Esta semana culmina un largo camino para materializar el cambio de paradigma en la política de drogas en Colombia. Después de varios intentos en los últimos años, el proyecto de acto legislativo del representante Juan Carlos Losada, tendrá su octavo y último debate para levantar la prohibición del uso del cannabis prevista en el artículo 49 de la Constitución Política.
En este punto del camino, vale la pena mirar atrás sobre los avances y retrocesos en relación al consumo de cannabis en el país y por qué es clave esta reforma constitucional. En los años noventa, el entonces magistrado Carlos Gaviria, se adelantó a su época y dio una cátedra sobre el libre desarrollo de la personalidad y la urgencia de superar el enfoque punitivo de la política de prohibición de sustancias psicoactivas. Con ello, la Corte Constitucional se convirtió en el ejemplo de la región al despenalizar el consumo y porte de distintas sustancias, incluyendo el cannabis.
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No obstante, durante las administraciones de Álvaro Uribe hubo varios intentos por volver a la penalización del uso de sustancias desde un plano constitucional. Si bien no se logró dicho cometido, en 2009 se incluyó la prohibición expresa del uso y porte de sustancias psicoactivas en la Constitución Política. Lo anterior, permitió durante los siguientes años legislaciones y decretos que fomentaron la criminalización administrativa con impactos diferenciados en contra de personas usuarias de drogas en contextos de vulnerabilidad y tensiones entre los tres poderes de gobierno. Ejemplo de ello es el Código Nacional de Policía y Convivencia que entró en vigor en el año 2016 y prevé sanciones administrativas relacionadas por el porte de sustancias y el Decreto 1844 del 2018 que pretendía decomisar la dosis para uso personal. Este último, fue condicionado por el Consejo de Estado, únicamente para porte con fines de venta o comercialización.
El principal propósito de este acto legislativo es superar la contradicción dentro del ordenamiento jurídico que ha dado pasos a esas tensiones y abrir paso a la regulación del mercado del cannabis para uso adulto. Más allá del resultado del octavo debate, un triunfo de este complejo proceso legislativo es que este se ha construido desde una visión colectiva y diversa. De la mano de organizaciones de la sociedad civil, academia, experiencia comparada e industria, las y los congresistas y sus equipos han posicionado argumentos legales y técnicos basados tanto en la evidencia, como en el enfoque de derechos humanos. Por primera vez, en ambas cámaras, se ha elevado el debate en materia de política de drogas por fuera de narrativas tóxicas y estigmatizantes que han perpetuado el sistema de prohibición.
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Aunque el avance del proyecto ha sido difícil, llegar hasta el octavo debate visibiliza la importancia que tiene blindar jurídicamente cualquier esfuerzo de regulación para atender los temores válidos de la sociedad, diseñar un marco regulatorio de cannabis que atienda a las realidades del país y garantice el efecto reparador a quienes han sido víctimas de la prohibición de esta planta psicoactiva, especialmente de las personas cultivadoras y las personas privadas de la libertad.
A nivel internacional, la aprobación de este último debate mide las aguas sobre el papel que Colombia puede jugar en el escenario internacional, más allá del discurso del presidente Gustavo Petro. La culminación de este acto legislativo representa la unión de distintas fuerzas políticas por un cambio en beneficio del país y un incentivo para los países latinoamericanos de tomar otro camino por fuera de las violencias y la corrupción que derivan del mercado declarado ilícito de drogas.
La reforma a la Constitución es un punto de partida en el nuevo paradigma. Viene un reto mayúsculo para diseñar un mercado responsable el cual, lejos de copiar la experiencia comparada y repetir los vicios de la prohibición, sea una medida de no repetición que pueda crear un modelo propio que genere bienestar social y reparación integral. Será un esfuerzo que tendrá que contar con la sociedad civil, generar consensos entre los tres poderes de gobierno y tener fuerza de ley para ser sostenible en el tiempo. Desde Elementa seguimos atentas para continuar aportando para aterrizar en una política de drogas más humana y más eficaz para Colombia.