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El 9 de febrero de 2025, una comitiva, liderada por el entonces presidente Gustavo Petro, aterrizó en Emiratos Árabes Unidos. Había dejado atrás la turbulencia del Consejo de Ministros en el que parte de su gabinete le reprochó el regreso de Armando Benedetti, para concentrarse en buscar alianzas para que Colombia se subiera al bus de la inteligencia artificial (IA).
Junto con la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, Petro se reunió con el llamado “G42”, un grupo empresarial fundado en Abu Dabi en 2018 que, entre otras cosas, ha promovido el desarrollo de la infraestructura que requiere la IA.
Del encuentro quedaron varias fotografías y una promesa: la construcción de “tres centros de datos en el Caribe Colombiano”, como señaló el Minciencias, al tiempo que celebraba un “acuerdo histórico” con el G42 y el inicio de “la nube soberana de Colombia”.
Es “una revolución científica y tecnológica para Colombia; busca convertir al país en un epicentro de la IA”, añadió Olaya en un video, después del encuentro.
Cuando al expresidente Petro le preguntaron un par de días más tarde por el objetivo de la visita, detalló que la alianza quedaría en manos de Ecopetrol. Dos meses después, previo a la celebración de los 500 años de Santa Marta, ratificó en X su idea y dijo que ese “proyecto de infraestructura artificial” funcionará cerca de esa ciudad y “contará con data centers de mega computadores de tecnología cuántica”.
Desde aquel viaje a Emiratos Árabes, recuerda ahora un ex funcionario que estuvo cerca de las decisiones relacionadas con IA que avanzaban en el Gobierno, empezaron a explorar caminos para concretar el objetivo de Petro. Tocaron varias puertas y dieron un vistazo a varias bolsas de recursos. Al final, la más adecuada fue la que reúne el dinero de las regalías que quedan de la explotación minera y de hidrocarburos y que se usan para financiar proyectos de ciencia.
Así que el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Ciencias hizo el esperado anuncio: abrió la convocatoria “Colombia inteligente: infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial”, conocida con el número 46. Dispuso de una suma de COP 630.000 millones.
Ha sido, hasta el momento, “la convocatoria con más recursos para un solo proyecto que se ha abierto en la historia de Colombia”, cree un ex funcionario del Minciencias, con una amplia experiencia en el sector.
La gran ganadora fue InterNexa S.A., una empresa de telecomunicaciones cuyo dueño es ISA (que pertenece, en su mayoría, a Ecopetrol). Se había aliado con la Universidad del Magdalena, la alcaldía de Santa Marta y la Gobernación de ese departamento para estructurar el proyecto que proponía, entre otras cosas, construir dos centros de datos en un par de predios: uno en Santa Marta y otro en la Zona Bananera. También buscaba desarrollar modelos de inteligencia artificial.
Pero la promesa que nació en Emiratos Árabes, se derrumbó como un castillo de naipes. Hoy ISA confirma a El Espectador que la “alta gerencia de la empresa” así como la junta directiva de InterNexa “identificaron riesgos estructurales que hacían inviable la iniciativa”. Entre ellos, insuficiencia de los predios para soportar la solución energética, condiciones de orden público e incertidumbre jurídica y económica sobre la operación de los centros de datos, una vez agotados los recursos públicos.
Era, en suma, “un modelo financiero con pérdidas operativas e ingresos futuros inciertos”.
Incluso, como reveló El Tiempo esta semana, la compañía denunció ante la Fiscalía a Saúl Kattan, gerente de la empresa cuando ésta ganó la convocatoria. Él se ha defendido en varios medios de comunicación, asegurando que no incurrió en ningún delito. A su juicio, aseguró a Caracol Radio, le están haciendo un “daño a InterNexa”. Lo comparó con “ganarse el Baloto y romper el ticket premiado”.
Sin embargo, sobre el “sorteo” y el proyecto “ganador” ya habían circulado varias alertas al interior del gobierno de Gustavo Petro. “Era un proyecto inviable por todos lados”, afirma un funcionario de ese gobierno cercano al proceso, que prefiere hablar desde el anonimato. “En lo técnico era muy ‘chimbo’ y había funcionarios que lo sabían y aún así lo aprobaron”.
Al interior del Departamento Nacional de Planeación (DNP), por ejemplo, circuló un documento conocido por El Espectador que advertía de las fallas del proyecto que estructuró Internexa. También hubo, al menos, un correo (algunos funcionarios aseguran que fueron más), donde se señalaron las inconsistencias.
Una convocatoria de COP 630.000 millones que nació con tropiezos
Como suele suceder en torno a los proyectos de ciencia que aspiran a lograr recursos de regalías, aquella convocatoria de inteligencia artificial generó discusión entre los miembros del OCAD, el “órgano colegiado” encargado de debatirlos y darles la última luz verde. Cuando se reúnen, votan un representante de las universidades, otro de las gobernaciones y uno más del Gobierno, que suele ser un funcionario del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
A ese grupo le presentó el Ministerio de Ciencias —que tiene el rol de Secretaría Técnica del OCAD— los términos de esa nueva convocatoria por COP 630.000. Tras escuchar a la vocera aquel 9 de octubre de 2025, varios de los asistentes aplaudieron la idea, pero manifestaron su inconformidad con el plazo que sugería esa cartera para recibir propuestas: solo 11 días.
“11 días para presentar una propuesta de esta magnitud es un tiempo muy corto”, señaló el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera, tal y como se lee en el acta que quedó del encuentro. El gobernador de Caquetá se sumó al reparo y pidió un “plazo prudencial”. Con ellos coincidió Maritza Rondón, rectora de la Universidad Cooperativa. La delegada del MinTIC solicitó 45 días.
Al final, la convocatoria se abrió el martes 14 de octubre del año pasado y quienes quisieron participar tuvieron un mes (hasta el 14 de noviembre) para aplicar. “Aún así, el tiempo era muy estrecho para estructurar un proyecto de esa magnitud para ejecutar tanto dinero”, dice un ex asesor de algunos miembros del OCAD, que prefiere no ser citado con su nombre. “Yo sé de universidades que se reunieron para formularlo, pero desistieron por la complejidad y el poco tiempo”.
Solo dos propuestas llegaron al Minciencias. Tras el proceso de evaluación, la mejor calificación la obtuvo el grupo encabezado por InterNexa. El otro estaba liderado por, entre otros, Fundación Tecnalia Colombia, la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Tunja, la U. Externado, la U. Sergio Arboleda y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. No quedaron muy conformes con la decisión.
Ese grupo presentó al Minciencias solicitudes de modificación de la evaluación y del listado final de habilitados, pues argumentaba que hubo una “grave vulneración al debido proceso, la transparencia, la igualdad y la publicidad”. Uno de sus integrantes dice hoy que, al final, desistieron de iniciar un proceso, porque empezaron a detectar “tensiones con otros ministerios, como el Mineducación”.
Sin más proponentes en el camino, el 29 de diciembre de 2025 se publicó el listado de proyectos elegibles, donde quedó InterNexa como único participante seleccionado. Ese mismo día, recuerda hoy la compañía ISA en una comunicación enviada a El Espectador, su vicepresidencia jurídica emitió un concepto que indicaba que en InterNexa no se obtuvieron todas las aprobaciones necesarias para la presentar la oferta. Dos meses más tarde, el 2 de febrero, añade, desvincularon al gerente general encargado (e) y representante legal de InterNexa, Saúl Kattan Cohen.
Ya para entonces, la Procuraduría había emitido un oficio con varias observaciones sobre el proceso. Detectó “riesgos en la estructuración de la convocatoria y la evaluación de las propuestas”.
Cuando el OCAD se reunió nuevamente el 12 de febrero de este año para estudiar si le daban el último aval a la propuesta de InterNexa, esas advertencias de la Procuraduría fue uno de los principales puntos que más inquietud causó, como se lee en el acta de aquel encuentro, que se llevó a cabo de forma presencial en el piso sexto del Minciencias, en Bogotá.
Tanto Yesenia Olaya, como la representante del Departamento Nacional de Planeación, Tatiana Zambrano, dieron un parte de tranquilidad sobre el proceso. La exministra recordó que se había “garantizado plena transparencia, manteniendo interacción constante con los entes de control”; y Zambrano, que tenía en sus manos el voto del Gobierno, aseguró que el proyecto había sido “revisado a lo largo de todo el proceso y que, de acuerdo con dicha revisión, cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria”.
La convocatoria, agregó Olaya, tiene un “carácter histórico para el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación, al constituir la primera iniciativa de impacto nacional financiada con recursos del Sistema General de Regalías orientada al desarrollo de Inteligencia Artificial”.
El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera, coincidió en que el proyecto se había “desarrollado de manera ordenada” y, aunque subrayó inquietudes por las alertas de la Procuraduría, dijo que había realizado una “revisión del proyecto y no se identificaron observaciones ni sugerencias de carácter técnico”.
Ivaldo Torres, entonces rector de la U. Pamplona (destituido en julio por el Consejo de Estado) y elegido como representante de las universidades para votar, tuvo una postura similar. A su parecer, hubo una “disertación jurídica clara, en la que se ha demostrado que las alertas formuladas han sido atendidas y que el procedimiento se ha surtido con fundamento técnico y jurídico suficiente”.
El que no estuvo de acuerdo con sus colegas fue el vicerrector de la Universidad Cooperativa, Leonardo Fabio Galindo. Se apartó del voto favorable de las universidades, y en su intervención recalcó que no se había realizado una mesa técnica de revisión del proyecto. “Esta iniciativa no fue presentada ni analizada en una instancia técnica previa antes de su consideración por el órgano colegiado”, añadió y pidió retomar a una vieja práctica, en la que los “proyectos eran objeto de análisis técnico previo antes de su presentación formal ante el OCAD, garantizando así mayor rigurosidad, transparencia”.
Aunque El Espectador contactó a los tres representantes de las universidades para resolver algunas inquietudes sobre esa sesión, al cierre de esta edición no habíamos podido conversar con ninguno.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y la exministra de Ciencias, en cambio, sí respondieron todas las preguntas que les formulamos. Ambos aseguran que no conocieron ningún documento del Departamento Nacional de Planeación ni correos al interior del Gobierno en los que se advirtiera sobre las fallas del proyecto planteado por InterNexa.
“El OCAD es la instancia colegiada competente para deliberar y decidir sobre la aprobación o no de los proyectos. Las observaciones técnicas y las diferencias de criterio forman parte de los procedimientos institucionales y no constituyen, por sí mismas, evidencia de irregularidades”, asegura, por su parte, Olaya. “Corresponde establecer, a partir de los documentos oficiales, cuáles fueron las observaciones formuladas, a qué instancias se comunicaron y qué tratamiento recibieron”.
Aclara que “defender la importancia histórica de una convocatoria no equivale a solicitar la aprobación de un proyecto específico” y que, ahora, fuera de su cargo, continúa “defendiendo la necesidad de que Colombia desarrolle capacidades propias de inteligencia artificial y avance hacia la soberanía tecnológica”.
El gobernador Amaya, que fungía como presidente del OCAD en esa sesión, reconoce que, de haber tenido conocimiento de esos documentos que le mencionamos, la discusión pudo haber tomado otro rumbo. “Al OCAD”, señala, “llega una evaluación técnica del Minciencias que los integrantes deciden si votar o no. Y en un ejercicio de buena fe, votan, aunque yo solo presidí la sesión; no voté”.
Las advertencias que no fueron escuchadas
El 23 de enero de 2026, veinte días antes de que InterNexa tuviera el aval del grupo, Sneyder Rivera, entonces subdirector técnico de desarrollo productivo del DNP, envió un correo a la Secretaría Técnica del OCAD (es decir, al Ministerio de Ciencias). En él escribió que, luego de hacer una revisión de la documentación, un análisis de la información y del detalle técnico del proyecto, la “revisión no arrojó ninguna observación por parte del Departamento Nacional de Planeación”.
El email fue copiado a varios colegas suyos, entre ellos, a Juan Camilo Mergesh, quien representó al DNP en la sesión de octubre de 2025, donde se conocieron los términos de la convocatoria, y a Tatiana Zambrano, que votó positivo, en representación del Gobierno, en la sesión donde se aprobó el proyecto de InterNexa.
Sin embargo, El Espectador conoció que el DNP sí elaboró un informe donde detalla las fallas de ese proyecto. Es un documento que desglosa sus componentes y su “pertinencia técnica” para que sea declarado como una “nube soberana nacional”. También le pone la lupa a los precios de la propuesta.
Por ejemplo, indica que no cumple con una independencia de software, pues las “compras futuras deben hacerse exclusivamente con Alibaba Apsara”, desarrollado por Alibaba Group, conglomerado multinacional chino.
Además, se lee, tampoco podría haber “independencia ante sanciones o restricciones geopolíticas”. Huawei, que era mencionado en la propuesta como aliado estratégico, “está sujeto a restricciones de exportación de EE.UU. desde 2019 (Entity List)”. Quienes lo elaboraron recordaron que Alibaba “está sujeto a la Ley de Inteligencia Nacional china. Cualquiera de estos factores puede interrumpir el servicio”.
Al hacer una evaluación de los ocho principios que “guían la soberanía digital”, solo cumplía uno plenamente (el hecho de que el centro de datos estuviera dentro de Colombia). Al calificar el proyecto en una escala de 1 a 10, su resultado fue 1.6.
“El proyecto no puede catalogarse como nube soberana. Técnicamente corresponde a una nube privada con hosting en Colombia, operada por InterNexa sobre tecnología Alibaba”, fue otra de sus conclusiones.
El documento indicaba que “de los nueve servicios cloud listados en el documento técnico, seis tienen riesgo alto de lock-in (dependencia del proveedor) y tres tienen riesgo medio. Ninguno tiene riesgo bajo. Esto confirma que la arquitectura cloud, tal como está diseñada, no cumple ningún principio de portabilidad o interoperabilidad abierta”.
Otra preocupación que mencionó el DNP fue que a la hora de presentar la inversión más cuantiosa del proyecto, que ascendía a más de COP 337 mil millones, con los cuales se construiría un data center modular, no hubiese una cotización formal ni desglosada. Lo correcto, a su juicio, según las “normas colombianas”, era presentar, al menos tres cotizaciones.
“Es una irregularidad presupuestal que debe subsanarse antes de la aprobación definitiva”, apuntaron. Lamentaban que tampoco hubiese una cotización desglosada para la infraestructura eléctrica y que los dos data centers estuvieran en un mismo departamento, cuando debía haber “diversidad geográfica”.
Pero el DNP no fue el único que envió reparos. Desde el Ministerio de Ambiente, como comprobó El Espectador, también les mandaron algunos al DNP, señalando ciertas fallas en el proyecto de InterNexa.
Según la cartera ambiental, había una “necesidad de asegurar la mitigación efectiva de riesgos técnicos críticos”; de “garantizar condiciones de competencia y pluralidad acordes con los principios de igualdad e imparcialidad”; de “asegurar consistencia entre cronogramas, viabilidad técnica y sostenibilidad financiera”, y de “prevenir riesgos técnicos, financieros y reputacionales para el Sistema General de Regalías”.
Pedía que la aprobación estuviera “soportada en una revisión integral de la viabilidad técnica, del modelo de ejecución y de la sostenibilidad del proyecto”. Por esos motivos, el Minambiente se abstuvo de “emitir concepto favorable o desfavorable”.
Nos contactamos con Sneyder Rivera del DNP para saber si había conocido esos documentos y reparos antes de enviar el correo al Minciencias en el que aseguraba que su entidad no tenía observaciones, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta, aunque una persona cercana al proceso asegura que sí sabía, al igual que Tatiana Zambrano, que votó a favor de la propuesta de InterNexa en la sesión del OCAD.
Ella, en su defensa, recuerda por escrito que el DNP tiene la función de articular el voto del vértice del Gobierno y, “cuando existen discrepancias entre sus integrantes, definir su sentido. Esa función se ejerce con fundamento en argumentos técnicos y en el análisis de la pertinencia estratégica de los proyectos”.
Además, argumenta que mientras ejerció ese rol, se encontró con una dificultad recurrente: “la recepción tardía de conceptos y posiciones de los ministerios, que en ocasiones llegaban al inicio de las sesiones del OCAD”. Dice que respaldó el proyecto de InterNexa por su “importancia estratégica” y debido “al propósito de orientar los recursos de regalías hacia iniciativas de mayor alcance e impacto”.
Juan Camilo Mergesh, que estuvo en la sesión en la que el Minciencias presentó la convocatoria 46 (en octubre del 2025), concuerda (también por escrito) que, a sus ojos, era una convocatoria que “permitía financiar la iniciativa más ambiciosa del país en soberanía digital, analítica predictiva de datos y desarrollo de modelos de lenguaje soberanos. Era una necesidad estratégica para el país”. Sobre la existencia del documento interno al interior del DNP sobre el proyecto de InterNexa se limita a decir que “los equipos técnicos del DNP elaboran habitualmente insumos para que la toma de decisiones sea informada y tenga sustento técnico. Ese es el procedimiento habitual”.
Por lo pronto, ISA e InterNexa le confirmaron a este diario que el pasado 16 de octubre radicaron ante la Contraloría General de la República un informe detallado de las acciones que tomaron para “evitar la ejecución del proyecto” y espera que “las responsabilidades individuales” sean “determinadas por las autoridades”.
También aseguran que el 8 de octubre recibieron otra confirmación: la de la solicitud que habían hecho para que se liberaran los COP 630.000 millones que, ahora, aclaran, “están disponibles para ser utilizados en otros proyectos”.
Intentamos corroborar esa información con el Ministerio de Ciencias, liderado por Claudia Benavides, pero no obtuvimos una respuesta. Tampoco nos respondió sobre cuál será el destino de esos recursos.
Lo que ISA, por el momento, prefirió no responder es otra duda más de este enredo: ¿Qué sucederá con los lotes en los que se iban a construir los centros de datos? Uno de ellos está a unos 25 minutos a pie desde el exclusivo hotel Irotama o desde Zazué Plaza, aunque está ubicado del otro lado de la Troncal del Caribe. Tiene 13 hectáreas, de las cuales, 3.5 habían pertenecido al narcotraficante José ‘El Mono’ Abello y habían sido entregadas por la Sociedad de Activos Especiales a Central de Inversiones S.A. (CISA), aliada del proyecto de InterNexa.
El lote se llama “El Manantial”, un nombre que no refleja la realidad del lugar: sus vecinos deben acudir a carrotanques de agua cada 20 días. Está en el barrio La Paz, que de pacífico tiene muy poco: como relata una habitante del sector, es dominado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
*Este artículo contó con reportería de Juanita Vélez y Daniela Amaya, creadoras de MiopÍA.
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Por Sergio Silva Numa
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Cordillerano(64187)•Hace 17 horasTodo indica que la característica común fueron las irregularidades, las que Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, no pudo ver cuando era parte del gobierno del cambio y ahora que es parte del gobierno de la patria milagro todos los sentidos se le abrieron y recuperó su "agudo sentido crítico y responsabilidad pública".
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fabio(30155)•Hace 18 horasComo todo lo de petro. Un discurso, mentiras a medias, funcionarios influencers, corrupción y cero resultados. Ese señor y sus ministros le deben mucho al país. Casi medio billon aquí. Esperen se destape lo de los pasaportes y los aviones.
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Ver(82922)•27 de octubre de 2026 – 11:01Hay que revisar la redacción y puntuación del título de esta columna
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LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)•26 de octubre de 2026 – 10:00Cuanta negligencia e incompetencia. Las entidades prendieron las alarmas pero querían ejecutar ese proyecto a como diera lugar… Ojalá caigan todos los responsables. Qué bueno que el DNP y los ministerios se pronunciaron de manera firme aunque quisieron callarlos
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Leonardo(69374)•26 de octubre de 2026 – 07:11Los mega data centers son grandes "tragones" de agua y energía (como el fracking) y los DC son el insumo primario de la IA. Se nota que quienes formularon la convocatoria y quienes la aprobaron no tenían la más remota idea de estas condiciones y sin el análisis de la mesa técnica se notan la consecuencias.
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Carmen(d6co2)•26 de octubre de 2026 – 06:55Aunque se busque con lupa, no se encuentra un acto, un hecho, en el gobierno de Petro, que no esté sumergido en la corrupción!
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MaoT(8280)•25 de octubre de 2026 – 18:21MaoT(8280)•Hace 1 segundo Es absolutamente evidente que no se cumplió con el principio básico de la contratación estatal e inclusive de la contratación privada, el de la planeación, con unos estudios rigurosos y serios, a partir de una identificación clara de la necesidad por satisfacer y lo que observo es que muy seguramente ese presupuesto asignado era insuficiente para agotar esas dos etapas previas.
