Colombia + 20

9 Aug 2022 - 5:06 p. m.

Hacia la regulación de drogas ilícitas: blindajes internacionales contra el cambio

Sonia Eljach, ex asesora de la Cancillería para el debate internacional sobre políticas de drogas

Ningún país del mundo se ha atrevido a abrir el debate sobre legalización de las drogas en las Naciones Unidas. Esa alternativa, necesaria y lógica, habida cuenta de los consabidos desastres que ha entrañado el régimien prohibicionista, no ha tenido ninguna cabida en el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, edificada sobre la Convención Única (1961) a partir de la cual, los 183 países que la ratificaron se obligan a prohibir y sancionar todas las conductas relacionadas con la producción, comercialización y consumo de estupefacientes, exceptuando solamente los usos médicos y científicos.

Transcurridos más de cincuenta años desde la declaratoria de “guerra contra las drogas” del expresidente estadoudinense Richard Nixon, parece imposible desarmar el edificio de la prohibición para construir uno nuevo que se cimente en tres premisas básicas 1) aceptar la realidad antiquísima del consumo de sustancias estupefacientes, que no es posible eliminar mediante la represión 2) reconocer la prevalencia de los tratados y pactos de derechos humanos en las políticas de drogas 3) Conceder suficiente autonomía para que los Estados definan estrategias nacionales.

Una modificación sustantiva del abordaje de las sustancias sicotrópicas, requiere de un nuevo consenso global que no se avizora en el horizonte de las formales discusiones internacionales. Colombia, es el país más indicado para tomar la iniciativa y poner sobre la mesa, sin ambages, la necesidad imperiosa de la regulación legal de las drogas, habilitado por la legitimidad que le otorga la lucha incansable contra el narcotráfico y por la paz.

Cabe mencionar que Colombia inició y lideró, durante los dos períodos de Juan Manuel Santos, el debate para cambiar el enfoque de las políticas en la ONU y en la OEA, logrando avances, junto con varios países afines, en derechos humanos, derecho a la salud y desarrollo alternativo sostenible.

En buena hora el Presidente electo, Gustavo Petro y su Vicepresidenta Francia Márquez, han definido en su programa de gobierno, la apuesta por cambios profundos, como se lee en el siguiente aparte:

“5.3 Hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las economías ilegales El enfoque del prohibicionismo en el tratamiento del problema global de las drogas le impuso a Colombia la guerra en torno a las economías ilegales de la de coca, amapola y cannabis. Esta guerra ha fracasado y el país necesita avanzar hacia un nuevo paradigma que concite la voluntad global y de América Latina hacia una agenda internacional concertada basada en los derechos humanos y la construcción de la paz la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública. (Colombia Potencia Mundial de la Vida. Programa de Gobierno 2022-2026).

En mi parecer, es muy acertado el planteamiento del Programa del nuevo Gobierno, en particular cuando refiere a la necesidad de acuerdos regionales y globales “hacia una agenda internacional concertada…”, indicando que se trata de un proceso en el cual Colombia no puede, ni debe, lanzarse en solitario. El propósito es muy importante y, por ello, es menester trabajar sin precipitudes.

Refiero a continuación, cinco enseñanzas del debate internacional promovido por Colombia, durante los dos períodos de gobierno de Juan Manuel Santos:

(En contexto: Regular la coca y la cocaína: ¿el reto del próximo gobierno?)

1. La oposición de los países pro status quo (encabezados por Rusia y China) ha impedido que los derechos humanos sean asumidos plenamente como columna vertebral de las decisiones sobre drogas de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.

Un ejemplo ilustrativo: El texto final de la Declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) -que se llevó a cabo en el 2016, por iniciativa de los presidentes de Colombia México y Guatemala- se negoció en Viena, durante largas sesiones informales de la Comisión de Estupefacientes.

El asunto más difícil para arribar a consensos fue el de expresar que los Derechos Humanos, junto con las Convenciones de Drogas, son la piedra angular del sistema internacional de fiscalización. Hasta último momento la resistencia de los países opuestos al cambio, se mantuvo; la fórmula acordada, evita mencionar los pactos y tratados de derechos humanos por su nombre dejándolos en la categoría difusa de otros instrumentos internacionales pertinentes, como se puede leer en el Documento Final de la UNGASS “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”

“…Recalcamos que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 , el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 , la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y otros instrumentos internacionales pertinentes constituyen la piedra angular del sistema de fiscalización internacional de drogas” (subrayado y resaltado fuera del texto).

2. El sistema internacional de fiscalización de drogas ilícitas está blindado contra los cambios

Al contrario de los Pactos y Tratados de Derechos Humanos, las Convenciones de Drogas no previeron Conferencias periódicas de los Estados Parte para analizar su cumplimientos y eventuales cambios (COP), ni Comités de Expertos que reciban Informes de los Estados.

Las normas que refieren a enmiendas son prácticamente imposibles de cumplir pues para que una solicitud de enmienda sea aceptada, se requiere que todos los miembros de estas Convenciones estén de acuerdo; es decir, solo pueden ser aprobados decisión unanime de los 183 Estados que hacen parte de las mismas.

(Vea: “Nunca se habían dado tantas condiciones para avanzar en la regulación de drogas”)

Un ejemplo ilustrativo. El caso del Bolivia:En el 2011, atendiendo un mandato constitucional, el gobierno de Bolivia, propuso enmienda a la Convención Única sobre Estupefacientes para darle amparo legal al masticado tradicional de la hoja de coca (acullico) y se permitiera el cultivo de esta planta, en áreas acotadas, para ese fin específico. El intento fue demolido por iniciativa de Estados Unidos y 17 países más, entre ellos varios de Europa Occidental y América Latina. Ante ese hecho, Bolivia anunció que se retiraría de la Convención, si no se le permitía la reserva para el masticado de la coca. Se necesitaba entonces que la tercera parte de los 183 países firmantes, negara la solicitud de este país; lo hicieron quince de los 63 requeridos. En consecuencia, Bolivia reingresó como Estado Parte y se admitió el derecho de los indígenas bolivianos a masticar la hoja de coca, después de un desgastante proceso que resulta incongruente con las Declaraciones de Derechos de los pueblos indígenas.

3. La liberalización del cannabis para uso adulto (recreativo), en varios países y estados de USA no ha sido aprobada ni legitimada por los órganos competentes de Naciones Unidas

Ejemplos ilustrativos Uruguay, Canadá y dieciocho Estados de USA: Uruguay y Canadá produjeron legislaciones nacionales que permiten el uso adulto del cannabis, argumentando su posición en la libertad de los consumidores y el deber del Estado de protegerles de tratos con organizaciones delincuenciales. Ninguno de los dos “pidió permiso” a la Comisión de Estupefacienes; simplemente optaron por lo que se ha llamado “deserción blanda” de las Convenciones de Drogas; es decir, se mantienen en el Sistema defendiendo su decisión. Por otro lado, dieciocho Estados de USA, más Washington, han aprobado mediante referendos el uso recreativo del cannabis, con distintos grados de liberalización.

Subsisten, para todos los países y Estados problemas con entidades financieras que frenan el flujo de dineros por este rubro.

4. La coca y la cocaína continúan blindadas a toda prueba La marihuana es la sustancia estupefacientes más consumida en el mundo y, a la vez, la menos dañina y sus virtudes medicinales han sido demostradas. La aprobación ciudadana de su legalización va en incremento en muchas latitudes

La cocaína sigue tachada como una droga que puede producir enormes daños a la salud; los estudios sobre sus virtudes alimenticias y medicinales no han sido estimulados y, aunque en Estados Unidos es baja su incidencia en muertes por sobredosis y el consumo se ubica muy por debajo del cannabis, las drogas sintéticas y los opioides, el veto sobre la cocaína es similar al de las drogas más duras, motivo por el cual no se puede esperar que una “deserción blanda” respecto de esta sustancia, se adelante sin que se produzcan reacciones y sanciones fuertes contra el país que se atreva dar ese paso.

(Lea: “Si Petro arregla el problema de la paz es un campeón mundial”: Pepe Mujica)

5. Un nuevo consenso global no se logrará, a corto ni mediano plazo, dentro del sistema internacional de drogas ni quebrando las reglas de juego.

En el caso que se unieran los países progresistas de América Latina y propusieran en la Comisión de Estupefacientes un cambio de paradigma en las políticas de drogas, simplemente serían ignorados, no se incluiría el tema en ninguna agenda; ni tendrían consecuencia alguna los discursos iniciales de los Ministros les representen. Oídos sordos.

La posibilidad de abrir el debate, debe madurarse durante varios años (dos o tres, al menos) fuera de las instancias formales sumando a países de todas las latitudes, afines a un cambio de enfoque, aunque de entrada no estén de acuerdo con plantear la legalización. Estados Unidos es fundamental, también Canadá, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda y varios a fricanos como Ghana, por ejemplo.

Una instancia informal, de carácter político y técnico, debería apostar a acuerdos que incluyan, entre muchos temas, mecanismos y estrategias que garanticen a la comunidad global que no se convertirán en “reinos del narcotráfico” .

Cuando se logre contar con, por lo menos, la mitad, de los cincuenta y tres países que conforman la Comisión de Estupefacientes, (que son elegidos por períodos de cuatro años en el ECOSOC), donde se toman las decisiones de políticas, será el momento de plantear un debate formal.

Con el fin de empujar cambios de enfoque, sobre todo incluyendo los derechos humanos y la salud, Colombia organizó cuatro diálogos informales-confidenciales, entre 2014 y 2016, con la participación de países afines, donde se precisaron las líneas rojas que se mantendrían dentro de la negociación de la Declaración de la UNGASS sobre Drogas del 2016 lo cual incidió, de importante, en que se consiguieran algunos significativos avances en esa ocasión.

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