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La tarde del 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU -máximo órgano de toma de decisiones de esta organización internacional- decidió no renovar tareas de verificación y monitoreo al cumplimiento de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Igualmente decidió excluir todo el capítulo étnico del Acuerdo de Paz en la nueva decisión que renueva por un año la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. En sus intervenciones, todos los miembros del Consejo lamentaron la pérdida del apoyo para Colombia en estos dos asuntos, dejando ver que todo obedeció a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump quien tiene el poder de ejercer el derecho al veto como Jefe de Estado de uno de los miembros permanentes de este órgano. Ahora es el acuerdo de paz quien sufre los efectos de la fragmentada relación de Petro con Trump y los Estados Unidos.
Esta es una decisión agridulce para Colombia. Por un lado, se celebra la renovación de la Misión de Verificación de la ONU, considerando que, ante las graves tensiones entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño, una total cancelación de la Misión podría haber estado dentro de las posibilidades. No obstante, le explícita exclusión del apoyo a la JEP, así como a las comunidades indígenas y afrocolombianas se recibe como una desaprobación o rechazo para todo el proceso de paz en Colombia.
¿Cuáles son los efectos de esta decisión para la JEP? Esencialmente se reciben dos perjuicios directos: Por un lado, la pérdida del apoyo institucional, técnico y financiero que brindaba la ONU a su gestión. Por otro, la ausencia de presencia internacional aprobadora en el proceso, lo que genera una importante pérdida de legitimidad al funcionamiento de la Jurisdicción. Esto sin lugar a dudas será aprovechado por los detractores para atacar aún más los procesos que allí se adelantan y que recientemente condujeron a la adopción de los dos recientes fallos de fondo.
Y ¿qué puede hacer la JEP ante este duro golpe institucional? Por un lado, acudir a las declaraciones que hicieron por lo menos 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad durante la reunión, quienes casi que unánimemente y con distintos discursos lamentaron que la recién adoptada Resolución excluyera tanto a la JEP como a las comunidades étnicas de la Misión, aclarando que todo se debió a la presión de Estados Unidos. En este contexto es importante resaltar como el delegado de China, por ejemplo, consideró muy desafortunado que Colombia perdiera este apoyo sólo por el capricho personal de Trump. Al respecto criticó como Estados Unidos ha venido ejerciendo el multilateralismo y el funcionamiento de la ONU como si fuera “all-you-can-eat buffet” ante el cual Trump puede venir y coger lo que le conviene y luego deshacerse de lo que no.
Por otro lado, y para hacer defensa de su legitimidad, la JEP también puede anclarse en el propio discurso del delegado de los Estados Unidos, quien hablando a nombre Trump, indicó que los estadounidenses están con el pueblo colombiano, que apoyan incondicionalmente el Proceso de Paz en Colombia, pero que su problema es directamente con la persona de Gustavo Petro, a quién consideran un líder nefasto que ha perjudicado gravemente a su pueblo.
EE. UU. explícitamente manifestó que espera que el Gobierno de Petro acabé cuanto antes y que estarán dispuestos a repensar las cosas y a restablecer las relaciones una vez llegue un nuevo mandatario a la presidencia de Colombia. Así las cosas, la salida de Petro de la presidencia será condición necesaria para recuperar el apoyo de Estados Unidos hacia el Estado de Colombia. Esto sin duda es algo que debe considerar nuestro Estado en pleno, así como todos los precandidatos que hoy hacen campaña para la próxima presidencia.
Finalmente, y mientras llega un nuevo residente a la Casa de Nariño que pueda restablecer el diálogo con EEUU, la JEP puede continuar su funcionamiento de forma normal, haciendo uso de la independencia que actualmente posee, así como de los recursos y sistemas de verificación y monitoreo con los que actualmente cuentan y que parecen ser eficientes.
Todo, esto y mientras se da una nueva discusión en la ONU dentro de un año, puede reforzarse sin duda mediante otros espacios multilaterales distintos a la ONU, así como mediante apoyo bilateral, particularmente de todos estos Estados que manifestaron su apoyo a las contribuciones significativas que ha hecho la JEP hasta el momento y que expresaron su descontento con la decisión del Consejo de Seguridad que presionó Trump. Es imperante que el presidente de la JEP de a conocer sus planes de cara a esta coyuntura, así como que genere acciones de reacción y relacionamiento internacional tanto de forma directa como con el apoyo de la diplomacia colombiana.
Respecto a las comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes también salieron afectadas por su cercanía política e ideológica con Petro -agravadas por sus protestas frente a la embajada estadounidense en Bogotá-, no solo les queda esperar un año para una nueva negociación, sino que la labor discrecional de la JEP y de las autoridades nacionales para reivindicar sus particulares afectaciones será fundamental.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
¿Qué aprendizajes quedan?
Primero, que las relaciones exteriores y la política exterior de Colombia son absolutamente esenciales para el correcto funcionamiento de los más profundos intereses internacionales e internos del Estado, sobre todo cuando vivimos en el contexto de un mundo globalizado y fuertemente interdependiente. El presidente de turno siempre debe asumir con sumo cuidado su rol como jefe de las relaciones exteriores del Estado. Sin pasiones, sin caprichos, sin arrebatos.
Segundo, que, aunque la diversificación de las relaciones internacionales hacia una cooperación sur-sur (respice similia) es necesaria y debe empezar a construirse, estos procesos deben hacerse con cautela y de forma gradual. Dado que Colombia tiene una intricada perspectiva casi que exclusivamente dependiente de los Estados Unidos (respice polum) cultivar esta relación y manejarla con cautela y alto profesionalismo en materia de derecho internacional y relaciones internacionales es imprescindible.
Tercero, que la Cancillería no puede seguir siendo la caja menor del gobierno de turno, sino que la acción exterior de Colombia debe profesionalizarse y tecnificarse. Esto se logra dándole un manejo adecuado y prioritario a la carrera diplomática, pero también ubicando Cancilleres, Embajadores y Altos Funcionarios con un perfil altamente técnico que puedan manejar con altura y absoluto profesionalismo las complejidades de las relaciones internacionales.
Y, por último, que los políticos colombianos -congresistas, candidatos y precandidatos- deben actuar con responsabilidad suprema ante los asuntos de política exterior que atañen a los más altos intereses del Estado, sobre todo ahora que se encuentran en una etapa electoral. No debemos olvidar, que, según los propios sitios oficiales de la Misión de Verificación, así como del propio Consejo de Seguridad y el Departamento de Estado de los EEUU, la carta que le escribió Paloma Valencia a Marco Rubio jugó un papel importante en la nefasta decisión para el Estado colombiano. Fue Paloma Valencia, quien, presentándose como precandidata a la Presidencia de Colombia, le pidió al jefe de las relaciones exteriores estadounidenses que por favor le quitaran el apoyo a la Misión en Colombia, particularmente a la JEP, indicando que este era un espacio de impunidad. Este argumento fue acogido como cierto por el Gobierno de Trump. Tal vez la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría deberían investigar dicha carta y el asunto; la JEP debería pronunciarse al respecto. Constitucionalmente no le compete a un Senador ejercer a título personal funciones de relaciones exteriores del Estado.
La perdida del apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU frente a la JEP y las comunidades étnicas en Colombia, es un fracaso más para el gobierno actual en materia de relaciones exteriores, un derivado más de los conflictos personales de Petro con Trump y un llamado a atender dicha problemática como un interés prioritario del Estado y no solo una coyuntura de gobierno.
Fabián Cárdenas. Profesor de Planta en Derecho Internacional. Pontificia Universidad Javeriana. @fbncardenas