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Bogotá no duerme, pero no por elección. Detrás de la vida nocturna y el ruido constante hay una crisis que las cifras oficiales confirman: miles de quejas, pocas sanciones y una respuesta institucional que, dicen las víctimas, a veces resulta insuficiente.
Para el colectivo Activos X El Ruido, este flagelo se ha vuelto una crisis sostenida por la falta de control institucional. Para respaldar su afirmación, el colectivo presentó un balance contundente: 169.306 reportes a la línea 123 por ruido entre enero y junio de 2025, frente a 139.985 en el mismo periodo de 2024. Las llamadas suben, pero las soluciones aparentemente no.
Lo que para algunos es sinónimo de entretenimiento y dinamismo urbano, para miles de ciudadanos se ha convertido en una fuente constante de desgaste, insomnio y afectaciones a la salud. El ruido excesivo atraviesa barrios residenciales, zonas comerciales y espacios públicos, y se ha instalado como un problema cotidiano que ya no distingue horarios ni localidades.
Aun así, en medio de estas cifras, el colectivo critica que la Secretaría de Gobierno haya insistido en la ampliación de los horarios de rumba hasta las 5 a. m. en algunos puntos de la ciudad, que se concentran en las 20 zonas focalizadas como parte de la reglamentación del artículo 3 del Decreto 293 de 2025.
Para las víctimas del ruido, la medida es un atajo político que pasa por alto que la ciudad ya opera como un “24/7” informal, marcado por establecimientos que funcionan sin insonorización, con usos de suelo irregulares y sin control real.
Quejas que no avanzan
El panorama es similar en las alcaldías locales. Durante 2024 se radicaron 6.300 quejas formales por perturbación, de las cuales menos del 5 % recibió una respuesta efectiva.
A mayo de 2025, se habían presentado 2.286 querellas ante inspecciones de Policía, pero apenas el 2 % fue cerrado, pese a que estos procesos, en teoría, deberían resolverse en un plazo máximo de 15 días. En la práctica, muchos se prolongan durante años.
Para organizaciones ciudadanas, estas cifras reflejan una impunidad estructural, en la que ni las entidades distritales ni las alcaldías locales logran dar una respuesta oportuna y eficaz.
Una ciudad dividida
El rechazo ciudadano quedó reflejado en la participación virtual sobre la medida. De 997 comentarios radicados en la plataforma jurídica del Distrito, 644 fueron en contra y 353 a favor. Es decir, casi dos de cada tres ciudadanos rechazaron la ampliación de horarios y zonas focalizadas, sin que en ningún momento el apoyo superara el 40 %.
Quienes se opusieron alertaron sobre la pérdida del derecho al descanso, el impacto en la salud, la inseguridad en zonas residenciales, la desvalorización de la vivienda y el desplazamiento forzado de habitantes.
Los defensores de la medida, en cambio, destacaron argumentos económicos como el turismo, el empleo y la reducción de la rumba clandestina.
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Sin herramientas suficientes
Las propias entidades reconocen limitaciones estructurales. Actualmente, Bogotá cuenta con solo 10 sonómetros para toda la ciudad. Además, la Secretaría de Ambiente mide contaminación acústica, pero no todos los casos de perturbación por ruido.
La Policía Metropolitana ha señalado que muchos procesos no prosperan porque los establecimientos demandan las sanciones, aunque también ha reconocido que no existe una sola multa anulada por esta razón, lo que refuerza la percepción de un vacío en la aplicación de la norma.
Un debate que sigue abierto
El pasado 27 de septiembre, más de 200 víctimas del ruido, provenientes de 14 localidades, participaron en una audiencia pública en el Concejo de Bogotá, con la presencia de entidades distritales, ocho concejales y dos representantes a la Cámara. El encuentro dejó diagnósticos y propuestas claras, pero hoy el debate vuelve a encenderse ante la posibilidad de ampliar horarios sin haber resuelto los problemas estructurales.
Para los ciudadanos afectados, el llamado es claro: organizar la ciudad no es extender la rumba, sino garantizar el derecho al descanso, a la salud y a un entorno habitable. Las cifras, insisten, muestran que el ruido en Bogotá ya no es una percepción, sino una crisis documentada. Lo más grave es que, frente a esta realidad, la respuesta de la autoridad sigue siendo insuficiente.
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Por Redacción Bogotá
