La mala hora de la ciencia en Colombia

Desde que el presidente Duque nombró a Tito Crissien como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, no han parado las críticas. Solo cuatro días después del nombramiento, el 8 de junio, se pronunció la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, indicando que la designación del ministro constituye “un mensaje muy negativo para la sociedad colombiana, y en particular para las nuevas generaciones, al ignorar prácticas anti-éticas mundialmente rechazadas por la comunidad científica y académica”. De manera muy similar, también se pronunciaron la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia), la Fundación Alejandro Ángel Escobar y el Consejo Nacional de Bioética. (Lea Las dudas sobre la vida académica del nuevo ministro de Ciencia)

La razón del malestar de la comunidad científica tiene que ver con el historial académico del señor Crissien, quien se ha desempeñado como rector de la Universidad de la Costa desde 2005. En esta función, estaba involucrado en un escándalo mayor, cuando, en 2020, el grupo editorial IOP Publishing retiró más de 24 artículos de sus bases de datos, debido a prácticas académicas irregulares, como plagio y manipulación de citas. Aunque el supuesto culpable, el profesor Amelec Jesús Viloria Silva, fue rápidamente identificado y despedido de la institución, quedaron las dudas sobre la participación del rector en estas prácticas. Así, como ha demostrado el portal Plagio.s.o.s (plagios.org) de manera contundente, varios de los artículos cuestionados llevan el nombre de Crissien como coautor. Como si fuera poco, también aparece como coautor en un artículo de 2015, que contiene varios párrafos copiados de un artículo de 2009 de otro autor, sin referenciar la fuente. (Lea Consejo Nacional de Bioética invita al presidente Duque a “reconsiderar” nombramiento del nuevo Minciencias)

Finalmente, como ha indicado AvanCiencia, causa extrañeza que muchas de las publicaciones que todavía aparecen en sus perfiles académicos oficiales, tales como Google Scholar y cvlac, no tienen nada que ver con su área de formación, la Administración de Empresas. Aunque el implicado salió a defenderse, aduciendo que no había ningún plagio y que su nombre fue usado sin su conocimiento, estas declaraciones carecen de credibilidad. Ninguna editorial seria publicaría un artículo académico sin la firma previa de todos los autores. Lo que vemos entonces es el caso de un personaje que, al parecer, construyó una buena parte de su carrera “académica” a partir de falsedades y manipulación. Lo más probable es que simplemente puso su nombre en los textos de otras personas a cambio de favores. Estas son, grosso modo, las acusaciones que surgieron durante la semana pasada.

Sin embargo, las críticas no deberían parar ahí. Lo que es mucho más relevante y lo que debería ser discutido entre todos los miembros de la comunidad académica, es el trasfondo estructural del desastre. A mi modo de ver, el caso de Tito Crissien es solo la punta del iceberg de un sistema podrido. Colciencias, la entidad precursora del nuevo ministerio, ha sido sinónimo de burocracia e ineficiencia desde hace muchos años. Provista de un presupuesto diminuto (incluso en el contexto latinoamericano), una burocracia absurda, sistemas informáticos obsoletos y con directivos que saben mucho de politiquería y clientelismo, pero nada de ciencia; sus convocatorias bianuales de medición de grupos de investigación son temidas en toda la comunidad académica del país.

Un buen ejemplo de eso es la actual convocatoria no. 894, en la que se pide un sinnúmero de soportes de manera retroactiva (hasta diez años atrás), se introducen criterios arbitrarios y hasta xenofóbicos (extranjeros sin coautoría con investigadores colombianos son eliminados de la convocatoria), se castiga la producción de libros y capítulos de libro a favor de la producción de “papers” en revistas internacionales (es decir, anglosajones), y se desestimula la publicación de resultados de investigación en la editorial de la propia universidad. Todo esto en detrimento de la capacidad científica de Colombia, y a favor de un internacionalismo mal concebido y abiertamente hostil hacia las ciencias sociales. En cada párrafo del texto de la convocatoria predomina un espíritu productivista, que no se interesa por el contenido de la producción académica o la generación de conocimiento, sino la cantidad de citas recibidas (factor de impacto) y su aplicabilidad en el sector tecnológico (el cual, por cierto, apenas existe en Colombia). La nueva convocatoria incluso establece que el personal del ministerio se dedicará a la verificación de las métricas de cada producto registrado.

Me pregunto, ¿Esto es realmente lo que necesita el país en estos momentos difíciles? ¿Necesitamos una entidad que genera tanta burocracia en las universidades, que consume tantos recursos en términos de capital humano y de tiempo de trabajo? La completa falta de confianza en el trabajo de la comunidad académica también se expresa en los métodos policivos del ministerio, dado que cada producto debe ser certificado, a veces incluso dos veces. Esto, sumado al mencionado desprecio hacia una gran parte de las disciplinas “blandas”, hace que la brecha entre la comunidad académica y el ministerio sea cada vez más grande. En este sentido, el nombramiento de Crissien –una cuota política previsible– es solo la última bofetada en una larga serie de desastres.

Para terminar, quisiera mencionar que las universidades colombianas –tanto privadas como públicas– también son responsables de esta situación. Así, un perverso sistema de estímulos, en el cual se pagan hasta 30 millones de pesos por la publicación de un artículo en una revista internacional cotizada –independientemente de su utilidad o calidad– ha provocado una avalancha de publicaciones que en buena parte se pueden considerar como “ciencia basura” (junk science). Por medio de este híper-productivismo, las universidades que estimulan este tipo de ciencia suben en los rankings internacionales y justifican sus matrículas elevadas, pero no necesariamente generan conocimiento nuevo. Aunque las universidades disponen de comités que velan por la supuesta “ética científica”, frecuentemente se hacen los de la vista gorda cuando se trata de los llamados “carruseles de autorías”, publicaciones duplicadas, apropiación indebida de trabajos de grado por parte de los profesores, manipulación de citas, etc. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Para qué y a quién le sirve este tipo de ciencia? El caso de Tito Crissien podría ser una buena oportunidad para dar este debate.

*Profesor de Historia, Universidad del Rosario. PhD en Historia Latinoamericana.

Desde que el presidente Duque nombró a Tito Crissien como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, no han parado las críticas. Solo cuatro días después del nombramiento, el 8 de junio, se pronunció la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, indicando que la designación del ministro constituye “un mensaje muy negativo para la sociedad colombiana, y en particular para las nuevas generaciones, al ignorar prácticas anti-éticas mundialmente rechazadas por la comunidad científica y académica”. De manera muy similar, también se pronunciaron la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia), la Fundación Alejandro Ángel Escobar y el Consejo Nacional de Bioética. (Lea Las dudas sobre la vida académica del nuevo ministro de Ciencia)

La razón del malestar de la comunidad científica tiene que ver con el historial académico del señor Crissien, quien se ha desempeñado como rector de la Universidad de la Costa desde 2005. En esta función, estaba involucrado en un escándalo mayor, cuando, en 2020, el grupo editorial IOP Publishing retiró más de 24 artículos de sus bases de datos, debido a prácticas académicas irregulares, como plagio y manipulación de citas. Aunque el supuesto culpable, el profesor Amelec Jesús Viloria Silva, fue rápidamente identificado y despedido de la institución, quedaron las dudas sobre la participación del rector en estas prácticas. Así, como ha demostrado el portal Plagio.s.o.s (plagios.org) de manera contundente, varios de los artículos cuestionados llevan el nombre de Crissien como coautor. Como si fuera poco, también aparece como coautor en un artículo de 2015, que contiene varios párrafos copiados de un artículo de 2009 de otro autor, sin referenciar la fuente. (Lea Consejo Nacional de Bioética invita al presidente Duque a “reconsiderar” nombramiento del nuevo Minciencias)

Finalmente, como ha indicado AvanCiencia, causa extrañeza que muchas de las publicaciones que todavía aparecen en sus perfiles académicos oficiales, tales como Google Scholar y cvlac, no tienen nada que ver con su área de formación, la Administración de Empresas. Aunque el implicado salió a defenderse, aduciendo que no había ningún plagio y que su nombre fue usado sin su conocimiento, estas declaraciones carecen de credibilidad. Ninguna editorial seria publicaría un artículo académico sin la firma previa de todos los autores. Lo que vemos entonces es el caso de un personaje que, al parecer, construyó una buena parte de su carrera “académica” a partir de falsedades y manipulación. Lo más probable es que simplemente puso su nombre en los textos de otras personas a cambio de favores. Estas son, grosso modo, las acusaciones que surgieron durante la semana pasada.

Sin embargo, las críticas no deberían parar ahí. Lo que es mucho más relevante y lo que debería ser discutido entre todos los miembros de la comunidad académica, es el trasfondo estructural del desastre. A mi modo de ver, el caso de Tito Crissien es solo la punta del iceberg de un sistema podrido. Colciencias, la entidad precursora del nuevo ministerio, ha sido sinónimo de burocracia e ineficiencia desde hace muchos años. Provista de un presupuesto diminuto (incluso en el contexto latinoamericano), una burocracia absurda, sistemas informáticos obsoletos y con directivos que saben mucho de politiquería y clientelismo, pero nada de ciencia; sus convocatorias bianuales de medición de grupos de investigación son temidas en toda la comunidad académica del país.

Un buen ejemplo de eso es la actual convocatoria no. 894, en la que se pide un sinnúmero de soportes de manera retroactiva (hasta diez años atrás), se introducen criterios arbitrarios y hasta xenofóbicos (extranjeros sin coautoría con investigadores colombianos son eliminados de la convocatoria), se castiga la producción de libros y capítulos de libro a favor de la producción de “papers” en revistas internacionales (es decir, anglosajones), y se desestimula la publicación de resultados de investigación en la editorial de la propia universidad. Todo esto en detrimento de la capacidad científica de Colombia, y a favor de un internacionalismo mal concebido y abiertamente hostil hacia las ciencias sociales. En cada párrafo del texto de la convocatoria predomina un espíritu productivista, que no se interesa por el contenido de la producción académica o la generación de conocimiento, sino la cantidad de citas recibidas (factor de impacto) y su aplicabilidad en el sector tecnológico (el cual, por cierto, apenas existe en Colombia). La nueva convocatoria incluso establece que el personal del ministerio se dedicará a la verificación de las métricas de cada producto registrado.

Me pregunto, ¿Esto es realmente lo que necesita el país en estos momentos difíciles? ¿Necesitamos una entidad que genera tanta burocracia en las universidades, que consume tantos recursos en términos de capital humano y de tiempo de trabajo? La completa falta de confianza en el trabajo de la comunidad académica también se expresa en los métodos policivos del ministerio, dado que cada producto debe ser certificado, a veces incluso dos veces. Esto, sumado al mencionado desprecio hacia una gran parte de las disciplinas “blandas”, hace que la brecha entre la comunidad académica y el ministerio sea cada vez más grande. En este sentido, el nombramiento de Crissien –una cuota política previsible– es solo la última bofetada en una larga serie de desastres.

Para terminar, quisiera mencionar que las universidades colombianas –tanto privadas como públicas– también son responsables de esta situación. Así, un perverso sistema de estímulos, en el cual se pagan hasta 30 millones de pesos por la publicación de un artículo en una revista internacional cotizada –independientemente de su utilidad o calidad– ha provocado una avalancha de publicaciones que en buena parte se pueden considerar como “ciencia basura” (junk science). Por medio de este híper-productivismo, las universidades que estimulan este tipo de ciencia suben en los rankings internacionales y justifican sus matrículas elevadas, pero no necesariamente generan conocimiento nuevo. Aunque las universidades disponen de comités que velan por la supuesta “ética científica”, frecuentemente se hacen los de la vista gorda cuando se trata de los llamados “carruseles de autorías”, publicaciones duplicadas, apropiación indebida de trabajos de grado por parte de los profesores, manipulación de citas, etc. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Para qué y a quién le sirve este tipo de ciencia? El caso de Tito Crissien podría ser una buena oportunidad para dar este debate.

*Profesor de Historia, Universidad del Rosario. PhD en Historia Latinoamericana.