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Las víctimas de El Salado se cansaron de esperar. Llevan 25 años haciéndolo. De hecho, muchas de las sobrevivientes de la masacre del año 2000 se murieron esperando. Esperando un vertedero de basuras y un alcantarillado digno que reemplace la zanja putrefacta por donde baja el agua, que se inunda en épocas de lluvia convirtiéndose en foco de enfermedades.
Esperando un puesto de salud que no se esté derrumbando como el que tienen ahora. Que esté dotado con todo lo necesario y que cuente con profesionales de la salud que los puedan atender y así no tengan que viajar hasta El Carmen de Bolívar o Cartagena para las consultas más básicas.
Esperando la dichosa reparación integral que varias sentencias judiciales han ordenado, pero que no se ha materializado para todas las familias. Esperando eso y el acceso a otros derechos fundamentales y servicios básicos.
Y no es porque sean unos “atenidos”, como insinúa mucha gente indolente. Es porque esta era una comunidad próspera, autosuficiente y en paz antes de la masacre; y exigen que el Estado, que no fue capaz de protegerla e impedir que el horror se cerniera sobre ella, se haga cargo por fin de la reparación a la que tienen derecho.
Porque lo que pasó entre 16 y el 21 de febrero del año 2000, cuando más de 450 paramilitares se tomaron el corregimiento sembrando muerte, desplazamiento y violencia a su paso, en presunta complicidad con miembros activos de la Infantería de Marina y la Policía, les cambió la vida. Y esta es la hora que tampoco saben quiénes fueron los determinadores de ese destino tan cruel.
Por eso el 18 de febrero de este año, las y los salaeros se movilizaron sobre la troncal de occidente, que conecta a El Carmen de Bolívar con Cartagena, y pusieron a todo el mundo a esperar. A los pasajeros de los buses intermunicipales, a los camioneros, a los turistas, a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar, la alcaldía de El Carmen de Bolívar, la personería y la Procuraduría, y a todo el que tuvo la mala suerte de cruzarse ese día con la manifestación.
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Una fila de más de dos kilómetros de carros, buses, motos, tractomulas y caras largas esperó durante horas, bajo el apabullante sol de los Montes de María, a que alguna delegación del gobierno nacional hiciera presencia en la protesta.
Y todo ese desespero colectivo porque a pesar de que los líderes y lideresas de El Salado han participado en múltiples escenarios de concertación con diferentes ministerios y entidades de orden nacional, departamental y municipal, los problemas que padecen son los mismos de hace un cuarto de siglo: sus veredas siguen sin luz y sus vías sin pavimentar, el campesinado sin acceso a tierras, la primera infancia sin un centro de atención integral, y la mayoría de las víctimas en total olvido y abandono estatal.
Cuatro meses después de la movilización, y tras solicitar insistentemente reuniones con las entidades del orden nacional, esta semana la comunidad tendrá un espacio de concertación con funcionarios/as de varios ministerios y otras instituciones. El espacio fue citado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y se espera que sea el inicio de un proceso real de reparación, que garantice la no repetición, pero, sobre todo, que empiece a satisfacer los derechos de una comunidad azotada por la violencia y la indolencia estatal.
Solo el tiempo dirá si la espera valdrá la pena, y si está cerca el día en que por fin el Estado salde sus deudas con esta población víctima de uno de los hechos más atroces del conflicto armado en Colombia.
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