Colombia + 20

21 Jul 2022 - 12:00 p. m.

“Nunca se habían dado tantas condiciones para avanzar en la regulación de drogas”

Felipe Tascón está al frente del equipo de empalme en temas de drogas y narcotráfico del presidente electo, Gustavo Petro. En este estuvieron líderes campesinos, indígenas y afros de diferentes regiones que contribuyeron a moldear la estrategia del nuevo gobierno, que se promoverá a escala internacional.
Sebastián Forero Rueda

Sebastián Forero Rueda

Periodista Colombia 2020
Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Colombia tiene 234.000 hectáreas de coca. / Raúl Arboleda - AFP
Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Colombia tiene 234.000 hectáreas de coca. / Raúl Arboleda - AFP
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Los cerca de 358.000 hectáreas de coca sembradas en el mundo -según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca- están distribuidas en tres países andinos: Colombia (65 %), Perú (24 %) y Bolivia (11 %). Hoy, por primera vez, en los tres países productores de la cocaína del mundo coinciden tres gobiernos progresistas en la visión sobre el tema de drogas: Gustavo Petro, Pedro Castillo y Luis Arce.

Esa coincidencia histórica podría convertirse en el punto de partida para ponerle fin al paradigma del prohibicionismo y avanzar hacia la regulación, cree Felipe Tascón Recio, coordinador del equipo de empalme en temas de drogas y narcotráfico del presidente electo, Gustavo Petro. Le agrega además los gobiernos de México (Andrés Manuel López Obrador) y Honduras (Xiomara Castro), principales países de tráfico. Y uno más: Brasil, en donde confía en que Lula Da Silva vuelva al poder en octubre.

Tascón Recio fue el elegido por Petro para estar al frente de su empalme en esta materia. Viene de estudiar la economía de la hoja de coca en terreno, en permanente contacto con las comunidades campesinas y étnicas, a quienes ahora quiere hacer protagonistas en la definición de la política de drogas. Durante las dos últimas semanas, líderes campesinos, indígenas y afros de Cauca, Valle, Nariño, Guaviare y Catatumbo integraron codo a codo el equipo de empalme con decenas de expertos en la materia.

“Todo lo que se construyó, se construyó en conjunto entre profesionales, técnicos, tecnólogos, especialistas, magísteres, toda la gente capacitada; y nosotros, como afros, indígenas y campesinos”, sostiene la lideresa Maydany Salcedo, proveniente del sur del Cauca, que dice haber participado del proceso con la responsabilidad de representar al sector campesino.

Ir más allá de la sustitución de cultivos

“Lo que encontramos es que el eje es la criminalización del campesino, cuando el eje tiene que ser brindarle oportunidades a ese campesino”, dice Tascón. Para eso, una de las principales recomendaciones del equipo de empalme al presidente electo es reformar la estructura institucional para manejar el tema de drogas.

(Lea: “Si Petro arregla el problema de la paz es un campeón mundial”: Pepe Mujica)

Actualmente, según la información que recibieron, hay por lo menos 27 entidades del Estado, regadas por 10 ministerios y en la Presidencia, que tienen alguna dependencia o función en relación con el tema de drogas. Esto, por ejemplo, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que tiene una tarea de prevención del consumo en jóvenes, hasta la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que persigue el lavado de activos. La propuesta es concentrar buena parte de eso en una nueva oficina/consejería/institución que regule y coordine la que será la nueva estrategia.

Para Carlos Adalberto Ángulo, líder de Tumaco (Nariño) que estuvo presente en el empalme, esa nueva estrategia debe ponerle fin a la criminalización de las comunidades que viven del cultivo de coca en el país, y cree que eso está claro en el nuevo gobierno. “Este proceso es esperanzador porque hubo la oportunidad de que escucharan de primera mano el sentir y lo que las comunidades han estado esperando por mucho tiempo: que el Estado entienda desde la perspectiva de la realidad lo que significan los cultivos de uso ilícito y cómo estos han resuelto el problema de subsistencia de las periferias olvidadas de la Colombia recóndita que ha sido excluida, marginada, sin infraestructura y sin medios de progreso”.

Así explica Tascón la ruta que ahora se seguirá: “¿Qué hacen las familias campesinas cultivadoras de coca? Se arriesgan a una economía ilícita a cambio de garantizar un ingreso seguro para su supervivencia. Si nosotros encontramos alternativas para brindarles ese ingreso de supervivencia, eso será mucho más efectivo que las políticas judiciales y policivas que se han usado en los últimos 50 años. El criterio será volcarse a la economía campesina”, explica el experto.

(En contexto: Regular la coca y la cocaína: ¿el reto del próximo gobierno?)

Para él, es equivocado hablar de sustitución de cultivos y debe hablarse más bien de sustituir el proceso productivo en su conjunto, con las particularidades que ofrece la coca, que, a su juicio, son cuatro: una alta rotación, que garantiza entre cuatro y seis cosechas al año; se procesa en el campo, desde la hoja de coca hasta la pasta base; se reduce en ese procesamiento su peso y volumen en unas 500 veces, de una tonelada de hoja de coca a dos kilogramos de pasta base, y, por último, tiene garantizados el precio y el mercado. “Si nosotros queremos hacer un proyecto alternativo, y eso es lo que buscamos, hay que repetir eso con otros productos o con productos legales de la coca”.

Sobre el futuro del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que estipuló el cuarto punto del Acuerdo de Paz, Tascón Recio asegura que habrá que encontrar una forma de rediseñar la estrategia, pues, así como está, resulta insuficiente para atender el problema. Asimismo, cuestiona que en lo que se reformó entre el Acuerdo de Paz firmado en Cartagena y el que se firmó en el teatro Colón, en Bogotá, se eliminó una idea clave: la gradualidad. “Decir que se tiene que arrancar toda la coca para poder avanzar no es real”, sostiene. Y agrega: “Tenemos que encontrar una alternativa que les dé respuesta a todas las familias campesinas cocaleras, no solo a las que firmaron en el gobierno Santos (99.000)”. Sostiene que incluso campesinos inscritos al programa, a quienes aún se les deben buena parte de los proyectos que prometía el programa, preferirían arrancar de nuevo con otra estrategia que tratar de retomar el PNIS.

Liderar el debate internacional hacia la regulación

Para Tascón, la regulación no puede darse de la noche a la mañana o perjudicará a las familias productoras Lo explica así: “Hoy los campesinos que cultivan coca para producir cocaína están en las periferias del país: el piedemonte Pacífico de la Cordillera Occidental, el Bajo Cauca, el Catatumbo y de forma marginal en el eje Putumayo-Caquetá-Guaviare. Si el 8 de agosto fuera legal la cocaína, ¿en dónde se siembra coca? No tendría ningún sentido que se siembre en esas lejanías, el sitio ideal para sembrarla sería el Valle del Cauca, lo más cerca posible al aeropuerto de Palmira. Los grandes latifundios que hoy están en caña se volverían de coca; y los campesinos de Argelia, de Tumaco, de Olaya Herrera, de Puerto Asís, de Tibú se quedarían con sus muertos, con sus presos y con el estigma”.y para que funcione, dice, “las dos vías del camino pacífico: la de oferta, con la producción, y la demanda, con la legalización, tienen que ir de la mano gradualmente”.

(Vea también: ¿Una nueva alternativa al PNIS potenciaría la sustitución de coca en Colombia?)

Lo que sí puede hacer Colombia en el corto plazo es “hablar duro en el escenario internacional”, en la medida en que produce cerca del 75 % de la cocaína del mundo. Y en estas dos semanas del empalme, ese proceso ya se habría empezado a gestar: Tascón y su equipo ya se reunieron con Ricardo Soberón, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), que regula el tema en Perú, quien se habría ofrecido a acoger en ese país la conferencia internacional para avanzar en la regulación y superar el prohibicionismo, que había quedado pactada en el cuarto punto del Acuerdo de Paz.

En los diálogos del empalme, el equipo del presidente electo también conversó con Milton Romani, quien dirigió la legalización de la marihuana en Uruguay, y con Sabino Mendoza, líder indígena de los yungas, que manejó este tema en el gobierno de Evo Morales, en Bolivia. Lo que cree Tascón es que los países con gobiernos progresistas pueden armar un bloque para sentar las bases del cambio internacional en el paradigma en temas de drogas. “Lo fundamental es el cambio en términos de cómo se aborda esto: no es el problema de las drogas, sino los problemas que nos ha generado la prohibición de las drogas”, sentencia.

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