Desde que se creó en 2013 el Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay en el Tambo (Cauca) sus integrantes no han pasado un año sin que reciban amenazas de muerte por la labor que han desarrollado en esta zona del país. Desde entonces, han trabajado por mantener el territorio de las comunidades negras y la defensa de la vida.
En lo que va del 2020, han asesinado a tres integrantes de este Consejo que trabajaban en veredas como Betania, Honduras y en el municipio de El Tambo, (donde está la sede de esta organización). Los líderes asesinados fueron José Antonio Riascos (25 de enero), Hugo de Jesús Giraldo López, Jesús Albeiro Riascos y Andrés Sabino Angulo (22 de abril). Tres de ellos asesinados en El Tambo y uno en Santander de Quilichao.
“La persecución no cesa”, repite una y otra vez al teléfono María Leonor Yonda, integrante del comité político de esta organización y quien dijo en entrevista a Colombia2020 que aunque han hecho denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías municipales y la gobernación del Cauca, no tienen protección. “Solo han emitido alertas tempranas cuando nos han asesinado, nada más”, denuncia.
¿A qué se han dedicado ustedes desde su consolidación?
Nos dedicamos al fortalecimiento de lo cultural y ancestral de nuestro territorio colectivo. Protegemos a las comunidades negras basados en el marco de la Ley 70. Nosotros tenemos presencia en 13 veredas del departamento porque nuestro territorio colectivo mide 35.000 hectáreas, de las cuales la mayoría son tierra virgen. Hay algunas pocas hectáreas dedicadas a pancoger pero también hay unas 2.000 hectáreas que nos han llenado de cultivos de coca, pero no porque al campesino le guste cultivar sino porque es casi una orden de los grupos armados. Y aunque trabajamos en proyectos con el Gobierno para la erradicación voluntaria, no todo se puede hacer acá.
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¿Cuáles han sido los proyectos o causas que han defendido y por las que los han hostigado?
En general es la estigmatización que hay. Muchos señalamientos porque la gente con nuestros procesos sociales ha aprendido a organizarse y más en estos territorios tan apartados donde nunca hemos tenido Estado, nos organizamos para fortalecer la territorialidad, protegernos entre nosotros, gobernar, proteger el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto de vida y que el Gobierno no nos da. Los proyectos que nosotros hacemos tienen que ver con la calidad de la educación porque aunque no tenemos siempre los recursos, construimos escuelas, carreteras, puentes…
¿Pero desde cuándo comenzaron las amenazas y persecución más fuertes?
Todo había mejorado con el Acuerdo de Paz porque aquí antes mandaban eran las Farc y vivíamos situaciones muy duras como los desplazamientos, los homicidios y todo eso que pasó, entonces cuando ellos se desmovilizaron nosotros fortalecimos nuestro sistema de justicia propio y pensábamos construir calabozos, aplicar sanciones pedagógicas como poner a los que delinquen a que trabajen en el territorio en algo, a que se armonicen de nuevo o en casos de un delito más grave pues entregarlo a la justicia ordinaria. Pero ahora hay varios grupos armados que nos han dicho que nos quieren desaparecer.
¿Entonces hay una orden directa de desaparecerlos? ¿hay amenazas públicas?
Sí, dicen que quieren exterminar la junta directiva de nuestro Consejo, que la conforma el representante legal, el coordinador, el vicepresidente y el tesorero. Dicen que ordenaron que hay que conformar Juntas de Acción Comunal para que sean elegidos los nuevos gobernantes pero que ellos ponen las personas y todo eso para sacarnos a nosotros y poner a otras personas.
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¿Han identificado a los que los amenazan, quiénes son?
Sí. Los reconocen en el territorio como el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y la estructura Jaime Martínez. Esos grupos son al servicio del narcotráfico y el hecho de apoyar la sustitución de cultivos y otros proyectos sociales les molesta. A uno lo que más le duele es que hay una connivencia entre las Fuerzas Militares y esos actores armados para que hagan señalamientos y la gente tenga que desplazarse.
¿A quiénes incomodan ustedes además de los grupos armados que me mencionó y por qué?
Lo que pasa es que hay una disputa en el territorio desde hace como unos tres años por la construcción de una represa que se llama Arrieros de Micay, una generadora de energía que quieren construir en nuestro territorio a pesar de que eso nos pertenece, es colectivo y nosotros lo protegemos. Entonces tenemos una disputa con esas grandes empresas multinacionales, con el gobierno del Cauca, con las alcaldías porque nos oponemos a esa construcción que está considerada en la sede de nuestro Consejo.
Nosotros hemos venido haciendo unas denuncias porque eso genera muchos daños y un gran impacto ambiental que no podemos permitir. En la denuncia hemos dicho que eso al ser un territorio colectivo, tiene que ser consultado previamente con nosotros pero ellos saben que no lo permitiremos porque ese megaproyecto generaría un daño enorme al medio ambiente y estaría en nuestra zona, en lo que nos pertenece. Con esa represa incluso se iría en contra de la sustitución de cultivos ilícitos porque habría fumigación o aspersión. Yo creo que todo lo que nos está pasando tiene mucho que ver con eso.
Hace una semana unos integrantes de este consejo fueron amenazados en Buenaventura, ¿qué pasó ese día?
Sí. Lo que sucedió en Buenaventura fue el 12 de junio con unas 10 familias que habían salido desplazadas de acá de El Tambo y se fueron para allá a una vivienda común mientras solucionaban dónde vivir y en las horas de la noche llegaron unos hombres armados a decirles que sabían que nuestros procesos organizativos supuestamente estaban vinculados con el Eln, cuando sabemos que eso es mentira porque nosotros todo lo hemos hecho a nivel comunitario y según nuestras necesidades. Además de amenazarlos verbal y presencialmente, les mostraron fotos de ellos con sus nombres y los de sus familias en una lista. Lo que nos duele es que eso ya lo habíamos denunciado desde el año pasado pero lo único que pasó fue una alerta temprana. El Gobierno no nos ha cumplido y nosotros teníamos toda la esperanza en el Acuerdo de Paz de que por fin el territorio fuera más tranquilo porque si se acababa el conflicto con las Farc pensamos que se iba avanzar en los diálogos con el Eln.
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¿Cómo están ellos?, ¿qué va pasar ahora?
Pues las autoridades se los llevaron a un refugio temporal y ya se puso la denuncia en Fiscalía pero no más. Ellos están incomunicados porque en la amenaza también les quitaron los celulares y por seguridad ellos no pueden hablar con nadie. Lo triste es que ellos salieron de acá de El Tambo para Buenaventura también por amenazas y logramos que organismos de derechos humanos ayudaran a que ellos salieran y se fueran para allá. Nos preocupa que no solo amenazaron a nuestros 10 integrantes sino también a sus familias: esposas, hijos, padres. De ellos también tenían todos los datos como los nombres, fotos, dónde vivían, todo….
Si a ustedes no los protege el Gobierno, ¿cómo se protegen?
Mmmm…. no hay mucha forma. Todo el tiempo estamos expuestos porque siempre estamos afuera, con proyectos para la comunidad, atendemos a las familias desplazadas, a las víctimas del conflicto, siempre estamos en territorio. Digamos que el confinamiento nos ayuda un poco porque sentimos que no tenemos que estarnos escondiendo en todo lado al que llegamos pero el encierro y el desarraigo a nuestra tierra, no poder estar afuera pendiente de lo que pasa y sumado a las amenazas y todo lo que nos ha pasado en esta cuarentena, nos tiene muy afectados psicológicamente. La ayuda del Gobierno es nula, no nos miran nunca, acá las alarmas se encienden cuando nos asesinan pero ahí ya para qué.
