Un pacto urgente para El Catatumbo

Es preocupante la prolongación de conflictos armados en regiones como Guaviare, Putumayo, Cauca, Sur de Bolívar y el más recrudecido El Catatumbo, Norte de Santander. El crecimiento de grupos armados ilegales, y las economías que los sustentan, así como las causas estructurales del conflicto, son los principales retos para la Paz Total y el futuro del país.

A la fecha de escribir este artículo, la crisis desatada por los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 del EMBF, desde el 16/01/2025 ha dejado 48 mil personas desplazadas, 25 mil más confinadas, y más de 100 muertes violentas (Defensoría del Pueblo - Fiscalía) entre ellos 6 firmantes de paz, y 12 más que se encuentran desaparecidos (Agencia para la Reincorporación y la Normalización).

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Tal fue el caso de Pedro Nel Angarita Ascanio, excombatiente reincorporado a la sociedad y quien estaba en su servicio con la empresa de servicios públicos de Teorama, cuando fue asesinado por el ELN el pasado 21 de enero. Pedro hizo su desmovilización en el AETCR Caño Indio de Tibú, lugar donde permanecen cerca de 40 firmantes de paz, que han sido amenazados directamente por el ELN bajo el dictamen de ser colaboradores o milicianos de las Disidencias de las FARC. Por este motivo se han desplazado forzadamente 152 firmantes desde los municipios del Catatumbo, frustrando proyectos productivos, procesos de reincorporación y en general la esperanza de paz para la región.

¿Por qué de la guerra?

El Catatumbo tiene valiosos recursos naturales -carbón y petróleo-, así como ha sido objeto de economías ilícitas. Habitado históricamente por comunidades indígenas y campesinas, ha resistido la violencia de guerrillas, paramilitares y la fuerza pública, lo que ha dejado más de 340.000 víctimas del conflicto armado interno (UARIV, 2024), además de ser una región con altos índices de pobreza multidimensional (ART, 2024).

El escenario es bastante complejo por la reconfiguración del conflicto, luego de la desmovilización de las FARC-EP en 2016. Frente al abandono estatal, el ELN, EPL, EGC y EMBF se disputan el control del territorio, siendo la guerrilla binacional del ELN el grupo con mayor capacidad de fuego. El conflicto se agudiza con la arremetida del ELN y la pretensión de expulsar al EMBF, en aras de controlar hegemónicamente el oriente colombiano.

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Un pacto para la transformación del Catatumbo

Existen puntos cruciales que el Gobierno no debe obviar para tratar este conflicto: además de la reciente declaración de conmoción interior y la militarización -que demandamos se de en el marco del DIH y los DDHH-, es preciso que incorpore en su intervención el acuerdo social y político logrado con las comunidades: el Pacto Social para la transformación del Catatumbo, (Ocaña. Julio, 2024); una serie de ideas de cambio que permitirían a la primera generación del territorio vivir en paz. A continuación, destaco:

Debate fundamental: Paz y Desarrollo

Replantear los conceptos de paz y desarrollo es un giro -decolonial- a la comprensión del conflicto. El extractivismo, que ha predominado, no ha logrado generar bienestar para la población, por el contrario, ha afectado especialmente a las comunidades agrarias, originarias, y sus ecosistemas. Un modelo que ha exacerbado conflictos socioambientales, y fomentado la violencia al sostener grupos armados ilegales que se financian con la explotación minera, energética y el narcotráfico.

Por tanto, urge replantear este modelo de desarrollo y apoyar agendas de paz intercultural, que reconozcan las identidades propias, promoviendo su arraigo y permanencia. Esto implica construir las políticas públicas con enfoque de justicia social y ambiental, que superen la visión explotadora.

Diálogo y Resolución de Conflictos Socioambientales

La violencia física, estructural y simbólica -ejercida por todos los actores armados- ha sido el instrumento para resolver los conflictos. Hay que insistir en las salidas dialogadas y construcción de acuerdos, más ahora que intereses contrarios compiten en la región: quienes luchan por la permanencia y buen vivir en el territorio, frente a quienes lo explotan indiscriminadamente.

Reconocimiento de Derechos Campesinos y Enfoque étnico

Es crucial reconocer al campesinado como sujeto de derechos, apoyando su forma de vida, cultura y su trabajo por la soberanía alimentaria. Esto implica el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el apoyo financiero y técnico, y la promoción de la asociatividad y la agroecología. Así mismo, proteger los derechos de los pueblos originarios, en este caso de los pueblos Barí, Uwa y Yukpa, afectados en su identidad, lengua y cultura.

Autonomía Territorial vs. Gobernanza Criminal

El reconocimiento de la autonomía de comunidades campesinas, indígenas y comunales, así como el fortalecimiento y protección de sus diversos liderazgos, son pilares fundamentales para el buen vivir del Catatumbo. La historia del Catatumbo ha sido la de una gobernanza violenta, que no se superará sin un fortalecimiento institucional, de la mano las figuras de gobierno propio. El fortalecimiento y protección de las JAC, los resguardos indígenas y organizaciones campesinas es un imperativo, siendo ellos organismos humanitarios y quienes trabajan por la población civil, y por ello han sido objeto del conflicto.

Apuntes finales

Permanecer en el territorio sigue siendo una lucha contra las violencias y el abandono estatal. Con el reconocimiento del poder local, la protección de la biodiversidad- interculturalidad, y la promoción de acuerdos para la resolución de conflictos socioambientales, se logrará avanzar en un cambio.

Se demanda una efectiva presencia estatal, que se armonice el Plan Nacional de Desarrollo con los acuerdos PDET y las demandas históricas del Catatumbo, materializadas en el Pacto por la Transformación del Catatumbo. La concreción de este pacto debe ser prioridad para la construcción de una región próspera, con justicia social y ambiental, y una estructura productiva que fortalezca el tejido social. Solo así será posible avanzar en la construcción de una Paz Territorial.

*Lucas E. Montaño es trabajador social y magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia

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