Seis años del Acuerdo de Paz: segunda oportunidad a reforma agraria rural integral

Seis años han pasado desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. Este documento, incluyó una parte sustancial de la agenda agraria en su punto uno denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, con el que se busca reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

Los avances del punto uno, hasta el pasado gobierno fueron lamentables. De acuerdo con el último informe de la Procuraduría el cumplimiento de la meta de acceso a tierra llegó al 16% y la de formalización al 37%. Estos porcentajes que ya son bajo, podrían ser peor, pues los indicadores han sido cuestionados por cuanto existe un doble conteo de las hectáreas entregadas cuando se trata de baldíos ocupados, y la contabilización de adjudicaciones producidas antes del acuerdo final que estaban pendiente de registro. En relación al Catastro Multipropósito los avances van en 9,4% y no en 40% como se había anunciado por el gobierno saliente.

En contexto: Acuerdo de Paz: mensajes clave en la conmemoración de los seis años de la firma

La tierra es una condición necesaria pero insuficiente para superar las brechas en la ruralidad. De allí que el Acuerdo se propuso establecer distintas herramientas para atacar la pobreza y la desigualdad en una fase de transición de 15 años. Para ello se acordó la construcción de planes nacionales para la reforma rural, los cuales tendrían que tener una priorización inicial dentro de los denominados territorios PDET y tendrían que abordar diferentes aspectos: el acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción, así como la provisión de bienes públicos entre ellos salud, educación, y la seguridad social.

El Gobierno de Iván Duque dejó formulados 14 de los 16 planes, sin embargo, su formulación y ejecución no se pensó como sistema y cada plan ha sido estructurado de manera desarticulada con el resto de la institucionalidad. Además, estos planes responden en buena medida a la oferta institucional que ya existía antes del acuerdo, creando indicadores que de antemano cada cartera sabía que los cumpliría, de allí que por ejemplo planes como el de electrificación rural registre un avance en sus metas en un 500% para el 2022.

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Además, el acuerdo se propuso avanzar en términos de ordenamiento territorial, de allí que se planteara crear una instancia de alto nivel dentro del gobierno nacional que crearía lineamientos orientados a la planeación sobre los usos de la tierra, para coordinar, articular y armonizar las políticas sectoriales, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo; la adopción de un plan de zonificación ambiental que delimitara la frontera agrícola, y caracterizara el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial; y el apoyo a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de, las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, en la estructuración de planes para su desarrollo, que contribuyan con el cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental.

En este punto, si bien existen avances formales, como la adopción del plan nacional de zonificación, y la normatividad que permite la creación de acuerdos de conservación para población campesina dentro de parques, dichos avances no respondieron a procesos participativos que involucraran justamente a las comunidades que se encuentran dentro de dichos ecosistemas. En la práctica, imperó una respuesta militar a través de la denominada Operación Artemisa sobre el impulso de acuerdos para la protección del medio ambiente.

En este escenario algunas de sus actuaciones del nuevo gobierno resultan esperanzadoras. El propio presidente en múltiples oportunidades ha manifestado su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo Final y en especial del punto uno, anunciando un proceso de compra directa de 3 millones de hectáreas de tierra. Coherente con esa declaración, para 2023 el presupuesto aprobado para el sector agricultura se incremento en un 96%, llegando a 4.2 billones de pesos, de donde se espera que cerca de 400.000 millones se dirijan a avanzar en dicho propósito. Adicionalmente, el presidente ha convocado a una gran Convención Nacional Campesina que tendrá lugar la primera semana de diciembre; su ministra de agricultura nombró como viceministro de desarrollo rural a Darío Fajardo Montaña, académico conocedor del mundo campesino, quien ha defendido la reforma agraria y en especial las Zonas de Reserva Campesina; se han presentados dos proyectos de acto legislativo, uno creando la jurisdicción agraria y otro reconociendo derechos plenos al campesinado.

También: Gobierno de Colombia y Eln reinstalaron mesa de negociación en Caracas

Si bien estos elementos renuevan las posibilidades de la reforma rural integral, este gobierno debería recuperar al menos tres aspectos que quedaron en el acuerdo final que, no han sido tenidos en cuenta. En primer lugar, hay que recuperar el sentido integral de la reforma rural. Una prioridad debería ser la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria vigente en la ley 160/94. Este sistema debe articularse con la institucionalidad de paz, y su primera tarea debería ser la revisión de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral y el ajuste de indicadores y metas. Tarea que, además, debería dirigirse a cumplir la orden judicial de la sentencia SU-288/22 consistente en diseñar y organizar un sistema especial de evaluación de gestión y de resultados en relación con la política pública contenida en el punto uno del Acuerdo.

En segundo lugar, deberían revisarse los instrumentos de ordenamiento territorial para armonizarlos con los derechos campesinos, impulsando la participación de las comunidades organizadas, para tenerlas como aliadas en el propósito de volver a Colombia una potencia para la vida, dejando de lado la visión de que el campesinado es deforestador por naturaleza. Y tercero, debe retomarse el carácter participativo del acuerdo. Por ello, lejos de temerle a las organizaciones campesinas, el gobierno debería trabajar por su fortalecimiento, cumpliendo los acuerdos pactados en el marco de la movilización social o la negociación política; aumentando las instancias decisorias y haciendo vinculantes las decisiones que se tomen en la Convención Nacional Campesina.

*Coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia

Seis años han pasado desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. Este documento, incluyó una parte sustancial de la agenda agraria en su punto uno denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, con el que se busca reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

Los avances del punto uno, hasta el pasado gobierno fueron lamentables. De acuerdo con el último informe de la Procuraduría el cumplimiento de la meta de acceso a tierra llegó al 16% y la de formalización al 37%. Estos porcentajes que ya son bajo, podrían ser peor, pues los indicadores han sido cuestionados por cuanto existe un doble conteo de las hectáreas entregadas cuando se trata de baldíos ocupados, y la contabilización de adjudicaciones producidas antes del acuerdo final que estaban pendiente de registro. En relación al Catastro Multipropósito los avances van en 9,4% y no en 40% como se había anunciado por el gobierno saliente.

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La tierra es una condición necesaria pero insuficiente para superar las brechas en la ruralidad. De allí que el Acuerdo se propuso establecer distintas herramientas para atacar la pobreza y la desigualdad en una fase de transición de 15 años. Para ello se acordó la construcción de planes nacionales para la reforma rural, los cuales tendrían que tener una priorización inicial dentro de los denominados territorios PDET y tendrían que abordar diferentes aspectos: el acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción, así como la provisión de bienes públicos entre ellos salud, educación, y la seguridad social.

El Gobierno de Iván Duque dejó formulados 14 de los 16 planes, sin embargo, su formulación y ejecución no se pensó como sistema y cada plan ha sido estructurado de manera desarticulada con el resto de la institucionalidad. Además, estos planes responden en buena medida a la oferta institucional que ya existía antes del acuerdo, creando indicadores que de antemano cada cartera sabía que los cumpliría, de allí que por ejemplo planes como el de electrificación rural registre un avance en sus metas en un 500% para el 2022.

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Además, el acuerdo se propuso avanzar en términos de ordenamiento territorial, de allí que se planteara crear una instancia de alto nivel dentro del gobierno nacional que crearía lineamientos orientados a la planeación sobre los usos de la tierra, para coordinar, articular y armonizar las políticas sectoriales, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo; la adopción de un plan de zonificación ambiental que delimitara la frontera agrícola, y caracterizara el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial; y el apoyo a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de, las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, en la estructuración de planes para su desarrollo, que contribuyan con el cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental.

En este punto, si bien existen avances formales, como la adopción del plan nacional de zonificación, y la normatividad que permite la creación de acuerdos de conservación para población campesina dentro de parques, dichos avances no respondieron a procesos participativos que involucraran justamente a las comunidades que se encuentran dentro de dichos ecosistemas. En la práctica, imperó una respuesta militar a través de la denominada Operación Artemisa sobre el impulso de acuerdos para la protección del medio ambiente.

En este escenario algunas de sus actuaciones del nuevo gobierno resultan esperanzadoras. El propio presidente en múltiples oportunidades ha manifestado su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo Final y en especial del punto uno, anunciando un proceso de compra directa de 3 millones de hectáreas de tierra. Coherente con esa declaración, para 2023 el presupuesto aprobado para el sector agricultura se incremento en un 96%, llegando a 4.2 billones de pesos, de donde se espera que cerca de 400.000 millones se dirijan a avanzar en dicho propósito. Adicionalmente, el presidente ha convocado a una gran Convención Nacional Campesina que tendrá lugar la primera semana de diciembre; su ministra de agricultura nombró como viceministro de desarrollo rural a Darío Fajardo Montaña, académico conocedor del mundo campesino, quien ha defendido la reforma agraria y en especial las Zonas de Reserva Campesina; se han presentados dos proyectos de acto legislativo, uno creando la jurisdicción agraria y otro reconociendo derechos plenos al campesinado.

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Si bien estos elementos renuevan las posibilidades de la reforma rural integral, este gobierno debería recuperar al menos tres aspectos que quedaron en el acuerdo final que, no han sido tenidos en cuenta. En primer lugar, hay que recuperar el sentido integral de la reforma rural. Una prioridad debería ser la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria vigente en la ley 160/94. Este sistema debe articularse con la institucionalidad de paz, y su primera tarea debería ser la revisión de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral y el ajuste de indicadores y metas. Tarea que, además, debería dirigirse a cumplir la orden judicial de la sentencia SU-288/22 consistente en diseñar y organizar un sistema especial de evaluación de gestión y de resultados en relación con la política pública contenida en el punto uno del Acuerdo.

En segundo lugar, deberían revisarse los instrumentos de ordenamiento territorial para armonizarlos con los derechos campesinos, impulsando la participación de las comunidades organizadas, para tenerlas como aliadas en el propósito de volver a Colombia una potencia para la vida, dejando de lado la visión de que el campesinado es deforestador por naturaleza. Y tercero, debe retomarse el carácter participativo del acuerdo. Por ello, lejos de temerle a las organizaciones campesinas, el gobierno debería trabajar por su fortalecimiento, cumpliendo los acuerdos pactados en el marco de la movilización social o la negociación política; aumentando las instancias decisorias y haciendo vinculantes las decisiones que se tomen en la Convención Nacional Campesina.

*Coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia