A todos los niños y niñas víctimas del bombardeo, Colombia les falló dos veces

Para la ley colombiana, Sofía* era una niña hasta hace apenas unos meses. Pero desde que cumplió 13 años, se convirtió —según el ministro Pedro Sánchez— en una “adolescente objetivo legítimo” de una acción militar.

A su edad, Colombia le falló dos veces. La primera, cuando pese a todas las advertencias desde 2018, el país no movió una pestaña para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La segunda, cuando, en respuesta a ese fracaso, la bombardeó y la mató. Un bombardeo debería ser el último recurso cuando se ha agotado todo lo demás. Pero en Colombia poco se hizo antes de llegar a ese punto.

Desde 2018 estábamos advertidos. Las alertas de la Defensoría, los informes técnicos y los seguimientos institucionales coincidían en que el riesgo de reclutamiento venía creciendo. Se conocían los municipios, las trayectorias de expansión armada y las señales tempranas. Nada tomó por sorpresa al Estado. Lo sorprendente fue lo que decidió hacer después: prácticamente nada. O peor: muchas “cositas” que no funcionan.

La arquitectura institucional para prevenir el reclutamiento se volvió un ritual burocrático: mesas técnicas sin impacto, rutas de atención que no logran entrar en territorios bajo control armado y recomendaciones que se repiten de alerta en alerta sin transformar nada. Cuando se agotan la creatividad o el presupuesto, todo termina en el mismo llamado vacío a la “coordinación interinstitucional” o al “fortalecimiento de capacidades”. Mientras la alerta advirtió el riesgo, la respuesta fue irrelevante para contenerlo.

En los hechos, el Estado renunció a la prevención. Renunció a intervenir las condiciones que permiten el reclutamiento; renunció a anticiparse; renunció a construir presencia donde solo persisten los grupos armados. La escuela se invoca como barrera protectora sin herramientas reales para sostenerla; el ICBF aparece como si tuviera presencia rural; la Fuerza Pública se limita a patrullajes episódicos que no disputan el control ni la coerción criminal. Y luego nos preguntamos por qué crecen los grupos armados. ¿Cómo no van a crecer, si nada les corta el acceso a armas, a dinero y a gente? Y por gente hablamos de niños, niñas y adolescentes: nuestro presente y nuestro futuro como sociedad.

A diferencia del Estado, los grupos armados sí actuaron estratégicamente después de la desmovilización de las FARC-EP. Se adaptaron, ampliaron repertorios de reclutamiento y violencia, fortalecieron sus economías ilegales y profundizaron su control territorial. La distancia entre advertencia y acción se volvió un abismo institucional. Y, aun así, la respuesta favorita —y en algunos sectores, casi la única— dentro de las Fuerzas Militares siguió siendo el bombardeo.

En estos días se ha dicho mucho, pero persiste una idea peligrosa cada vez que un bombardeo mata a menores reclutados: que, si el Estado deja de bombardear, los grupos reclutarán más niños porque les sirven de escudo. Esa afirmación es falsa y políticamente dañina. Los grupos armados NO reclutan menores porque aumenten o disminuyan los bombardeos. Tampoco lo hacen porque sean “mejores escudos humanos”. El reclutamiento infantil responde a razones estructurales más profundas.

Reclutan menores porque son más vulnerables y más captables; porque tienen menos protección comunitaria y familiar; porque es más fácil manipularlos o someterlos; porque son más baratos de mantener y más moldeables; porque garantizan lealtades más largas y un control interno más estricto. Reclutan menores porque la escuela no los protege, porque la comunidad está bajo amenaza, porque el Estado no llega, y porque las economías ilegales necesitan mano de obra joven. Es una decisión racional dentro de su economía criminal, no una reacción a un tipo de operación militar.

Cuando el Estado falla durante años en prevenir el reclutamiento, la respuesta final —tarde, errática, desesperada— termina siendo la más dolorosa: bombardear campamentos donde es altamente probable que haya menores. Creíamos superada esta práctica, pero no.

Colombia ha normalizado algo que es, sin exagerar, una de las expresiones más crueles y moralmente insoportables de nuestra historia reciente. Y no es solo una falla de inteligencia militar: es la consecuencia directa de haber abandonado la prevención. Cuando no se disputa el reclutamiento en su origen, cuando no se protege a tiempo, cuando no hay presencia territorial sostenida, la operación militar se convierte en un castigo postrero que cae sobre quienes debían ser protegidos.

¿Por qué la Fuerza Pública privilegia estas operaciones? Porque son rápidas; porque producen resultados visibles; porque evitan la complejidad de disputar el territorio; porque la presión política por mostrar “bajas” pesa más que la obligación de proteger a la infancia. Y porque durante demasiado tiempo el país dejó de exigir que las operaciones cumplieran el estándar mínimo del Derecho Internacional Humanitario: distinguir y preservar la vida civil.

Hablar hoy de reclutamiento infantil es hablar de una doble renuncia estatal: la renuncia a prevenir y la renuncia a proteger. La primera deja el camino abierto para que los grupos recluten; la segunda justifica intervenir tarde, cuando el daño ya está hecho y la tragedia es inevitable. En esa distancia entre advertir y actuar se han perdido vidas, proyectos de vida y comunidades enteras.

El reclutamiento no es inevitable ni un daño colateral de la guerra. Es el resultado directo de una política que dejó de priorizar la prevención cuando más se necesitaba. Mientras esa renuncia persista, cada alerta temprana seguirá siendo un registro tardío de lo que el Estado permitió que ocurriera. Como en el caso de los menores que cayeron en el bombardeo de Guaviare.

Permítanme una pequeña licencia para cerrar. Si tienen hijos, hijas, sobrinos o nietos de las edades de todos los niños, niñas y jóvenes mírenlos un momento y pregúntense qué harían si alguien se los llevara de un día para otro. Piensen cómo sería guardar silencio por miedo, cómo sería no poder denunciar sin ponerlos en riesgo, cómo sería recibir su cuerpo sin vida tras un operativo militar.

En esta tragedia hay dos responsables: el grupo criminal que los reclutó y el Estado cuya respuesta terminó matándolos.

*Nombre cambiado por seguridad

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