Hagamos un poco de historia. El 18 de julio de 2011, mediante Acto Legislativo 005 que reformó los artículos 360 y 361 de la Constitución del 91, se creó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, con una asignación del 10% de las regalías para financiar proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional.
El Fondo fue parte del Sistema General de Regalías creado mediante el mismo Acuerdo. Se alimenta económicamente de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, aquellos que son finitos porque se necesitan miles de millones de años para que de nuevo los ofrezca la naturaleza. Me refiero a combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, y a minerales como la calcita, el cuarzo o algunas gemas, entre otros.
Recuerdo bien ese año, primero porque había sido un logro de algunos representantes de la comunidad científica colombiana luego de largas jornadas proponiendo, redactando y consolidando el destino de un porcentaje de las regalías a la ciencia; y segundo porque como históricamente la asignación del Presupuesto General de la Nación (PGN) a la ciencia cada año genera más lágrimas que el anterior, a partir de entonces el país invertiría más dinero para la ciencia, la tecnología y la innovación. Y con esa promesa llegaron las condiciones para acceder a los recursos que luego de 15 años aún no dan garantía de ejecución de proyectos y programas del sector con la dinámica propia de la creación de nuevo conocimiento.
Pero también lo recuerdo porque algunos economistas alzaron su voz diciendo que, si bien era una solución para fomentar la investigación científica, no dejaba de ser ‘momentánea’. Dichos recursos NO forman parte del PGN, con lo cual el gobierno de entonces ‘chuleaba’ su compromiso con los científicos e innovadores, también con gobernadores y alcaldes, pero cuando se extinguieran esos recursos mineros, volveríamos a lo mismo: una asignación paupérrima del PGN para la ciencia. Es decir, no había un compromiso real del Gobierno, sino un paño de agua tibia.
La ley 2056 de 2020 establece que de ese 10%, como mínimo el 2% se destina a asuntos relacionados en el ambiente y el desarrollo sostenible. El discurso del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad permeó la legislación sobre el Sistema de Regalías, haciendo todavía más palpable lo efímero de la asignación de esos dineros para la ciencia, la tecnología y la innovación: el planeta está pidiendo a gritos dejar de explotar minas y canteras por sus efectos nocivos y desastrosos para nuestros ecosistemas; un buen número de países aboga por un mecanismo de transición que vaya eliminando de manera justa, equitativa y ordenada la explotación, producción y uso de los combustibles fósiles, como se evidenció en la reciente reunión sobre cambio climático en Belém, Brasil, la COP30 (Nov 6 al 21), pero aunque no se logró una declaración formal en ese sentido, es la meta que debe cumplir el mundo, ya. Ese día, cero regalías y volvemos a los exiguos presupuestos del PGN para la ciencia.
En la Comisión Accidental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la República, que sesionó la semana pasada, diferentes actores de la ciencia, como la propia Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Asociación Colombiana de Universidades, y profes investigadores llamaron la atención de las fallas que ven en las convocatorias de Minciencias con presupuesto de regalías como plazos muy reducidos para presentar propuestas, exigencia de ‘requisitos alucinantes’ como los calificó el físico Luis Núñez, de la Universidad Industrial de Santander, desorden, exigencias administrativas contradictorias, por mencionar solo algunas.
Dados los abultados fondos que ofrecen estas convocatorias de regalías, se espera que los investigadores formulen macroproyectos y por supuesto la comunidad científica está preparada para hacerlo; pero no en plazos cortos y menos cumpliendo con decenas de requisitos como cartas de compromiso de otras instituciones de educación superior, centros de investigación, alcaldes, gobernadores (en un país burocrático donde los procesos para firmas no se dan de un día para otro), avales de los comités de ética, presupuesto de contrapartida, y un documento técnico cuya metodología no se ajusta a proyectos de investigación científica sino a otro tipo de proyectos como de infraestructura vial. Este último ha sido la queja constante de los científicos desde que empezó a funcionar este mecanismo de fondos de regalías para la ciencia.
El Minciencias sabe que por más de que promueva el fortalecimiento de instituciones en regiones apartadas, son las grandes universidades las que pueden liderar estos macroproyectos, siempre y cuando departamentos y municipios entiendan a cabalidad los procesos de la investigación científica. En un comunicado expedido el 20 de este mes afirmó que de 569 proyectos [aprobados], apenas 5 universidades concentran el 34%: 4 públicas (Nacional, Cartagena, Antioquia y Córdoba), y una privada, la Pontificia Universidad Javeriana.
La inversión de ciencia, tecnología e innovación demuestra el compromiso de sus gobernantes hacia la generación de nuevo conocimiento para aportar a un desarrollo sostenible de su territorio y de todos los seres vivos que lo ocupamos. Esta semana Montevideo, Uruguay, reúne a los responsables de las políticas públicas del sector en el XII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que dará algunas pistas sobre los indicadores de financiamiento e inversión de los países de la región. En un documento publicado recientemente por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, RICYT, titulado El estado de la ciencia 2024, en 2022 América Latina invirtió 0.56% de su Producto Interno Bruto, PIB, en Investigación y Desarrollo. Tres países, Brasil, México y Argentina representan el 83% de la inversión total de la región. Colombia, de nuevo, rezagada.
👩🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬
Por Lisbeth Fog Corradine
