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Colombianos le ganan juicio a bananera Chiquita Brands y serán indemnizados

Concluyó el primero de los juicios en Estados Unidos contra la multinacional Chiquita Brands, la cual está demandada por miles de campesinos por las consecuencias de su millonaria financiación a las Autodefensas en el Urabá y Magdalena.

10 de junio de 2024 - 09:07 p. m.
Chiquita Brands tiene como principal mercado Estados Unidos, pero es una marca mundialmente reconocida por exportación del producto.
Chiquita Brands tiene como principal mercado Estados Unidos, pero es una marca mundialmente reconocida por exportación del producto.

Es un hecho: la millonaria financiación de la multinacional bananera Chiquita Brands, con hasta US$1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos, está conectada con los homicidios cometidos por estos grupos criminales en el Urabá y Magdalena medio, entre 1997 y 2004. El Tribunal del Distrito Sur de Florida acaba de declarar responsable a Chiquita Brands por las consecuencias de sus relaciones con las Autodefensas de Carlos Castaño y ordenó a la empresa mundialmente reconocida a pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de ocho víctimas nacionales.

En contexto: Así fue el juicio reservado en EE. UU. contra la bananera Chiquita Brands

En 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras confesión misma de altos ejecutivos de la compañía, encontró probada la financiación a los paramilitares, quienes entonces eran considerados un grupo terrorista extranjero. Desde entonces, miles de colombianos allegaron demandas a la justicia norteamericana, explicando que haber llenado esas arcas criminales fue una fuente para cometer homicidios, desplazamientos, masacres y desapariciones forzadas. El Tribunal del Distrito Sur de la Florida recogió nueve casos simbólicos, de las miles de víctimas, y sentenció a Chiquita Brands.

Como conoció El Espectador, los jurados y el juez del Tribunal del Distrito Sur de Florida llegaron a la conclusión de qué ocho de las nueve víctimas, de estos casos emblemáticos, lograron probar que su ser querido fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, justo en el momento en que Chiquita Brands estaba financiando a este grupo paramilitar. Ahora, la multinacional bananera tendrá un mes para decidir si apela este primer fallo en su contra, con el cual se ordenó una indemnización a las víctimas, cuyo monto este diario se abstiene de publicar por seguridad de los nacionales demandantes.

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“Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial,” afirmó Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, una de las organizaciones de derechos humanos que acompaña a las familias demandantes.

¿Por qué el caso está en Estados Unidos?

En 2007, la justicia estadounidense comprobó que Chiquita Brands giró más de un millón y medio de dólares a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Las pruebas que se presentaron y reconocidas por la multinacional daban cuenta de que financiaron a los paramilitares tras una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño y un alto ejecutivo de Banadex, que era la filial más rentable de Chiquita Brands en el país para la época.

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El centro de la controversia está en que, mientras Chiquita Brands entregaba el dinero, en 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, señaló el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein. A pesar de ello, Chiquita Brands siguió haciendo los pagos por tres años más.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que “lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”.

¿Cómo se ha defendido Chiquita Brands?

El argumento principal que ha usado Chiquita Brands en su defensa es que, aunque entregó los dineros a los paramilitares, todo fue a la fuerza y producto de extorsiones. Incluso, el gobierno estadounidense siempre se ha mantenido en que en la reunión entre Carlos Castaño y los ejecutivos de la bananera, el paramilitar dio a entender que el incumplimiento de los pagos “podría resultar en daños físicos al personal y la propiedad de Banadex”.

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Testimonios clave del juicio

El jurado conoció el testimonio de Ovidio Núñez Cabrales, alias El Indio, un extrabajador de seguridad de Chiquita que con el tiempo se unió a los paramilitares y ha sido clave en procesos de Justicia y Paz en Colombia. Su testimonio detalló que la multinacional bananera, incluso, habría entregado armas y gasolina a los dirigidos por Carlos Castaño, y habría planeado asesinatos selectivos de la mano de los criminales. También aseguró que el propio Charles Keiser, otro de los testigos y quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000, recibió seguridad directa de las AUC.

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Hermes Hernández, quien fuera jefe de seguridad de Chiquita en Urabá y Santa Marta, detalló la actividad criminal contra la bananera por parte de las FARC, el EPL y el ELN, y que los empleados de Banadex eran obligados a participar en rifas por parte de los paramilitares, con dinero que era descontado de sus salarios. Luego, los abogados de víctimas leyeron una declaración tomada previamente a Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito y antiguo comandante paramilitar del Bloque Bananero. Este señaló que los ejecutivos de Chiquita se reunían periódicamente con líderes de las AUC para discutir cuestiones financieras y de seguridad. Aun así, aclaró que no hubo extorsión: “Nunca les obligué a aportarnos nada”, concluyó.

¿Qué sigue ahora?

De acuerdo con Marco Simons, consejero general de la organización de derechos humanos internacional Earth Rights, la cual representa víctimas en este juicio, la reciente decisión será tomada por la justicia estadounidense como un caso ejemplo para las demás demandas que vienen. Es una sentencia madre de la que podrán basarse otras en camino, ante ese tribunal y otros de la jurisdicción norteamericana. Las víctimas son miles y recién inicia este camino de verdad y justicia, relacionada con la mano criminal de delincuentes de cuello blanco.

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jcote@elespectador.com

@SebasCote95

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Por Jhoan Sebastian Cote

Comunicador social con énfasis en periodismo y producción radiofónica de la Pontificia Universidad Javeriana. Formación como periodista judicial, con habilidades en cultura, deportes e historia. Creador de pódcast, periodismo narrativo y actualidad noticiosa.@SebasCote95jcote@elespectador.com

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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)11 de junio de 2024 - 03:40 p. m.
Un mancomunado trabajo del gobierno Petro con los mejores abogados internacionales. Gracias a don Ignacio Gómez y a la directora de Noticias 1 la red independiente la doctora Cecilia Orozco por sus denuncias que abrieron el horizonte de esta noticia hacia instancias internacionales
Rolando Antiú(17605)11 de junio de 2024 - 03:32 p. m.
Muchos fueron los comerciantes y hacendados uribistas que pagaron sumas enormes a los paramilitares. Eso lo saben las autoridades judiciales en Colombia y seguimos esperando las investigaciones penales. Pero como son personajes amigos de Uribe, la justicia no opera.
Jamlez(4hc9o)11 de junio de 2024 - 01:21 p. m.
En 1,2 y 3 vienen los comentarios acerca de los jueces progres de EE. UU de parte de la ultraderecha colombiana, de los gremios que se sentirán muy afectados en su honor. Y le exigirán al gobierno que envíe una nota de protesta diplomática. Que se declare persona non gratta al juez. Se convocará una marcha de protesta liderada por el CD frente a la embajada de EE. UU. Qué viva la desfachatez y la impunidad en Colombia.
ERWIN(18151)11 de junio de 2024 - 10:58 a. m.
Esperamos declaraciones del matarife y del centro demoniaco ..prontitud por favor .,,y de fedegan .
Pipo Solarte(exbqo)11 de junio de 2024 - 10:57 a. m.
Estos de la Chiquita, hacen parte de los terceros actores del conflicto, que como muchas empresas colombianas y extranjeras y civiles junto a los militares y paracos, Álvaro Uribe decía que no podían acogerse a la JEP. Tenga para que lleven y en USA si les va a salir bien caro, pues si por 9 víctimas deberán pagar cerca de38 millones de dólares por más de 4.000 en espera si que les va a salir bien caro.
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