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El mundo de hoy enfrenta cinco problemas fundamentales: el hambre, que según datos de la FAO afecta a más de 500 millones de personas, especialmente en África y América Latina; el acceso al agua potable, una carencia que afecta a más de 800 millones de personas; la contaminación; la desigualdad global, que según el informe de World Inequality concentra el 76% de la riqueza mundial en el 10% más rico de la población; y, por supuesto, la persistencia de las guerras.
Conflictos como los de Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, la República Democrática del Congo y Colombia, entre otros, forman parte de los más de 56 enfrentamientos bélicos activos, la cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial.
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En este contexto de miseria y guerra, el Acuerdo de Paz colombiano se erige como una fuente de esperanza para el mundo.
Lo que el mundo hoy celebra como un logro histórico puede convertirse en un símbolo de fracaso político si no se actúa con rapidez y decisión
Por ello, el informe recientemente presentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU destaca los avances alcanzados por las partes contratantes, especialmente por los firmantes del Acuerdo, quienes han demostrado compromiso en su cumplimiento, así como los esfuerzos del Estado, encabezado por el actual gobierno. Es crucial reconocer estos logros y no dejarse llevar por una visión pesimista que ignore el progreso alcanzado.
Entre los avances se encuentra la formalización de la tenencia de la tierra, que ha alcanzado el 43,8% del objetivo de 7 millones de hectáreas pactadas en 2016. Durante el periodo del informe, se adquirieron 74.023 hectáreas, alcanzando un total acumulado de 205.494 hectáreas, incluyendo entregas significativas como las 8.400 hectáreas otorgadas a víctimas en el departamento de Córdoba. Aunque estos avances son menores en comparación con lo pactado, no deben subestimarse.
Sin embargo, la intervención del Gobierno Nacional ante el Consejo de Seguridad dejó un sabor agridulce. El tan anunciado Plan de Choque, diseñado para priorizar los PDET, impulsar la reforma rural integral, fortalecer la agenda legislativa y optimizar la estructura estatal, quedó en promesas.
Ni el Plan de Choque ha cumplido sus objetivos ni se ha dado cuenta de avances sustanciales en el Plan Marco de Implementación, que representa el núcleo del Acuerdo.
Aún más preocupantes son los riesgos asociados a la política de Paz Total, que se han materializado de manera alarmante. Este enfoque, aunque bien intencionado, ha naufragado no solo por errores de gestión, sino también por las divisiones internas y la violencia ejercida por grupos armados que han optado por la atomización y el exterminio de los firmantes de paz, replicando prácticas que recuerdan el horror paramilitar y carecen de toda humanidad.
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El llamado de urgencia es claro: el Catatumbo necesita atención inmediata. Miles de familias desplazadas y decenas de asesinados, incluidos seis firmantes de paz en la última semana reflejan una tragedia que puede extenderse a regiones como el Putumayo, Arauca, Cauca, Pacífico, Caquetá, los Llanos Orientales y Chocó. Lo que el mundo hoy celebra como un logro histórico puede convertirse en un símbolo de fracaso político si no se actúa con rapidez y decisión.
El exterminio debe detenerse. De los 452 firmantes asesinados desde la firma del Acuerdo, 99 han sido asesinados tras el 7 de agosto de 2022. El gobierno tiene una herramienta invaluable en el punto 3 del Acuerdo y sus componentes. Es momento de reforzar las instituciones, cumplir con la implementación y asegurar que la paz no sea un sueño efímero, sino una realidad duradera que inspire no solo a Colombia, sino al mundo entero.
*Camilo Fagua es abogado defensor de Derechos Humanos