Una responsabilidad nada “Chiquita” en el conflicto armado

Hace pocos días un tribunal en Estados Unidos condenó a la empresa Chiquita Brands por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia y, con ello, haber generado condiciones para el desarrollo de sus acciones, lo que incluye violaciones de los derechos humanos de la población civil en el Urabá Antioqueño y el Magdalena Medio.

Esa decisión, que tiene especialmente una incidencia civil al condenar a la empresa a pagar una indemnización, es clave para entender por qué es necesario desarrollar en Colombia modelos de responsabilidad civil y penal de las empresas creadas específicamente para delinquir o que se vinculan directamente con actos criminales, así como mejorar las condiciones de investigación, juzgamiento y sanción de aquellas personas que, cumpliendo un rol específico en las empresas, contribuyeron a la grave situación de violación de los derechos humanos generada por el conflicto armado interno.

La justicia ordinaria, en especial la Fiscalía General de la Nación, y los mecanismos de justicia transicional implementados en estas dos últimas décadas en el país no han podido dar respuesta frente a la responsabilidad de terceros civiles (no combatientes ni autoridades del Estado) sobre lo ocurrido en el conflicto.

Lastimosamente, los terceros fueron excluidos de la competencia obligatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso, estos solo pueden ir a la JEP de manera voluntaria y es la Fiscalía General de la Nación quien puede investigarles. Por su parte, en el proceso de Justicia y Paz se han remitido cerca de 17.000 compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue, entre otros, a terceros (incluyendo empresarios, comerciantes y empresas) que presuntamente auspiciaron el conflicto armado. Igual ocurre en materia de restitución de tierras, donde las decisiones judiciales han señalado que buena parte de las empresas opositoras de los procesos no adquirieron la propiedad con buena fe exenta de culpa, no actuaron con debida diligencia y participaron de los despojos, compulsando copias a la Fiscalía para su investigación.

Esas experiencias de justicia no han podido revertir la impunidad existente en relación con los terceros civiles y, aunque han existido y existen investigaciones, así como algunos esclarecimientos, las sanciones son escasas.

Como lo expresó la Comisión de la Verdad en el capítulo Hallazgos y recomendaciones (pág. 180) “La impunidad ha favorecido, entre otros efectos, la persistencia de violaciones de derechos humanos, así como de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Fiscalía General de la Nación en no pocas ocasiones ha sido omisiva en la investigación y acusación de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, de lo que se han beneficiado actores armados, algunas empresas nacionales y multinacionales, actores políticos y terceros. Por el momento, la investigación y judicialización contra sus responsables se limita a algunas investigaciones archivadas, estancadas o refundidas, o a algunas sentencias dictadas por la justicia ordinaria o justicia transicional”.

El caso de Chiquita Brands, así como de su predecesora United Fruit Company, es ejemplificante de un fenómeno complejo sobre el que se requiere un mayor esfuerzo en materia de justicia y verdad. La responsabilidad no puede quedar solo bajo la titularidad de algunas personas que operaban la empresa, como si se tratará de decisiones meramente personales, sino que debe vincular a la persona jurídica. Los efectos de su participación en el conflicto armado son diversos, a partir del financiamiento y la colaboración, e impactaron sustancialmente la capacidad, los medios y los métodos de guerra de los grupos armados.

El financiamiento de Chiquita Brands a las AUC, que fue probado en 2007 y ahora tiene efectos indemnizatorios sobre sus víctimas, evidencia que las empresas no solo fueron víctimas del conflicto, como efectivamente ocurrió, sino que lastimosamente algunas de ellas se hicieron parte de este.

Hay una lucha en contra de la impunidad que debe darse con mayor intensidad, llegando a todos los actores del conflicto, para exigir no solamente la debida diligencia, sino la investigación, juzgamiento y sanción de quienes siendo responsables deban indemnizar a sus víctimas y reconocer lo ocurrido. La responsabilidad de las empresas que se vincularon directamente con el conflicto armado no es chiquita.