El proceso electoral de las CTEP, al igual que las elecciones generales al Congreso, no estuvo exento de debates, alertas y sinsabores, dada la falta de integridad en la que derivo el proceso dadas las ambigüedades, así como por la falta de oportunidad por parte de las autoridades electorales. No obstante, es de admirar la valentía, la capacidad de aguante de un número significativo de candidatos/as que, con el apoyo de sus comunidades y organizaciones sociales, batallaron en una arena política plagada de adversidades estructurales. Al constreñimiento electoral y la falta de garantías para facilitar el juego democrático claro y transparente, como la poca y, en algunos casos, nula financiación a las campañas políticas, se sumaron dinámicas clientelares perversas y, por supuesto, amenazas directas contra la vida de candidatas y candidatos a estas curules que provenían de diversos actores violentos.
No olvidemos que desde la misma firma del Acuerdo Final las curules para la paz, particularmente la definición de las reglas de juego para su elección, fueron objeto de múltiples controversias y, ante todo, tuvieron que sortear diferentes amenazas. Por ejemplo, los partidos progobiernistas afirmaron que las curules de paz serían copadas por miembros del partido Comunes, es decir antiguos miembro de las FARC-EP. De otro lado, el gobierno de Iván Duque con su baja voluntad y escepticismo frente a la implementación del Acuerdo no puso en marcha el proceso, sino en posición de neutro; así no se dieron las medidas de protección de los y las candidatas a estas curules. Razón por la cual solo a 24 horas del inicio de los comicios electorales, 20 representantes en los departamentos de la Guajira, Magdalena y Cesar renunciaron tanto por las amenazas de muertes recibidas, como por la falta de otras garantías electorales como el financiamiento de campañas y la equidad para el proselitismo.
Especial multimedia Curules de paz, las víctimas llegan al Congreso.
A los anteriores anomalías electorales se sumaron las demandas contra aquellos candidatos/as que por tener un gran poderío económico y armado estaban casi que elegidos, como fue el caso Jorge Tovar, hijo de Jorge Cuarenta en representación de grupos de paramilitares; Karen Manrique con denuncias por recibir apoyo del partido liberal; John Freddy Núñez y James Hermenegildo Mosquera por su cercanía con clanes políticos y grupos paramilitares; Javier Rincón por apoyo del partido conservador y recibir apoyo del gobernador del Tolima. Esto es, en un total de 5 candidatos elegidos, la tercera parte de las 16 curules, tienen serios cuestionamientos por sus apoyos a través de los cuales fueron elegidos. Ni que hablar de aquellos candidatos que se quemaron como en la Costa Caribe que representaban a clanes políticos como el caso de William Romero, el “mandadero” de la familia Gnecco en Valledupar, así como, Norberto Castro Araujo, con líos por corrupción en el Cesar.
Insistimos, el esfuerzo político para proteger y, especialmente, para garantizar los derechos de las víctimas está siendo y seguirá siendo minimizado por diferentes gremios económicos, sectores académicos y, especialmente, partidos de derecha. Al considerar que las CTEP no son una oportunidad política para las víctimas, lo definen como una posibilidad real y concreta para que los denominados partidos de izquierda obtengan un mayor poder político en el Congreso. Como sí estos partidos realmente representarán a las víctimas. No olvidemos que Comunes tiene una deuda histórica, no solo política, también económica para con las víctimas que está aún pendiente de resarcir. Entonces ¿Cuál es el temor? Cuando es en el Congreso la arena política indicada para que las víctimas exijan ante el Gobierno y el partido Comunes el cumplimiento de lo pactado en la Habana.
Pero se olvidan los detractores de las CTEP que a la contienda se inscribieron 401 candidatos/as, lo que representaban en promedio 25 personas para cada curul. Es un dato interesante dadas las condiciones de alta complejidad que se vive en estos territorios. Según cifras de Indepaz, en lo corrido del 2022 –corte a 12 de febrero – habían sido asesinados 24 líderes sociales y 3 excombatientes de la FARC, además se habían perpetrado 19 masacres, con 82 víctimas.
En definitiva, no es nada fácil el camino para las víctimas y sus representantes en el Congreso. Si, la prueba de sangre y fuego que acaban de sortear un número de candidatos-as a estas circunscripciones es de admirar; ahora viene la otra “prueba de fuego” y es en el Congreso. Allí es donde se deben las y los representantes de los territorios afectados por la guerra alzar la voz para debatir, proponer y, siempre, velar por los derechos de las víctimas que estarán representando. Frente a los cuestionamientos que tienen algunos de estos representantes es necesario desde el mismo Congreso, así como, desde las organizaciones de víctimas, ONG y colectivos sociales, hacer un seguimiento constante y riguroso para fiscalizar su acción y de ser el caso denunciar su falta de compromiso y responsabilidad con las víctimas que dicen representar.
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