Crece la preocupación por la seguridad en la ciudad y, en especial, por el homicidio, el uso de armas de fuego y la instrumentalización de menores, por cuenta de las redes de sicariato o de organizaciones que se disputan el control territorial del microtráfico. El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, a manos de un menor de 15 años, no solo dejó en evidencia la facilidad para conseguir un arma y quién la dispare, sino cómo las redes delincuenciales aprovechan la debilidad de la oferta social para jóvenes marginados para sumarlos a sus filas. Todo esto fue motivo de un amplio debate en el Concejo de Bogotá.
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Desarticulación institucional y falta de pie de fuerza
Las cifras de homicidio consolidan al 2024, primer año de la administración Galán, como el más violento en los últimos ocho años, al cerrar con 1.204 casos, cifra que no se registraba desde 2016 y que representa un aumento del 11 % respecto a 2023. De ese total, 606 casos se le atribuyen a sicarios. Al analizar las cifras en detalle, el panorama se torna más preocupante: el número de mujeres asesinadas en 2024 aumentó 29 % frente a 2023. Con 115 casos registrados, es la cifra más alta desde 2015, lo que marca un alarmante retroceso en la lucha contra la violencia de género”, dice el concejal Julián Sastoque (Alianza Verde).
Ante esta situación, César Restrepo, secretario de Seguridad, insistió en el debate que el repunte de los homicidios obedece al fortalecimiento del crimen organizado y de las economías ilícitas, fenómenos que van de la mano con la reducción del pie de fuerza y la decreciente inversión en materia de seguridad. “Mientras que las organizaciones criminales han aumentado sus recursos, el presupuesto destinado a la seguridad ha disminuido progresivamente. Esa disparidad, sumada a la desarticulación institucional de los sectores de seguridad y justicia, debe corregirse para retomar los esfuerzos”, señaló Restrepo.
Por otro lado, para ejemplificar cómo el déficit de Policía incide en el repunte de sicariatos, el secretario indicó que en 2022 la ciudad contaba con 17.376 policías y 431 casos de sicariato, mientras que, en 2024, con 15.865 uniformados, se registraron 606 casos. No obstante, la concejala Ana Teresa Bernal advirtió que esa correlación no explica el fondo del problema. “No es que si hay un policía más hay un muerto menos”, afirmó.
La ONU recomienda tener 300 policías por cada 100.000 habitantes y Bogotá cerró el 2024 con un promedio de apenas 197, cifra que indica un “déficit de 8.200 uniformados en la ciudad”, agregó Sastoque. Para mitigarlo, han salido a la luz propuestas como la creación de los ‘Guardianes del Orden’. Sin embargo, cabe aclarar que en lo que atañe al homicidio, aun con esta estrategia, la situación no cambiaría mucho, pues estos solo atenderían problemas de convivencia, no delitos de alto impacto.
Al hecho de la guerra entre bandas criminales, hay otros factores que incide en este delito: las riñas, los hurtos que derivan en muerte y los crímenes azuzados por la intolerancia. Frente al mercado ilícito de armas, problema de vieja data, en una columna publicada en este medio, Andrés Nieto, director del observatorio de seguridad de la Universidad Central, asegura que en Bogotá “al parecer, es más fácil conseguir un arma que un cupo escolar o la fórmula médica completa”.
La afirmación, si bien puede tomarse como excesiva, da cuenta de la facilidad con la que hoy se compra o alquila un arma en la capital del país. Investigaciones del mencionado observatorio señalan que en barrios cooptados por el crimen como el San Bernardo (localidad de Santa Fe) y el María Paz (Localidad de Kennedy), las armas ya no solo se venden, sino que se alquilan. “Se consiguen armas hechizas desde $15.000 la hora y de ahí en adelante armas más sofisticadas, que llegan en menos de seis horas a manos de quien pague”, advierte. Ese mercado, como quedó en evidencia en el caso del senador Uribe, no solo deriva en la instrumentalización de menores, sino en homicidios. Este año, con corte en el mes de julio, se han reportado 17 homicidios de menores de edad.
¿Aporofobia y represión?
En el debate, el concejal José Cuesta (Pacto Histórico) se refirió, citando un informe de la ONG Temblores, a la “visión de clase”, que la administración Galán estaría aplicando en sus estrategias de seguridad. “Para generar una burbuja de percepción, la alcaldía contrató drones y helicópteros para garantizar la seguridad, vida, la propiedad y la libertad de los bogotanos, pero ahí aparece el criterio de clase, pues se evidencia que esta actividad operativa se aplica, fundamentalmente, en el borde nororiental de la ciudad, donde están los tejidos de las élites de la capital”, dijo.
Advirtió, además, que se trata de una política aporofóbica (que discrimina a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad) y, en ese sentido, “consideramos un horror esa premisa que está en el PDD, que considera que los sectores excluidos, marginados y en situación de pobreza extrema son potenciales riesgos para la seguridad de Bogotá”.
Así las cosas, ante el hecho de que las economías ilegales se aprovechan de la falta de oferta social, educativa y laboral, para cooptar jóvenes vulnerables, el Concejo recalcó la urgencia de que la ciudad, además de contener la delincuencia por medio de las vías legítimas de fuerza, se centre en la prevención; una presencia institucional más fuerte, y en oportunidades laborales pensadas en el mediano y el largo plazo, y no solo para mitigar una crisis en el corto plazo.
Finalmente, la concejala Ana teresa Bernal señaló que el problema está en la concepción de la seguridad en esta administración. “Cuando esta se basa en reprimir la delincuencia y se olvida lo social y que hay jóvenes que están siendo vinculados a actividades ilícitas, porque no tienes oportunidades, eso influye definitivamente”.
Reducir la tasa de homicidios en Bogotá, un norte lejano
En 1991, Bogotá reportó una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con 73 casos por cada 100.000 habitantes. Ese año asesinaron a casi 4.000 bogotanos, razón por la cual, cada administración trabaja para contrarrestar ese número y entregar la ciudad con las cifras más bajas posibles. En 2022, por ejemplo, se reportó la tasa más baja en 50 años, con 12,9 casos por cada 100.000 habitantes.
Esa tendencia se rompió en 2023 y desde entonces sigue al alza. La campaña de Carlos Fernando Galán, con su bandera de seguridad, prometió reducir los índices de homicidio durante el cuatrienio a un solo dígito. Sin embargo, cuando asumió en 2024, recibió la ciudad con una tasa de 13,6 casos, y al cerrar su primer año de mandato, llegó a 15,1, el registro más alto de los últimos ocho años. Así las cosas, la meta de reducir la tasa para 2027 a 8 casos por cada 100,000 habitantes se ve lejana, pues la tendencia indica que las cifras, al cerrar 2025, podrían ser similares a las de 2024.
El panorama, como se ve, no es alentador. Por un lado, el rifirrafe entre Nación y Distrito por el déficit de Policía y la inversión en seguridad, no tiene pronta solución. El problema nacional que representa el tráfico de armas recae sobre Bogotá y, mientras bajan cifras de hurtos a comercios, viviendas y personas, garantizar la vida de los bogotanos sigue siendo una promesa en la que se debe trabajar con más esfuerzo para poderla cumplir.
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