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América Latina ha cargado con los mayores costos humanos, sociales y ambientales de la guerra contra las drogas. Durante décadas, nuestras políticas han priorizado la erradicación, la criminalización y el castigo, en lugar del cuidado y la protección de la salud y los derechos.
Las consecuencias han sido devastadoras: poblaciones empobrecidas, racializadas y marginadas han cargado con el peso del encarcelamiento masivo, la violencia institucional y el abandono estatal. Todo esto, mientras persiste una baja inversión en enfoques de salud pública, y estrategias como la reducción de riesgos y daños (RRD) siguen siendo marginales en la mayoría de agendas políticas de la región.
En este contexto, fortalecer las capacidades regionales para construir respuestas más humanas y eficaces frente al fenómeno del consumo de sustancias se vuelve no solo necesario, sino urgente. Sobre todo, en un momento en que el liderazgo del sur global ha resaltado, con agendas propias, voces diversas y saberes situados.
Con ese objetivo, desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas CESED, un centro de investigación interdisciplinario de la Universidad de los Andes, que busca promover un debate amplio e informado sobre las políticas de seguridad y drogas en Colombia y América Latina, creamos el curso “Reducción de riesgos y daños por y para América Latina”, una experiencia de formación y encuentro entre personas que usan drogas, activistas, funcionarios/as públicos, investigadores, profesionales de la salud y representantes de la sociedad civil. Un espacio colaborativo, plural e innovador que no solo buscó compartir herramientas técnicas y prácticas, sino también posicionar la RRD como una respuesta ética, de cuidado, viable y transformadora frente a los desafíos que enfrenta nuestra región.
El curso se llevó a cabo de forma presencial en Villa de Leyva, Boyacá, entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 2025. Durante cuatro días intensivos, 30 personas de Colombia, México, Brasil, Perú, Ecuador y España se reunieron para compartir experiencias, fortalecer capacidades y pensar colectivamente nuevas rutas para el abordaje del consumo de sustancias, desde el enfoque de la reducción de riesgos y daños.
Una de las particularidades más valiosas del encuentro fue el diálogo entre personas usuarias, activistas y funcionarios públicos, profesionales de salud y académicos de la región. Sin querer reproducir esquemas formativos tradicionales, el curso apostó por una pedagogía del encuentro, donde cada persona fue reconocida como portadora de saber. Las jornadas combinaron sesiones técnicas, discusiones, talleres prácticos y espacios de reflexión colectiva, donde la diversidad de trayectorias, contextos y experiencias fue la principal riqueza del espacio.
Uno de los principales aprendizajes del curso fue reafirmar el liderazgo de América Latina. La región cuenta con una comunidad articulada, diversa y activa de personas que llevan décadas implementando la RRD en contextos profundamente adversos. Esta comunidad ha sabido tejer redes de colaboración que trascienden fronteras, generando espacios de intercambio de saberes, fortalecimiento mutuo y construcción colectiva.
En ese marco, se reafirmó también una convicción compartida: la RRD no es una propuesta importada, sino una práctica viva que se ha construido desde la región, con respuestas arraigadas en lo comunitario. El enfoque comunitario —uno de los principales aportes latinoamericanos al debate internacional— reconoce que la transformación social no se impone desde arriba. Se construye desde la base, reconociendo a las comunidades como agentes activos de organización y cuidado. En contextos donde el Estado ha estado ausente o ha operado principalmente desde la represión, han sido las propias comunidades las que han ofrecido respuestas más humanas, eficaces y sostenibles.
Esto cobra aún más sentido cuando hablamos de reducción de daños de espectro completo, una perspectiva imprescindible en América Latina, donde las condiciones estructurales —como la pobreza, la exclusión, el racismo, el machismo y la violencia institucional— impactan de forma directa los patrones de consumo y los riesgos asociados. La RRD de espectro completo no solo busca reducir los daños inmediatos del consumo, sino también transformar las condiciones de vida que lo atraviesan, integrando intervenciones en salud, acompañamiento psicosocial, inclusión social, acceso a vivienda, empleo y justicia.
En esta tarea, los pares comunitarios ocupan un lugar central. Se trata de personas con experiencia vivida en el uso de sustancias, que acompañan a otros desde la empatía, el conocimiento situado y la confianza construida. Su trabajo no solo reduce barreras de acceso, sino que fortalece los vínculos sociales y genera entornos más seguros. Reconocer su rol no es solo una estrategia operativa, es un acto político de dignificación y empoderamiento.
Asimismo, el curso resaltó el valor de la investigación para informar las políticas públicas; dejando claro que la evidencia no puede construirse únicamente desde centros académicos, sino que debe dialogar con las comunidades y reconocer las prácticas cotidianas, recoger la voz de quienes usan drogas y reflejar la complejidad del fenómeno en nuestros contextos, para lo cual el CESED reafirma su compromiso en crear espacios de articulación y formación como estos.
En conjunto, esta experiencia reafirmó que la RRD no puede seguir siendo vista como una estrategia marginal o un último recurso para quienes “no quieren” o “no pueden” dejar de consumir. Debe ser un componente estructural y transversal de las políticas de drogas, una apuesta ética por el cuidado, el respeto y la vida.
*Directora del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del CESED - Universidad de los Andes