Apoye, No Castigue: exigir lo obvio, cambiarlo todo

El imaginario colectivo que se ha construido alrededor de las personas que usan drogas está sostenido sobre narrativas que reproducen un sinnúmero de estigmas asociados usualmente a la enfermedad, la criminalidad, el fracaso, el desprecio, el castigo y el rechazo que deriva en el deseo de exclusión de la sociedad a la que algunas personas, supuestamente, no merecen pertenecer.

Bajo esta lógica, el estigma se ha alimentado del racismo, la criminalización de la pobreza, la falta de evidencia, los estereotipos de género y la desinformación constante, transformándose en leyes, decretos y políticas públicas que han perpetuado el aislamiento y han generado obstáculos en la garantía de derechos a la salud, la educación, la vivienda, el empleo y, en algunos países, a la vida misma.

Como respuesta a estas estructuras surge Apoye, No Castigue, una iniciativa de incidencia global que tiene por objetivo posicionarse cómo una respuesta a las narrativas de los gobiernos que respaldan la “guerra contra las drogas”, impulsando políticas basadas en los derechos y construyendo una apuesta en oposición al punitivismo que nos atraviesa como sociedad. En este sentido, desde Elementa llevamos casi una década participando activamente en esta campaña, bajo la premisa de que los cambios normativos son necesarios e importantes, pero deben ir acompañados de transformaciones más profundas que le apunten a poner a las personas y sus derechos en el centro de la conversación y eliminen definitivamente el estigma.

En este momento en que el gobierno colombiano ha manifestado su intención de liderar un giro internacional en la política de drogas —impulsando enfoques más humanos, menos punitivos y centrados en los derechos— el mensaje de Apoye, No Castigue cobra una relevancia especial. No basta con promover estos principios en escenarios multilaterales: la legitimidad de ese liderazgo internacional depende, en buena medida, de la coherencia interna.

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Esa coherencia comienza por reconocer que, aunque se han dado avances discursivos en la política nacional de drogas, el enfoque dominante sigue siendo el de la criminalización. Las personas que usan drogas continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud dignos, atención libre de discriminación, oportunidades laborales o acompañamiento psicosocial. La reducción de riesgos y daños sigue sin institucionalizarse plenamente y, en muchos municipios, ni siquiera existe como opción real. A esto se suma una normatividad que, lejos de proteger, muchas veces habilita formas de vigilancia, exclusión o violencia, especialmente contra personas jóvenes, personas trans, trabajadoras sexuales, habitantes de calle y comunidades racializadas.

Colombia tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia una transformación estructural de su política de drogas. Esto implica mucho más que reformar leyes: exige desmontar imaginarios profundamente arraigados que asocian el uso de sustancias con el delito, el fracaso o la amenaza; formar funcionarios públicos en enfoques basados en derechos; asignar recursos reales en los presupuestos anuales; y escuchar, de forma vinculante, a quienes han vivido en carne propia las consecuencias del castigo.

Apoye, No Castigue es, entonces, una consigna que interpela directamente al Estado colombiano: si realmente quiere liderar una transformación global, debe empezar por garantizarla en su propio territorio. El cambio que el país defiende ante el mundo debe reflejarse en políticas públicas que prioricen la vida, la dignidad y la justicia social por encima del control, el miedo o la sanción. Solo así, con coherencia, valentía y voluntad política, podremos pasar del discurso a la acción, y del castigo al cuidado.

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