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El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, visitó el departamento de Arauca entre el 12 y el 14 de diciembre pasados y encontró una situación particularmente alarmante: el aumento de los secuestros.
Entre 2023 y 2025, esta vulneración aumentó 207,8 %, según los datos que dio a conocer la ONU en un comunicado emitido este 22 de diciembre.
Este incremento es una muestra del profundo deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en el departamento, marcado por el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el ELN, que busca consolidar su poder y afianzar el control territorial en lo que ha sido su bastión histórico.
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En ese contexto de disputa armada, el secuestro se ha convertido en una práctica recurrente. Uno de los hechos más recientes que evidenció esta dinámica fue el secuestro de cinco militares, quienes fueron liberados el pasado 17 de noviembre.
ONU Derechos Humanos advierte que las personas privadas de la libertad por los grupos armados suelen ser sometidas a tratos crueles e inhumanos durante el cautiverio. Además, explica que con frecuencia, los familiares de las víctimas son amenazados “para que no denuncien, lo que genera un alto nivel de subregistro”.
Durante 2024, el mayor número de víctimas de este delito se registró en los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón. En 2025, los focos de violencia territorial se ampliaron y el número de casos aumentó en Puerto Rondón, Arauca, Arauquita, Tame y Sácama, en el departamento de Casanare.
En esos territorios el secuestro se convierte, entonces, en una estrategia de control social y territorial.
“La privación arbitraria de la libertad en el marco del conflicto armado, las desapariciones y los asesinatos constituyen graves vulneraciones de los derechos humanos”, recuerda la ONU.
Campbell condena las acciones e insiste en que es responsabilidad del Estado frenar estas vulneraciones, proteger a la población y responder con justicia y atención a las víctimas.
🔵#Comunicado "Las víctimas de múltiples vulneraciones de derechos humanos con las que me reuní en Arauca viven con dolor, miedo y la sensación de que han sido olvidadas por el Estado, por todos, excepto por los grupos armados no estatales, cuya dura opresión es insoportable. Se… pic.twitter.com/AKO4xNPoqb
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) December 22, 2025
Otras alertas de la ONU en Arauca: reclutamiento infantil y violencia contra defensores
Además del aumento de los secuestros, la ONU reitera su alerta por un conjunto de vulneraciones persistentes en Arauca asociadas al control armado, que han dejado a la población sumida en el miedo.
El organismo expresa su profunda preocupación por el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes.
Solo en 2025 documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad, 35 de ellos relacionados con reclutamiento forzado o utilización. Entre 2024 y 2025, además, registró el ingreso forzados de 36 niñas y niños de pueblos indígenas a las filas de los grupos armados. Esto –explica el comunicado– ha tenido un impacto desproporcionado sobre estas comunidades.
“Me pareció muy doloroso escuchar varios testimonios de padres y madres, no indígenas, que tuvieron que enviar a sus hijos lejos del hogar, a otros departamentos, para protegerlos del reclutamiento”, dice Campbell.
Otra de las alertas de la ONU es por las amenazas y la estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones sociales y, en particular, miembros de las juntas de acción comunal, una práctica orientada a ejercer control social y que ha llevado a que muchos líderes abandonen sus cargos o cesen su labor por miedo.
Esas mismas amenazas y presiones ayudan a explicar por qué disminuyó el número de homicidios de líderes sociales en el departamento este año. Según ONU Derechos Humanos, en 2025 se verificaron tres homicidios de personas defensoras en Arauca, mientras que en 2024 se documentaron 17 casos, la mayoría de ellos contra integrantes de juntas de acción comunal.
La reducción registrada en 2025, aclara el organismo, no responde a una mejora en la situación de derechos humanos, sino al temor generado por los hechos presentados en los años anteriores.
“Lo que más necesitamos nosotros, que no sigan matando a nuestros líderes, que no nos sigan atropellando, que no nos sigan persiguiendo, porque ya nos volvimos fue como un objetivo. Eso es lo que nosotros deseamos acá en el departamento de Arauca, en nuestros municipios, en el municipio de Fortul. Eso es lo que deseamos, ser respetados, que el Gobierno apoye y proteja verdaderamente a los líderes”, dijo una lideresa del departamento a este diario hace unas semanas.
En este contexto, Campbell llama a las autoridades a adoptar medidas efectivas que garanticen condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo social y para que las elecciones de juntas de acción comunal previstas para abril de 2026 puedan realizarse sin coacción.
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A ese mapa violento se suma la contaminación por minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en zonas rurales del departamento. Tame, Arauquita y Puerto Rondón, nuevamente son los municipios donde se presenta un riesgo permanente para la población civil.
La ONU hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que actúen de manera coordinada e implementen las recomendaciones de la Alerta Temprana 014, emitida el 8 de octubre de 2025 por la Defensoría del Pueblo para el departamento de Arauca.
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