Desde octubre de 2022 se formalizaron los diálogos con el ELN. En noviembre del mismo año se instaló la mesa de diálogo, la cual despuntó con una clara agenda alrededor de temas como la construcción de la paz y la democracia, la participación de la sociedad civil, las transformaciones, las víctimas, el fin del conflicto armado, y el plan para el desarrollo de acuerdos.
A pesar de que el inicio de los diálogos se dio rápidamente, el desarrollo de los seis ciclos de negociación ha atravesado múltiples dificultades, las cuales dan cuenta de los obstáculos que históricamente se han atravesado en los diálogos con el ELN, como de la incapacidad de gestión del Gobierno del Presidente Petro, donde el tema de la paz no es la excepción. Se incumple el cese al fuego bilateral, el ELN reclama una conversación centralizada – a propósito de las conversaciones con la estructura de Nariño -, se vuelve a hablar de secuestro como mecanismo de financiamiento y, en medio de toda esta conversación, el Comité Nacional de Participación Ciudadana, persiste en dialogar con todos los actores y el ELN prepara su VI Congreso.
Por su parte, el Gobierno trae a Vera Grave, como jefa de la delegación del ejecutivo, al tiempo que reitera la necesidad de incorporar los diálogos con la ciudadanía a la discusión y avanza en las gestiones para la creación del Fondo Multidonante. Ires y venires de una historia marcada por el anhelo de la paz, el valor de la ciudadanía por alzar la voz y pedir un espacio en este diálogo, en medio de las ambiciones por el poder, el control del territorio y el ego de los guerreros.
La ley 2272 del 2022, liderada por el gobierno del presidente Petro, dio apertura a la política de Paz Total. Como una de sus políticas banderas se propone la terminación del conflicto armado desde una salida negociada con los grupos armados y, de manera simultánea, fortalecer las garantías del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, lo que a su vez va enmarcado en los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene como prioridad la implementación de los PDET, y el cumplimiento de Algunas de las tareas participativas tales como la revisión, evaluación y modificación de la Ley 152 de 1994 y la formulación e impulso ante el Congreso de un proyecto de ley estatutaria de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, así como para la protección de los derechos de libertad de reunión, de protesta social y manifestación pública.
Esta política de gobierno, reconoce que la paz no solo representa la salida negociada al conflicto, sino que, al tiempo que se negocia, se deben ejecutar políticas públicas que subviertan el incumpliendo del Estado a las garantías de los derechos de la ciudadanía, incluyendo el derecho a vivir en paz.
La política de Paz Total propone diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las antiguas FARC Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia y las bandas criminales. En la actualidad se han adelantado ciclos de negociación con el ELN y el EMC, con quienes, a pesar de los esfuerzos adelantados por el gobierno, no se ha logrado los resultados esperados. Por ejemplo, en el caso del ELN después del cierre del sexto ciclo de negociación, los acuerdos han sido pocos; las divisiones que se presentan al interior de esta estructura guerrillera han dificultado los avances en el proceso. Sin lugar a dudas, el diálogo con el ELN es una de las grandes apuestas del país y de las apuestas de la Paz Total, y justo este ha resultado ser uno de los temas más tensos y preocupantes que vive el país.
Le puede interesar: Comuneros del Sur: Los interrogantes de la negociación ahora que no son parte del ELN
No obstante, es oportuno reconocer que en medio de estos ciclos de conversación se han logrado avances. Entre ellos, la creación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), el cual tiene delegados tanto de la Fuerza Pública, la Conferencia Episcopal y el ELN, quienes se proponen hacer verificación de los avances de los diálogos, desde el orden nacional, regional y local.
Así mismo, se instaló el Comité Nacional de Participación (CNP), conformado por 81 integrantes de 30 sectores, los cuales funcionan a través de 5 comisiones y una secretaria técnica. Este Comité lleva 3 sesiones plenarias de las 5 planteadas en el Acuerdo. A la fecha se han realizado 77 encuentros y pre-encuentros. Han participado más 4050 personas, según cifras de la Secretaría Técnica. Esto es prueba palpable del interés de la ciudadanía en aportar, no solo a la metodología, sino a la conversación pública territorial de paz, democracia y justicia social. Toda esta puesta en marcha representa grandes retos para lograr que la ciudadanía se sienta reconocida e incluida en este proceso.
Ahora bien, a pesar de estos avances en la negociación con el ELN, las cifras sobre la situación de violencia en el país son aterradoras. Según Indepaz, en el 2023 se presentaron 94 masacres, 188 líderes y 44 firmantes de paz asesinados, y en lo que va corrido del 2024 se han reportado 14 masacres, 36 líderes y 9 firmantes de paz asesinados. Lo anterior es evidencia de la brecha entre lo que se conversa, los acuerdos a los que se llega en las negociaciones y lo que se vive en muchos municipios del país, donde tiene presencia el ELN. Indepaz señala que el ELN ha fortalecido su músculo de estructura organizacional, el cual ha pasado de tener 4.000 integrantes a los 5.000 que tiene hoy en día ¿Entonces? Esta brecha inhumana, entre lo que se dialoga y se vive, da cuenta de la incapacidad de los negociadores para avanzar en el cese de hostilidades; al tiempo que, de nuevo, hace dudar del interés y la voluntad del ELN por acordar la paz.
Así las cosas, aunque el cese al fuego entre gobierno y ELN puede significar la disminución de las confrontaciones con la fuerza pública, no han disminuido los enfrentamientos con otros grupos armados, haciendo que escale la violencia en el territorio, afectando así, tanto la política de seguridad como la política de Paz Total.
Luego de año y medio de decretada la ley 2272, se le exige al gobierno Nacional mayor capacidad de gestión y de agudeza política. Debe recalcular y hacer los ajustes necesarios que le permitan materializar los mandatos de la política de paz, en especial lo que se ha puesto en juego en la negociación con el ELN. Al tiempo que se le exige al ELN que cumpla su compromiso y genere condiciones organizacionales para que las diferentes estructuras honren lo propuesto. Es anacrónico, desde una perspectiva civilista y de construcción de paz, demostrar la fuerza para la negociación con el poder cobarde de las armas, sobre poblaciones civiles indefensas.
Los encuentros con la sociedad civil en el territorio, a través del mecanismo del Comité Nacional de Participación, ratifican la urgencia y la pertinencia de los temas de la agenda de negociación. Agenda que no puede embolatarse en medio de los juegos de fuerza y poder militar, como tampoco puede embolatarse en la invocación meramente formal e insulsa de una participación ciudadana que no tendrá incidencia en lo acordado.
Los desafíos son claros y justos: suspensión de los secuestros, suspensión (de verdad) de las acciones bélicas, el reconocimiento de las afectaciones a las víctimas del conflicto armado, la reparación entre las partes, las políticas de garantía de derechos y justicia social en el territorio, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, las apuestas por el desarrollo local y la desconocida —por ignorada— autonomía de los territorios. Todos los temas del tan anunciado Acuerdo Nacional.
--
*Foro Nacional por Colombia es una organización de la sociedad civil – ONG, creada en 1982, cuyo propósito es contribuir a la consolidación de la democracia deliberativa y participativa en el país; esto como resultado del ejercicio de una ciudadanía activa, incluyente y diversa, inspirada en valores democráticos, y en el logro de una institucionalidad abierta a la voz y el escrutinio ciudadano en la perspectiva de aportar a la construcción de la paz y la convivencia sustentadas en la justicia social, la vida digna y la sostenibilidad. Nuestra acción se desarrolla a nivel nacional y a través de tres Capítulos Regionales: Foro Región Central, Foro Costa Atlántica y Foro Suroccidente. www.foro.org.co