policía me ha robado el dinero que tengo conmigo al momento de requisas”, afirmó Duque.
Una vez en el CAI de los Mártires, uno de los uniformados comentó a sus colegas que Duque le había entregado a un compañero el dinero antes de ser llevado al comando. “Vamos por él”, dijo otro policía. Minutos después, su amigo llegó esposado al lugar. “En mi presencia, le quitaron el dinero que yo le había entregado. Nos llevaron a un baño del CAI y, además de pedirme otra vez que me bajara los pantalones, tuve que quitarme los zapatos y la chaqueta. Uno de los agentes me gritó: ‘Yo lo puedo cargar con una libra de marihuana y bichas y a quién le van a creer: ¿a usted o a mí?’ Otro de los agentes rasgó mi chaqueta y metió la mano para cargarme con papeletas de bazuco”, agregó Duque.
En horas de la tarde, el habitante de calle fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, donde alegó haber recibido un trato indigno y que los policías le habían metido droga en su ropa. “Los agentes intentaron callarme haciendo uso de la fuerza. Uno de ellos me tiró contra la pared, me apretó más las esposas, me tiró contra el suelo, se ubicó encima de mí y me agredió verbalmente. Ante esa violencia física y verbal (me decían ‘lo vamos a matar’), no pude controlar mis esfínteres y defequé en mis pantalones (…) me dio miedo y mordí al agente de la policía”, continuó Duque en la tutela.
En la escena apareció entonces un fiscal que fue testigo de la agresión contra los agentes, por lo que el habitante de calle fue imputado horas más tarde por el delito de agresión contra servidor público. Entrada la noche fue llevado al calabozo, donde nuevamente lo requisaron y lo golpearon y, según la denuncia, uno de los agentes tomó su arma, le apuntó y le propinó varias patadas. El policía le ordenó nuevamente que se bajara los pantalones y que se quitara los zapatos, donde guardaba $5.000, que también le habrían sido hurtados.
“A las 3 a.m. del 6 de junio, por el dolor en el tórax, llamé a los guardias, quienes me sacaron del calabozo y me llevaron esposado al hospital Santa Clara, donde me remitieron al Centro Policlínico del Olaya. Cuando me dieron de alta, me trasladaron a la audiencia donde me imputaron cargos. Poco después fui dejado en libertad, y desde ese momento no he vuelto a ubicarme en el Parque Tercer Milenio por miedo a las represalias y al actuar arbitrario de los agentes de policía”, añadió Duque.
Duque Pulgarín defiende en su demanda su identidad de habitante de calle y le recuerda a la justicia que es un ser humano, al que incluso la Policía le debe respetar su proyecto de vida. Pide protección para su derecho al trabajo, ya que las “prácticas inhumanas” de la Policía le imposibilitan trabajar en el Parque Tercer Milenio, y reclama no ser tratado como un criminal por el hecho de habitar la calle. (Lea aquí: La complejidad de atender a los habitantes de calle)
Por eso, pide que la Policía realice un acto de reparación en el que se comprometa a no repetir las acciones violentas que denunció, que la entidad emita un informe sobre comparendos, anotaciones e incautaciones hechas a habitantes de calle y que se investigue al CAI de los Mártires. A la Alcaldía de Bogotá le solicita crear una campaña para reducir el estigma contra esta población, a la Procuraduría que investigue disciplinariamente a los uniformados denunciados y al Congreso de la República que expida una ley para proteger los derechos fundamentales de las personas que habitan la calle.
“Yo soy desplazado de la violencia de El Bronx y antes habité el Cartucho. Los policías que me agredieron hace un mes dijeron que yo vendía vicio y con esta tutela quiero probar que eso no es cierto: a mí me cargaron con droga. Cometieron arbitrariedades conmigo. Me cansé de tanto desprecio y espero que la justicia me crea, porque nos tenemos que respetar unos a otros, incluidas las autoridades”, aseguró Duque a este diario.
Frente a las acusaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá le dijo a El Espectador que el juez es el competente para emitir un fallo sobre la presunta vulneración de los derechos de Duque, por lo que no hizo comentarios al respecto, y advirtió que contra él cursa una investigación ante la fiscalía 321 seccional por el presunto delito de tráfico, distribución y porte de estupefacientes, por lo que los hechos hacen parte de la reserva sumarial. Sobre esto, la abogada de Temblores que acompaña al habitante de calle, Silvia Quintero, replicó que ese proceso de estupefacientes, “que los policías le cargaron a Uriel, no prosperó. El único proceso que está es por abuso contra autoridad pública, que lo interpone el mismo policía que lo golpeó”.
“Esto que le pasó a Uriel es sistemático y representa la punta de un gran iceberg de lo que viven diariamente las poblaciones de calle en los contextos urbanos, por ser discriminados. Con esta tutela queremos que se amparen sus derechos, pero también sentar un precedente para demostrar que la Policía perfila sistemáticamente a los habitantes de calle y los criminaliza como personas expendedoras de droga o ladronas. Esperamos que las autoridades prendan las alarmas, porque en el último año hemos visto más de 47 homicidios contra estas personas y ninguna institución está tomando cartas en el asunto. Los habitantes de calle tienen derecho a la ciudad”, concluyó Sebastián Lanz, abogado de Temblores.