Conflicto

1 Apr 2022 - 1:35 p. m.

‘275 jóvenes indígenas fueron reclutados en Cauca en 2021′: CRIC

La guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca trata de evitar que el Eln, el Epl, las Agc y tres estructuras disidentes de las Farc se lleven a sus jóvenes. Algunas veces los casos se conocen porque los cuerpos de los reclutados, fallecidos en combate, vuelven a las comunidades para su siembra, o entierro.
María de los Ángeles Reyes Mesa

María de los Ángeles Reyes Mesa

Periodista Colombia+20
Indígenas del pueblo Nasa y Embera se movilizaron por el centro de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar, exigiendo justicia por el asesinato del menor Breiner Cucuñame y el líder Albeiro Camayo, quienes fueron asesinados en el departamento del Cauca en enero. Los manifestantes reclamaron por la seguridad en sus territorios y protestaron contra el abandono estatal de las comunidades indígenas. / Mauricio Alvarado
Indígenas del pueblo Nasa y Embera se movilizaron por el centro de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar, exigiendo justicia por el asesinato del menor Breiner Cucuñame y el líder Albeiro Camayo, quienes fueron asesinados en el departamento del Cauca en enero. Los manifestantes reclamaron por la seguridad en sus territorios y protestaron contra el abandono estatal de las comunidades indígenas. / Mauricio Alvarado
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“En enero enterramos casi cuatro jóvenes por semana en Silvia”, cuenta Ancizar* un líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que pidió mantener su identidad en reserva por las constantes amenazas que ha recibido su organización. Los jóvenes a los que se refiere, según denuncias de la comunidad, habían sido reclutados por grupos armados ilegales y fallecido en combate.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció que el 8 de marzo fueron secuestrados por hombres armados cuatro jóvenes indígenas de un colegio en Caloto. A pesar de que la Policía negó que el secuestro se hubiera dado de esta manera, las autoridades nasa han podido confirmar que este es efectivamente otro caso de reclutamiento forzado que se suma a los 275 que habían denunciado en noviembre de 2021. La Guardia Indígena consiguió rescatar a dos de los cuatro menores de edad, pero perdieron el rastro de los demás.

Según el informe Una Guerra sin Edad del Centro Nacional de Memoria Histórica, las cifras de reclutamiento forzado son difíciles de rastrear y en la mayoría de las bases de datos se asume un alto subregistro. En un informe publicado en febrero pasado por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO) de la Universidad del Rosario se afirma que el subregistro ha sido incluso mayor después de la firma del Acuerdo de Paz. Las razones detrás de ello son el miedo de las comunidades a que los diferentes actores armados que han ocupado los territorios tomen represalias, y la falta de conocimiento y confianza en las rutas que ofrece el Estado para atender estos hechos.

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Aún así, el departamento del Cauca fue el segundo con más casos de reclutamiento, con 7 casos registrados en 2021, solamente superado por Norte de Santander, con 10 casos registrados, según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO. Hilda Molano, investigadora de esta organización, afirma que la cifra presentada por el CRIC es impactante y atribuye la diferencia con los casos que ha podido rastrear la Coalico “a la juiciosa tarea de las autoridades nasa en darle seguimiento a estos casos”.

Para Molano, el Cauca es “una muestra de país en un territorio pequeño” y las dinámicas del conflicto se han complejizado después de la firma del Acuerdo, precisamente porque en el departamento hay cultivos de coca, salida hacia el Pacífico, hacia el piedemonte amazónico y no está lejos de la frontera con Ecuador. De hecho, según el OCCO hoy en día en el Cauca operan simultáneamente el Eln, el Epl, las Agc y tres grupos de la disidencia de las antiguas Farc: la columna Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez.

Las autoridades del CRIC, además, se mostraron preocupadas por los jóvenes no indígenas que también están siendo reclutados y apartados de las dinámicas de sus Consejos Comunitarios, en el caso de los jóvenes afro, o de sus entornos campesinos comunitarios. “Nosotros por lo menos tenemos a la Guardia (Indígena) y hemos podido rescatar varios jóvenes, hacer seguimiento al tema, pero los jóvenes que no pertenecen a la organización indígena quedan a la deriva porque nadie los puede buscar”, afirma Ancizar.

Utilización de niños, niñas y jóvenes en el narcotráfico

Daniela Soto, lideresa juvenil del CRIC, denunció el pasado 25 de marzo en un evento organizado por Colombia+20 y la Embajada de Alemania, que los grupos armados también están vinculando a jóvenes en tareas relacionadas con el tráfico ilegal de drogas. De acuerdo con Hilda Molano esto se denomina uso de menores de edad en la comisión de delitos, tipificado en el artículo 188 del Código Penal.

Según el OCCO, es común que este delito ocurra contra jóvenes de cabeceras municipales y cascos urbanos. Sin embargo, el Cauca es uno de los pocos departamentos donde se ha documentado el uso de menores de edad en zonas rurales. En el informe se lee que integrantes de la disidencia de las Farc utilizan a jóvenes en el norte del Cauca para mover paquetes de marihuana y coca procesada a cambio de pocas cantidades de dinero.

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Los jóvenes que terminan involucrados en las dinámicas de los grupos armados por medio de estas tareas también ven afectados sus derechos porque corren el riesgo de no volver al colegio y comprometen su integridad física y hasta su vida. Además, según el mismo informe del OCCO a veces la participación de los jóvenes en los grupos armados comienza por el uso y se transforma para llevarlos a hacer parte de las filas por medio de amenazas o coerción.

Hilda Molano además explica que jurídicamente hay distinciones que también afectan la respuesta institucional a este delito. Por un lado, si los jóvenes son utilizados por un grupo armado no adherido al Derecho Internacional Humanitario (DIH) - como los grupos herederos de los paramilitares - aplica la definición del código penal para condenar al grupo, y los jóvenes que se acojan a rutas de atención estatales tras haber estado vinculados de esta manera, serán tratados por el sistema judicial para menores de edad. Sin embargo, si los jóvenes son vinculados por un grupo adherido al DIH - como las guerrillas - se consideran víctimas y al pasar a manos del Estado serán reestablecidos sus derechos por medio de la ruta de reintegración.

Los líderes del CRIC, sin embargo, no usan estas distinciones porque la forma de atender a los menores de edad indígenas que salen de los grupos se hace de acuerdo con las tradiciones del pueblo nasa. Más aún, ven con recelo las rutas de atención estatal: “no hay rutas claras y tampoco hay acompañamiento a las comunidades que sí trabajamos para acompañar a los jóvenes que regresan a las comunidades”, dice Daniela Soto.

Por otra parte, el pueblo nasa tiene mecanismos de respuesta para que la Guardia Indígena pueda rescatar a los jóvenes tan pronto se conocen los casos de reclutamiento. Esta tarea, y en general la fuerte oposición que le hacen a las dinámicas de control territorial de los grupos armados, les ha costado, tanto a la Guardia Indígena como a las autoridades nasa, amenazas y ser víctimas de asesinatos. Solo en 2022 han sido asesinados seis líderes indígenas incluyendo a un niño de 14 años que pertenecía a la Guardia.

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El panorama nacional en temas de reclutamiento indígena es preocupante según ha afirmado La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). En su tercer informe de Derechos Humanos, presentado en noviembre de 2021, esta organización denunció que el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas había aumentado cuatro puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Las etnias más afectadas fueron los emberá y los zenúes en el departamento de Córdoba. En el Chocó, además, en el último mes ha habido denuncias de jóvenes que han cometido suicidio por miedo a ser reclutados por los grupos que operan en su región.

Por eso, la ONIC y el CRIC siguen exigiendo al gobierno nacional la implementación del Acuerdo de Paz, que garantizaría el ejercicio pleno de sus derechos y, así como afirma Ancizar, “sería la mejor manera de proteger a los jóvenes, indígenas y no indígenas, de acudir a los grupos para vivir de manera digna”.

*Nombre cambiado por seguridad de la persona entrevistada.

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