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Durante casi nueve años hubo una especie de luna de miel para Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016, el proceso colombiano se convirtió en una rareza diplomática: un asunto en el que coincidían todos los miembros de ese organismo, desde Washington hasta Pekín, desde Moscú hasta París. En medio de guerras, vetos y sanciones cruzadas, el caso colombiano era una excepción.
Esa unanimidad se rompió un poco esta semana. La votación del viernes, que extendió el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2026, mostró por primera vez grietas en ese consenso. La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, pero a un precio alto porque Estados Unidos logró recortar dos funciones centrales de la Misión.
Por presión de Washington, el Consejo eliminó las tareas de verificación de las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de La Habana.
El cambio no solo recorta el alcance de la Misión, sino que también debilita la supervisión internacional sobre el sistema de justicia transicional y abre un nuevo flanco: la posibilidad de que, sin ese control externo, la Corte Penal Internacional (CPI) -que se había “apartado de Colombia” cuando llegó la JEP- vuelva a poner los ojos sobre el país, tal como advierten expertos en derecho internacional y justicia transicional.
Lo paradójico de la decisión es que la función de verificar las sanciones de la JEP fue solicitada por el gobierno de Iván Duque, en 2021. En una carta enviada al secretario general, António Guterres, el entonces presidente pidió formalmente que la Misión de Verificación acompañara la imposición y el cumplimiento de las sanciones propias dictadas por la JEP.
Vea aquí la carta enviada por Duque
Cuatro años después, dirigentes de su mismo partido, el Centro Democrático, pidieron lo contrario. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia envió una carta en julio pasado al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, pidiendo que ese país no apoyara la renovación del mandato, justamente por esa tarea. En la misiva, Valencia acusó a la JEP de “promover impunidad” para exmiembros de las FARC. El contraste es evidente: el mismo sector político que solicitó la verificación internacional en 2021 hoy celebra su eliminación.
La presión de Washington
Según fuentes diplomáticas en Nueva York, Estados Unidos advirtió que vetaría la resolución si se mantenían las menciones a la justicia transicional y al capítulo étnico, e incluso coqueteó con la idea de no mencionar la violencia sexual y de género, aunque finalmente se conservó un párrafo que alude a la violencia “contra mujeres y niñas”.
El viraje rompe con la política tradicional de Washington hacia Colombia. Durante años el país fue considerado un modelo de transición apoyado por Estados Unidos y Europa, y la Misión de la ONU, uno de los experimentos de verificación más exitosos de la ONU.
Esa postura cambió con la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca en enero. Desde entonces las tensiones con el presidente Gustavo Petro se han multiplicado por los choques por la política antidrogas, la posición sobre la guerra en Gaza , entre otros. A ello se suman dos golpes simbólicos en las últimas semanas: la inclusión de Petro en la Lista Clinton y la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
En ese contexto, el mensaje de Washington en el Consejo fue leído como una advertencia política tanto hacia el gobierno Petro como hacia la propia justicia transicional.
“Las prioridades políticas del presidente Petro en lo que se refiere a la paz y la seguridad, tanto dentro de Colombia como en la región y en el mundo entero, queson irresponsables y fuera de lugar y que han contribuido a una mayor inestabilidad de violencia en Colombia. Por ello, no estamos en condiciones de refrendar esta resolución", dijo.
De hecho, el representante de Estados Unidos en la ONU dijo que Trump está “deseoso” de la llegada del próximo gobierno.
“Seguimos decididos a respaldar la paz y la justicia en Colombia y nuestras relaciones con el pueblo de Colombia y con sus instituciones, relaciones que son firmes y que seguirán siéndolo mucho después de que el presidente Petro abandone su cargo y una vez que se hayan abandonado sus políticas fallidas. En tal sentido estamos deseosos de trabajar con el futuro gobierno de Colombia para entender sus prioridades en materia de paz y de seguridad y por ende el papel de esta misión de las Naciones Unidas en favor de esas metas”, dijo.
El presidente Petro respondió en su cuenta de X, y afirmó que eliminar esas dos tareas mostraba “la displicencia del gobierno actual de EE. UU. con la verdad en Colombia”.
El debate también coincidió con un cambio de mando en la Misión. El 23 de octubre, el diplomático eslovaco Miroslav Jenca asumió la jefatura de la Misión de Verificación en Colombia. “Esta decisión reafirma el compromiso de la comunidad internacional con la paz y la seguridad en Colombia”, escribió Jenca en su cuenta oficial tras la ratificación del mandato de la Misión por un año.
La JEP anunció que se pronunciaría sobre la decisión, pero solo puso una mención en un mensaje en X que decía: “Pese a la limitación de la funciones de la Misión de Verificación la ONU, la JEP a través de su propio sistema de monitoreo, continuará verificando el cumplimiento de las sanciones propias impuestas a los máximos responsables sancionados en esta Jurisdicción.”
Lo que hace la Misión en Colombia
Reducir la Misión únicamente a su papel de verificación sería injusto. Durante casi una década su presencia en el país ha dejado un legado humanitario, político y técnico que trasciende la implementación del Acuerdo Final y que ha sido decisivo en materia de seguridad, reincorporación y protección de vidas.
Aunque su mayor contribución ha sido en el marco del Acuerdo de Paz —tanto en su verificación internacional como en su incidencia a todos los niveles (local, regional, nacional e internacional)—, la Misión ha hecho otros aportes que no siempre son visibles o que se han olvidado.
Verificó la dejación de 8.994 armas, 1.765.862 municiones, 38.255 kilos de explosivos, 11.000 granadas y 3.500 minas antipersonales de las FARC-EP. Ese proceso, considerado por Naciones Unidas como uno de los más exitosos del mundo, alcanzó una relación arma-hombre de 0,65, la más alta registrada en una operación de desarme reciente.
Entre 2023 y 2025, la Misión también prestó buenos oficios y abogó por liberaciones humanitarias en zonas críticas como Cauca, Chocó y Norte de Santander. Facilitó la liberación de más de 500 personas. El caso más sonado puede ser el del padre del futbolista Luis Díaz en noviembre de 2023.
Su papel ha sido igualmente clave en la construcción de garantías de seguridad. Promovió el diálogo entre el Gobierno, los excombatientes y la sociedad civil para la creación de la Política Pública para el Desmantelamiento de Grupos Armados Ilegales, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para excombatientes y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
Su trabajo se extendió, además, a la inclusión de las mujeres excombatientes en la elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, adoptado en noviembre de 2024 tras múltiples encuentros organizados y financiados por la Misión.
En conjunto, esos aportes muestran que el valor de la Misión va mucho más allá del acompañamiento simbólico: su acción concreta ha salvado vidas, reconstruido confianza y tejido institucionalidad en territorios donde el Estado aún llega con dificultad.
Los efectos sobre la JEP
El jurista Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional, explicó así las consecuencias: “Esencialmente se reciben dos perjuicios directos a la JEP: por un lado, la pérdida del apoyo institucional, técnico y financiero que brindaba la ONU a su gestión. Por otro, la ausencia de presencia internacional en el proceso genera una importante pérdida de legitimidad al funcionamiento de la JEP”.
Esa pérdida de legitimidad externa podría tener una consecuencia mayor: reabrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
En 2021, el fiscal Karim Khan anunció el cierre del examen preliminar sobre Colombia, tras concluir que la JEP y la Fiscalía adelantaban investigaciones genuinas sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero esa decisión se tomó en un contexto de verificación internacional independiente, incluida la observación de Naciones Unidas sobre las sanciones.
Para expertos en justicia transicional consultados por este diario, el retiro de esa verificación desmantela un pilar del sistema: “Lo más debilitado ahí es el mecanismo de supervisión de las sanciones (…). De facto, lo que vamos a tener ahora es la CPI más metida”, dijo uno de ellos.
Si la CPI considera que las sanciones propias de la JEP no se están cumpliendo o que no existe control efectivo, podría reabrir su examen preliminar o exigir información adicional al Estado colombiano sobre la ejecución de las medidas restaurativas.
La contradicción estadounidense
La postura de Washington también resulta contradictoria frente a su propio historial. Estados Unidos fue uno de los principales impulsores del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y de los programas de apoyo a comunidades afro e indígenas.
En 2023, el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, firmó con la vicepresidenta Francia Márquez un compromiso para respaldar financieramente la implementación de ese componente. Que hoy ese mismo país haya presionado para suprimir la verificación de ese capítulo desorientó incluso a aliados históricos de EE. UU. en el Consejo.
En contexto: Con apoyo de EE. UU. en capítulo étnico, Márquez avanza en una de sus funciones
Armando Wouyuri Valbuena, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmó que lo ocurrido en el Consejo de Seguridad es un contrasentido a la dirección que había tenido Estados Unidos en el tema étnico.
“Durante las negociaciones en Caucus Black (congresistas republicanos y demócratas) lograron que el presidente Barack Obama reclamara a su homólogo Juan Manuel Santos la inclusión del capítulo etnico en el Acuerdo de Paz. En 2022, el secretario Blinken firmó un acuerdo con la Vicepresidenta refrendando este apoyo, a lo que le siguió una delegación en la embajada numerosa de apoyo y la proyección de recursos a los étnicos antes no vistos”, dijo a este diario.
Y agregó: El atraso en la paz etnica y la presencia de los armados ilegales con la imposición de sus economías afecta a múltiples actores dentro y fuera del país. EE. UU. no puede perder de vista que el papel de las comunidades y pueblos afros e indígenas en los territorios hoy en conflicto, es alcanzar la seguridad y desarrollo económico; y con ello transformaciones eficaces a problemáticas como la producción de drogas y minería ilegal".
Que hoy ese mismo país haya presionado para suprimir la verificación de ese capítulo desorientó incluso a aliados históricos de EE. UU. en el Consejo. Delegaciones europeas reconocieron que la discusión se volvió un “campo de batalla ideológico” entre los países occidentales y los que defendían mantener intacto el mandato.
Más allá de la votación, lo ocurrido deja ver el final de una etapa. Por primera vez desde 2017, el Consejo de Seguridad no habló con una sola voz sobre Colombia. Aunque la resolución reafirma la “plena implementación del Acuerdo Final”, el tono ya no es de unanimidad, sino de cálculo político.
Francia, Dinamarca, Panamá, Rusia, China y el grupo africano A3 Plus defendieron mantener la verificación de la JEP y del capítulo étnico, pero cedieron para evitar un veto estadounidense.
El episodio deja una advertencia: si el consenso que durante años blindó el proceso de paz se fractura, la implementación quedará más expuesta a los vaivenes políticos y a la presión de las potencias.
La paz, que durante casi una década fue una causa común de la comunidad internacional, hoy refleja las mismas grietas geopolíticas y domésticas que dividen al mundo.
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