El pasado miércoles se cumplieron dos meses desde que Bogotá vivió una oleada de manifestaciones por la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial, que desencadenó en hechos violentos como muertes, heridos y vandalismo.
En conmemoración a esta fecha y a la semana de los Derechos Humanos, la Veeduría Distrital llevó a cabo una mesa de diálogo con un grupo de víctimas del barrio Verbenal, donde al menos tres personas —uno de ellos menor de edad— murieron durante las protestas, luego de que la Policía decidiera usar armas de fuego contra los manifestantes.
En el encuentro, el veedor distrital, Guillermo Rivera, anunció que la institución formulará una acción popular contra el Ministerio de Defensa para que se protejan los derechos colectivos y se amparen los de las personas que sufrieron afectaciones materiales (como viviendas que no han sido reparadas) producto de los hechos.
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Otro de los puntos de la acción jurídica será ordenar a la Policía formar a su personal para que sus intervenciones no lesionen los derechos de la ciudadanía.
Además, intervendrá en los procesos disciplinarios y penales para establecer las responsabilidades de los uniformados y civiles que violaron los derechos humanos el 9 y el 10 de septiembre durante las manifestaciones, en las que diez personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas.
En la reunión con las víctimas, algunos ciudadanos expusieron sus testimonios de lo ocurrido hace dos meses.
“Solo me acerqué a curiosear. La bala me entró por el estómago, salió por la nalga derecha y dejó tres perforaciones en el colon. Llevaba cuatro días trabajando. Cuando regresé, me dijeron que me echaban porque no había cumplido las metas”, expresó un residente de Verbenal, de 24 años.
Por su parte, el hermano de dos víctimas de los hechos, aseguró que a uno de ellos, una bala le entró en el tórax y al otro, una esquirla de bala le voló las fosas nasales.
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Cabe recordar que en septiembre, la Veeduría Distrital había presentado un completo informe sobre los hechos, junto a la petición hacia las autoridades judiciales de investigar a los policías que, presuntamente, estén involucrados en casos de abuso policial y en el uso indiscriminado de armas de fuego durante las protestas del 9 y 10 de septiembre.
Según la Veeduría, los hechos que se presentaron durante las protestas pasadas son la muestra de una “desproporción entre los desmanes cometidos por la fuerza pública y la ciudadanía”, pues asegura que fueron más de 70 civiles y al menos cuatro policías salieron heridos por arma de fuego.