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La imagen resulta desgarradora. Si todos los 787 niños, niñas y adolescentes reclutados forzadamente en Colombia entre enero de 2024 y octubre de 2025 se subieran a buses escolares, se llenarían al menos 27 de estos vehículos. Esa es la muestra cruda de que la guerra se perpetúa contra la niñez y que la presencia del Estado ha sido insuficiente para resguardarlos de la violencia de los grupos armados.
La muerte de siete menores en un bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare, -considerado hasta ahora el peor ataque en la era del Gobierno de Gustavo Petro- y la posterior confirmación de otros ocho en ataques perpetrados entre agosto y noviembre de 2025, volvió a poner el debate en la mesa.
En contexto: Guaviare: El peor bombardeo de la era Petro y el costo político que comienza a acumular
Aunque no hay un consolidado de cifras, entidades que hacen registro del reclutamiento de menores afirman que solo durante 2025 se han presentado un promedio de 190 casos.
Según Hilda Molano Casas, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), el observatorio de esa institución ha registrado 199 casos de enero a octubre de este año. “Lo que nosotros vemos de nuestra cifra es que lo más previsible es que para el 2025 nuestra cifra sea mayor a la que registramos en 2024”, señala Molano.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo, entidad que dio a conocer la muerte de los siete menores en el más reciente bombardeo, apuntan a 162 casos durante ese mismo periodo.
Pero los datos de esa entidad para 2024 son aún más alarmantes. La Defensoría registró 625 casos de reclutamiento para ese año. Esto representa un crecimiento del 1.589 % con respecto al 2021, cuando se registraron apenas 37 casos.
Esos números se quedan cortos frente a la realidad. Las entidades advierten que existe un subregistro debido al temor a represalias, la estigmatización y la normalización de ciertas violencias.
“Lo que más nos preocupa es lo que no se ve y no se reporta, porque aún hay mucho miedo de las comunidades a denunciar los crímenes asociados al reclutamiento. Calculamos que el subregistro podría ser de un 30 %. Los análisis internacionales ponen a Colombia como uno de los cinco países con mayor número de reclutamiento de niños en entornos escolares”, explicó hace unos meses a este diario María Mercedes Liévano, directora ejecutiva de la ONG Save the Children, que trabaja por la protección de la niñez.
La nueva alerta por reclutamiento infantil dejó al Ejecutivo en una posición difícil. En los espacios de diálogo de la paz total –una de las banderas del Gobierno Petro–, varias estructuras armadas han reiterado que no vinculan menores -incluso algunas aún en negociaciones se han comprometido a devolver a los niños, niñas y adolescentes y/o a frenar el reclutamiento-, pero los reportes apuntan en otra dirección.
En las cifras de la Defensoría, el Estado Mayor Central, la disidencia de Iván Mordisco y contra la que el Gobierno ha hecho al menos 11 bombardeos, concentra el 40 % de los casos registrados. Con esta estructura el Gobierno no sostiene hoy una mesa de negociación.
Le siguen disidencias sin identificar (19 %), el ELN (14 %), el Clan del Golfo (9 %) y la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba (8 %). Tanto el Clan como el EMBF están en negociaciones de paz con el Gobierno Petro.
Otros datos registran reclutamiento de la Segunda Marquetalia (5 %) y un 5 % atribuido a grupos no identificados.
Para la coordinadora de Coalico, la paz total ha permitido que, poco a poco, el tema de niñez entre en las discusiones, pero advierte que esa inclusión llegó tarde. “Esto lo vimos de manera mucho más contundente en el caso del Clan del Golfo cuando hace casi dos meses, salió como compromiso de entrada de que niños y niñas que estuvieran vinculados a las filas pudieran ser entregados. Ese es uno de los elementos que debería haber sido desde el comienzo en todos los procesos”, señala Molano.
Los niños reclutados son movilizados por los grupos a distintas partes del país
De acuerdo con el informe de Defensoría, las zonas más golpeadas por el reclutamiento infantil son Cauca (37 casos), Antioquia (20), Chocó (16), Nariño (13), Huila (11) y Norte de Santander (8).
Sin embargo, estos lugares no necesariamente son donde las disidencias forzaron la operación de los menores. Aunque investigadores venían afirmando hace meses que había una suerte de desplazamiento de los menores reclutados de un departamento a otro, la identificación de las identidades de los niños muertos en el ataque en Guaviare dio más pistas sobre este fenómeno.
Según el documento en poder de este diario entre las víctimas menores de edad están: un adolescente de 16 años de Miraflores, Guaviare; y una de 16 años, de Tibú, Norte de Santander. También hay una menor de 17 años, de Puerto Leguízamo, Putumayo; y otro más de 15 años, de Fortul, Arauca.
La más pequeña es una niña de 13 años, oriunda de Puerto Santander, Amazonas. Los lugares de nacimiento de algunos de estos menores de edad reflejan la compleja dinámica de reclutamientos y desplazamiento forzado por parte de los grupos armados.
“Una cosa que desafortunadamente se da en la lectura de lo que ha sucedido es el movimiento de los niños y las niñas de las diferentes regiones. No mueren en el Guaviare solamente niños y niñas del Guaviare, sino de las otras zonas que coinciden efectivamente con lo que dicen los reportes. Esto da cuenta de que no es que los menores de edad sean reclutados para operar en el mismo territorio, sino que son movilizados de acuerdo a las necesidades del grupo que se los lleva”, aseguró Molano.
El presidente Petro defendió los bombardeos en varios mensajes en su cuenta de X y dijo que no se suspenderían pues era la forma de evitar la expansión de los grupos armados. El mandatario también defendió esta práctica con el argumento de que durante su Gobierno “se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores”. Petro no dijo de dónde salía esa cifra y para Molano resulta difícil de corroborar con los registros actuales.
Si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas,.porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025
En mi gobierno se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores.
Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en elmpaís , lo… https://t.co/64P6VIEbbL
“Para hablar de aumentos o disminuciones hay que saber desde qué punto parte la premisa del presidente”, explica Molano. “Lo que nosotros podemos afirmar es que la situación se mantiene. Cada vez son más las zonas que reportan casos, y no porque antes no ocurrieran, sino porque no existía capacidad para registrarlos”, afirmó.
Molano también insiste en que no se trata solo de señalar a quienes se llevan a los niños. “Eso no exime la responsabilidad del Estado ni resta importancia al trabajo de prevención”, dice. Pero advierte que, en muchos territorios, la capacidad institucional no alcanza frente a las presiones y obligaciones que imponen los grupos armados a niños y adolescentes. “Ahí es donde se cruza todo y donde terminamos viendo situaciones como la que estamos enfrentando ahora”.
La guerra contra la infancia se libra en las redes sociales
Hace al menos dos años, las autoridades han alertado que los métodos de reclutamiento en esas zonas ya no se dan solo a través de la coerción directa -sacarlos de sus casas o colegios, por ejemplo-, sino que las organizaciones armadas utilizan redes sociales, música, videos y contenidos digitales para llamar la atención de los menores de edad e incluirlos en sus filas.
“Prometen producir gran rentabilidad económica, prestigio y protección respecto de otras agrupaciones ilegales, e incluso, ser el contexto ideal para establecer relaciones amorosas con otras personas de su misma edad. Algunas de las cuentas con estos mensajes registran miles de seguidores”, se lee en un informe de Coalico.
En junio pasado, ONU Derechos Humanos también alertó sobre el uso de plataformas digitales. “A través de las plataformas de TikTok y Facebook, integrantes de grupos armados no estatales mantuvieron interacciones y conversaciones con niños y niñas, usando foros públicos de conversación y servicios de mensajería directa, que luego derivaron en su reclutamiento o utilización”, detalló el documento de la organización.
La oficina documentó, además, ataques a escuelas y hospitales y restricciones al acceso humanitario, que afectan directamente a la niñez.
Los pueblos indígenas, los más afectados
Entre 2022 y 2024, ONU Derechos Humanos verificó que el 48,3 % de las víctimas pertenecía a pueblos indígenas (260 casos) y comunidades afrodescendientes (58 casos). Los registros incluyen a menores de pueblos como Iku (Arhuaco), Awá, Emberá, Nukak, Nasa, Siona, Wiwa, Wounaan, entre otros.
Los datos de Coalico y de la Defensoría del Pueblo confirman esa tendencia. Según esta última institución, en 2025 el 45 % de los casos de reclutamiento infantil se han presentado en población indígena.
La situación responde, en primer lugar, a una lógica territorial evidente. “La presencia de los grupos armados en los territorios de las comunidades indígenas donde operan, donde ellos requieren fortalecer sus estructuras para seguir operando, se convierte como en la puerta de entrada para que esto siga siendo de esta manera. Son los niños y las niñas de las comunidades étnicas las que están más expuestos a la presencia de los actores”, explica Molano.
Pero más allá de la presencia de los grupos armados en las zonas más golpeadas por la guerra, según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, las estructuras reclutan a estos menores por “su resistencia y conocimientos sobre la comunidad y el territorio”.
El impacto de este patrón sistemático es profundo. Hay pérdida de tradiciones, ruptura del vínculo con los territorios ancestrales y debilitamiento del tejido comunitario en pueblos que ya enfrentan riesgos de exterminio físico y cultural.
La vida de esos menores de edad y la de cientos de víctimas de reclutamiento infantil depende de que el Estado amplíe su presencia en los territorios y de la voluntad de los grupos armados para cumplir con los compromisos que se pactan en los procesos de paz. Mientras tanto, niños, niñas y adolescentes quedarán entre el drama del reclutamiento forzado y el fuego de los bombardeos.
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