Implementación del Acuerdo: recuperando, a marchas forzadas, el tiempo perdido

Volver a caer en la guerra después de firmar un acuerdo de paz es una posibilidad que varía según un amplio rango de factores. Sin embargo, algunos estudios sugieren que la probabilidad de recurrencia de la guerra es significativa. Por ejemplo, según un estudio de Naciones Unidas, entre el 40 y el 60 por ciento de los países que experimentan una guerra civil recaen en la violencia dentro de la década posterior a la firma de un acuerdo de paz. De manera similar, expertos del Banco Mundial hallaron que el 44 por ciento de los países que experimentaron una guerra civil entre 1980 y 2010 sufrieron una recaída en la violencia dentro de los cinco años posteriores a la suscripción del acuerdo.

Luego de la firma del Acuerdo Final, el Estado colombiano adoptó una serie de medidas para mitigar los riesgos documentados por las estadísticas: se incorporaron artículos transitorios en la Constitución Política, se adoptaron instancias como la CSIVI, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otros.

A través de los Documentos CONPES 3850 de 2015 y 3867 de 2016 se adoptó el arreglo institucional para financiar la política de paz y posconflicto de modo que fuera sostenible y coordinada durante el plazo de implementación de los acuerdos.

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De acá la creación del Fondo Colombia en Paz -FCP- (a través del Decreto Ley 691 de 2017) y de instancias rectoras como el Comité Interinstitucional para el Posconflicto -CIP- (Decreto 2176 de 2015). La institucionalidad consagrada a finales de 2017 parecía mitigar los riesgos de recaída en el conflicto, si incluso se sumaban a los diálogos que entonces comenzaban con el ELN.

Sin embargo, justo hace cuatro años, en marzo de 2019, el entonces presidente Iván Duque ya presentaba objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP (que la Corte Constitucional enterró dos meses después). Desde ese mismo año, no existe evidencia de operación del CIP ejerciendo las obligaciones establecidas por el Decreto 2176/2015 en materia de política posconflicto.

El Fondo Colombia en Paz, que debía funcionar como el gran articulador de los recursos para la implementación del acuerdo de paz, como un “Fondo de Fondos”, que llevara una ejecución rigurosa punto por punto del Acuerdo Final, terminó siendo un mecanismo de inversión de proyectos muy limitados en las zonas PDET.

Como resultado, cada instancia de financiación como el Fondo Multidonante, el Fondo Europeo o el Fondo del Banco Mundial para la Paz terminaron suministrando su oferta por fuera del mecanismo de coordinación establecido por el CONPES 3867. La oferta institucional se dispersó; y otras iniciativas se rezagaron -como el catastro multipropósito o la adjudicación de tierras-.

Lea: De la qatarsis a la hipocresía

Otras cayeron en manos de los corruptos -como ya se documentó con los OCAD-Paz-. Y otras nunca rindieron cuentas de cara a la implementación de los acuerdos -como los Contratos Paz-. El FCP, principal instrumento para financiar las inversiones requeridas para cumplir con los acuerdos de paz, quedó con más de 820 mil millones por ejecutar.

Si la literatura científica en materia de posconflicto sugiere que las recaídas en la violencia ocurren con mayor probabilidad dentro de los 5 a 10 años siguientes a la firma de acuerdos de paz, entonces Colombia viene caminando por una cuerda muy floja y delgada, producto de la “gestión” posconflicto durante los últimos cuatro años.

De modo que la implementación del Acuerdo de Paz no se limitan a la simple formulación y ejecución de proyectos e iniciativas asociadas a cada punto o a instrumentos como el Plan Marco de Implementación. Hoy en día se trata de reconstruir todo un tejido que quedó diseñado pero se abandonó y hasta se dañó: ¿qué pasó con el CIP? ¿Qué porcentaje de cumplimiento del Acuerdo Final se logró con los OCAD Paz o con los Contratos Paz? ¿en qué puntos? ¿en qué territorios? ¿Cuánto invirtió el gobierno anterior, digamos, en el punto 1 del Acuerdo para la zona PDET Catatumbo? ¿Cuánto de eso llegó a municipios como El Tarra o San Calixto? ¿Qué cambios se lograron allí? Ningún sistema de “gestión por resultados” dejado por el gobierno anterior es capaz de contestar preguntas de ese tipo.

En síntesis: en materia de paz casi que habrá que hacer en 4 años lo que en condiciones normales de compromiso con el acuerdo habría tomado 8. De allí que implementar el Acuerdo Final es una base fundamental en la Paz Total.

El Gobierno de Gustavo Petro, reconociendo ese hecho, asignó más de 1.7 billones de pesos a las entidades responsables de la implementación de los acuerdos, a través del FCP. Adicionalmente, fortaleció la reorganización del FCP mejorando su digitalización para tomar decisiones con base en evidencia y tecnologías de datos. Y está en un proceso ambicioso de estructuración de los planes y proyectos que, sintonizados con el Plan de Desarrollo, marcarán el camino para la consolidación de una paz estable y duradera.

*Director Ejecutivo Fondo Colombia en Paz

Volver a caer en la guerra después de firmar un acuerdo de paz es una posibilidad que varía según un amplio rango de factores. Sin embargo, algunos estudios sugieren que la probabilidad de recurrencia de la guerra es significativa. Por ejemplo, según un estudio de Naciones Unidas, entre el 40 y el 60 por ciento de los países que experimentan una guerra civil recaen en la violencia dentro de la década posterior a la firma de un acuerdo de paz. De manera similar, expertos del Banco Mundial hallaron que el 44 por ciento de los países que experimentaron una guerra civil entre 1980 y 2010 sufrieron una recaída en la violencia dentro de los cinco años posteriores a la suscripción del acuerdo.

Luego de la firma del Acuerdo Final, el Estado colombiano adoptó una serie de medidas para mitigar los riesgos documentados por las estadísticas: se incorporaron artículos transitorios en la Constitución Política, se adoptaron instancias como la CSIVI, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otros.

A través de los Documentos CONPES 3850 de 2015 y 3867 de 2016 se adoptó el arreglo institucional para financiar la política de paz y posconflicto de modo que fuera sostenible y coordinada durante el plazo de implementación de los acuerdos.

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De acá la creación del Fondo Colombia en Paz -FCP- (a través del Decreto Ley 691 de 2017) y de instancias rectoras como el Comité Interinstitucional para el Posconflicto -CIP- (Decreto 2176 de 2015). La institucionalidad consagrada a finales de 2017 parecía mitigar los riesgos de recaída en el conflicto, si incluso se sumaban a los diálogos que entonces comenzaban con el ELN.

Sin embargo, justo hace cuatro años, en marzo de 2019, el entonces presidente Iván Duque ya presentaba objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP (que la Corte Constitucional enterró dos meses después). Desde ese mismo año, no existe evidencia de operación del CIP ejerciendo las obligaciones establecidas por el Decreto 2176/2015 en materia de política posconflicto.

El Fondo Colombia en Paz, que debía funcionar como el gran articulador de los recursos para la implementación del acuerdo de paz, como un “Fondo de Fondos”, que llevara una ejecución rigurosa punto por punto del Acuerdo Final, terminó siendo un mecanismo de inversión de proyectos muy limitados en las zonas PDET.

Como resultado, cada instancia de financiación como el Fondo Multidonante, el Fondo Europeo o el Fondo del Banco Mundial para la Paz terminaron suministrando su oferta por fuera del mecanismo de coordinación establecido por el CONPES 3867. La oferta institucional se dispersó; y otras iniciativas se rezagaron -como el catastro multipropósito o la adjudicación de tierras-.

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Otras cayeron en manos de los corruptos -como ya se documentó con los OCAD-Paz-. Y otras nunca rindieron cuentas de cara a la implementación de los acuerdos -como los Contratos Paz-. El FCP, principal instrumento para financiar las inversiones requeridas para cumplir con los acuerdos de paz, quedó con más de 820 mil millones por ejecutar.

Si la literatura científica en materia de posconflicto sugiere que las recaídas en la violencia ocurren con mayor probabilidad dentro de los 5 a 10 años siguientes a la firma de acuerdos de paz, entonces Colombia viene caminando por una cuerda muy floja y delgada, producto de la “gestión” posconflicto durante los últimos cuatro años.

De modo que la implementación del Acuerdo de Paz no se limitan a la simple formulación y ejecución de proyectos e iniciativas asociadas a cada punto o a instrumentos como el Plan Marco de Implementación. Hoy en día se trata de reconstruir todo un tejido que quedó diseñado pero se abandonó y hasta se dañó: ¿qué pasó con el CIP? ¿Qué porcentaje de cumplimiento del Acuerdo Final se logró con los OCAD Paz o con los Contratos Paz? ¿en qué puntos? ¿en qué territorios? ¿Cuánto invirtió el gobierno anterior, digamos, en el punto 1 del Acuerdo para la zona PDET Catatumbo? ¿Cuánto de eso llegó a municipios como El Tarra o San Calixto? ¿Qué cambios se lograron allí? Ningún sistema de “gestión por resultados” dejado por el gobierno anterior es capaz de contestar preguntas de ese tipo.

En síntesis: en materia de paz casi que habrá que hacer en 4 años lo que en condiciones normales de compromiso con el acuerdo habría tomado 8. De allí que implementar el Acuerdo Final es una base fundamental en la Paz Total.

El Gobierno de Gustavo Petro, reconociendo ese hecho, asignó más de 1.7 billones de pesos a las entidades responsables de la implementación de los acuerdos, a través del FCP. Adicionalmente, fortaleció la reorganización del FCP mejorando su digitalización para tomar decisiones con base en evidencia y tecnologías de datos. Y está en un proceso ambicioso de estructuración de los planes y proyectos que, sintonizados con el Plan de Desarrollo, marcarán el camino para la consolidación de una paz estable y duradera.

*Director Ejecutivo Fondo Colombia en Paz